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Resumen de noticias para el jueves 16 de mayo de 2019
P. Rico-Llama Ayuda Legal Puerto Rico al gobernador Rosselló Nevares a declarar emergencia nacional ante avalancha de ejecuciones de sobre 250 mil hipotecas
San Juan, 16 may (INS).- Miles de familias puertorriqueñas están abocadas a perder sus hogares, cuando a partir de julio se intensifique el proceso de ejecución de sobre 250 mil hipotecas, alertó hoy la entidad Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) que pidió al gobernador Ricardo Rosselló Nevares decretar un estado de emergencia nacional para hacer frente a la crisis.
“La crisis no afecta a todas las personas por igual, pero hay personas más vulnerables y suelen enfrentar solas este doloroso proceso, y no tiene que ser así; tienen derechos y opciones, y pueden recibir ayuda”, explicó la licenciada Ariadna Godreau-Aubert, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro.
Ayuda Legal Puerto Rico consideró que esta crisis es una emergencia nacional al estimar que más de un 25 por ciento de la población puertorriqueña o sobre 750 mil personas, están afectadas, al contabilizarse más de 250,260 viviendas en riesgo de ejecución.
La abogada recordó que el huracán María dejó 300 mil viviendas afectadas en un país que ya sufría una crisis económica y tiene un nivel de pobreza de entre 42 y 53 por ciento de su población.
“En 2017, el año que pasaron los huracanes Irma y María, se registraron 16 ejecuciones de hipotecas por día, y en los dos primeros meses, 459 viviendas fueron ejecutadas por los bancos, lo cual es alarmante, y nos motivó a crear un protocolo para ayudar tanto a personas como a instituciones a enfrentar la situación”, indicó la abogada en rueda de prensa junto a sus colegas Tania Morales Cruz, Verónica Rivera y Ricardo Ramos González, director de la Clínica sobre Ejecuciones de Hipotecas de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
El protocolo de primeros auxilios para armar a las personas, proveedores de servicios y organizaciones sin fines de lucro con las herramientas e informaciones necesarias sobre sus derechos, dijo, como cuándo el banco enviará cartas de cobro detallando penalidades, después del primer atraso o o iniciar un proceso legal de cobro y ejecución de hipoteca en el tribunal.
Ramos González aseguró que los datos oficiales no lo dicen todo, pues según la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIT), la cifra de viviendas ejecutadas por los bancos entre 2016 y 2018 ha bajado, pero eso es una merma artificial pues no incluye los préstamos vendidos o presentados ante el tribunal de quiebra, ni las subastas o hipotecas revertidas.
Explicó que se esperaba un aumento en 2017, pero las moratorias a los pagos de hipotecas y el cierre temporero de los tribunales aplazó los casos, creando una merma artificial.
Aclaró que debido a que han adquirido préstamos hipotecarios de Puerto Rico, empresas estadounidenses han entablado acciones en el tribunal federal en San Juan, lo que complica el panorama para muchas personas por tener un entendimiento pleno del idioma inglés.
La organización recomendó a la banca, durante una mesa redonda con periodistas, hacer más accesible la información a su clientela y adoptar criterios de responsabilidad social, mientras ratificó al gobierno su exhortación a “declarar un estado de emergencia ante la avalancha de ejecuciones de hipoteca que se avecina”.
El gobierno debe tomar medidas para paralizar todos los procesos, incluyendo subastas, y convocar una comisión especial para atender la crisis hipotecaria en Puerto Rico, recomendó Ramos González.
Los letrados indicaron que los problemas de acceso a la justicia agravan más la situación para la población.
“Como la información es muy técnica, muchas veces en inglés, la orientación de la banca es inadecuada, falta educación y representación legal y la situación causa una gran carga emocional, mucha gente enfrenta este proceso sola y no tiene que ser así”, señaló Godreau-Aubert.
Los letrados de Ayuda Legal Puerto Rico manifestaron que el “protocolo de primeros auxilios” de la organización recomienda varios pasos para que las instituciones proveedoras de servicios puedan identificar y canalizar los casos de ejecución de hipotecas de forma adecuada y los dueños de préstamos hipotecarios sepan qué opciones tienen.
“Queremos que las personas conozcan sus derechos y reciban el acompañamiento legal que necesitan; especialmente nos interesa que grupos vulnerables, como adultos mayores, personas con diversidad funcional, mujeres, reciban la asistencia necesaria”, indicó Morales Cruz al destacar la importancia del documento del protocolo confeccionado por Ayuda Legal Puerto Rico.
En la mayoría de las ocasiones es posible detectar cuándo una persona se encuentra en riesgo de que su vivienda sea ejecutada.
“Si la persona no ha incumplido, pero se contempla que eventualmente tendrá dificultades para cumplir con un pago, se puede solicitar al banco una negociación para mejorar las condiciones del préstamo hipotecario y salvar la propiedad”, dijo Godreau-Aubert.
La directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico aclaró que, contrario a la percepción generalizada, ninguna persona puede ser removida de su casa por el banco, pues se requiere que se inicie y complete un proceso judicial.
Es falsa la idea de que el inmueble es propiedad del banco porque haya de por medio una hipoteca, como suele pensar la gente.
El protocolo de Ayuda Legal Puerto Rico, accesible a todo público en su sitio web ayudalegalpuertorico.org, cubre desde atención de llamadas telefónicas, orientación, proceso judicial, alternativas antes de la ejecución de la hipoteca, responder la demanda judicial, mediación compulsoria, sentencia, subasta, mitigación de pérdidas, venta judicial, cronología de eventos, personas vulnerables, y directorio de servicios legales gratuitos, entre otros. INS
EEUU-Rosselló Nevares anuncia subsidio en Puerto Rico para pago de energía y adquisición de enseres que usan energía renovable
Nueva York, 16 may (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció en Nueva York la implementación de un programa de ayuda en Puerto Rico para el pago de energía y la adquisición de enseres que usan energía renovable a individuos con condiciones de salud que requieran cuidados especiales.
“Una vez más anunciamos este importante programa para la población más vulnerable de nuestra sociedad, dando prioridad a aquellas familias que enfrentan el quebranto de salud de uno de sus miembros. Este año el subsidio también ayudará a los ciudadanos elegibles a adquirir enseres que usan la energía renovable, asegurando su continuidad de uso ante una emergencia”, explicó el primer ejecutivo.
El próximo 20 de mayo comienza el periodo de solicitud de las ayudas de los componentes del Subsidios de Energía y Crisis de Energía del Programa de Subsidio de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, siglas en inglés) que cuentan con 14.8 millones para asistencia.
Este año, el Subsidio de Energía y Crisis de Energía implementa el uso de enseres que funcionan con energía renovable, como aires acondicionados, neveras y abanicos.
La ayuda que se brindará permite a las familias necesitadas el pago de su cuenta de energía -por medio de una sola transacción vía transferencia electrónica interagencial- mediante un subsidio federal que otorga el Departamento de la Familia a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de manera directa y la adquisición de enseres de energía renovable.
Mientras, la secretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar Matos, destacó que “esta asistencia apoya a las familias elegibles a mitigar sus gastos económicos y familiares. Con estos recursos, podemos transferir fondos para ayudar directamente a beneficiarios de los programas de Asistencia Nutricional (PAN) y de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, siglas en inglés), que están bajo los niveles de pobreza”.
Surima Quiñones, administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) e instrumentalidad que maneja el programa, explicó que “el implementar el uso de enseres que usan energía renovable permite a las familias afrontar una emergencia mejor preparados y además les ayuda a bajar el gasto de energía en su hogar”.
La funcionaria indicó además que “todo individuo o familia, que entienda pueda cualificar para el beneficio, debe acudir a una oficina local del Departamento de la Familia para el trámite correspondiente. El periodo de solicitud comienza el próximo 20 de mayo y finaliza el 30 de septiembre”.
El pasado año, 18,353 clientes de la AEE recibieron subsidios y 44,481 se beneficiaron de las ayudas de la partida de Crisis de Energía, lo que representó un desembolso de alrededor de 12 millones.INS
P. Rico-JSF celebra segunda reunión con alcaldes
San Juan, 16 may (INS).- La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, se reunió ayer en Isabela con los alcaldes de Camuy, Quebradillas e Isabela, como parte del programa piloto del organismo para asistir a los municipios a mejorar sus prácticas presupuestarias y de finanzas municipales, así como sus estrategias de desarrollo económico.
La primera reunión en este esfuerzo se llevó a cabo ayer en Orocovis e incluyó a los alcaldes de Orocovis, Aibonito, Barranquitas, Cidra, Comerío y Villalba.
La semana pasada, la Junta de Supervisión anunció su determinación de incluir a los 78 municipios de Puerto Rico como entidades cubiertas bajo la Ley Promesa, con el propósito de asistirlos en el proceso de mejorar su situación fiscal y fortalecer sus iniciativas de desarrollo económico con el objetivo de que puedan seguir ofreciendo los servicios que les brindan a sus ciudadanos de manera efectiva.
A esos efectos, la Junta identificó diez municipios -seis en la montaña y cuatro en la zona norte- como parte de un programa piloto dirigido a mejorar los recaudos de impuestos sobre la propiedad y adoptar medidas de responsabilidad fiscal y desarrollo económico que ayuden a fortalecer su sustentabilidad fiscal hacia el futuro.
“Agradecemos a los alcaldes por acceder a este encuentro, donde tuvimos la oportunidad de escuchar sus mayores preocupaciones, así como áreas de oportunidad”, dijo Jaresko.
Agregó que “comenzamos un proceso de trabajo en conjunto con estos alcaldes para buscar soluciones que resulten en más y mejores oportunidades que redunden en un mejor beneficio para sus residentes”.
Los esfuerzos se centrarán en lograr que gobiernos locales sean fiscalmente responsables y sustentables mediante la adopción de mejores prácticas financieras, presupuestarias y de desarrollo económico, así como en la implementación de medidas dirigidas a reducir gastos y fortalecer el recaudo de ingresos, la promoción y fortalecimiento de arreglos colaborativos intermunicipales, como arreglos de servicios compartidos, el mejoramiento de procesos de acceso a y manejo de subsidios (federales, estatales o de organizaciones nogubernamentales) y fomentar el desarrollo económico a nivel local, además de asegurar los servicios a los ciudadanos, entre otros.
Como entidades cubiertas, a estos diez municipios les aplicarán los mismos requisitos que les aplican a otras entidades cubiertas en cuanto a la supervisión por parte de la Junta de sus planes fiscales, presupuestos, revisión de contratos e informes financieros, entre otros, para lo cual la Junta les brindará toda la asistencia técnica necesaria.
Los diez municipios tendrán que someter el borrador de sus primeros planes fiscales el próximo 7 de junio.INS
P. Rico-PPD acusa que acuerdos del gobierno con la AEE dan un “duro golpe” a la economía de la Isla
San Juan, 16 may (INS).- Los representante del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Luis Cruz Burgos y Luis Vega Ramos, acusaron que la “mentira y ausencia de transparencia” del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y su administración con los acuerdos en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tienen el efecto de dar un “duro golpe” a los comerciantes puertorriqueños, así como al futuro económico de Puerto Rico.
“Luego de prometerle a los puertorriqueños supuestas iniciativas que reducirían el costo de la energía eléctrica, se confirma la mentira y el engaño de Ricardo Rosselló. Dijo que bajaría el costo, y no solo no lo bajó, sino que lo aumentó en casi un 30%. Además, es tan cínico que el mismo día que explota la discusión de este aumento que afecta en especial a los pequeños y medianos comerciantes, los invita a invertir en Puerto Rico”, precisó Cruz Burgos.
El legislador recordó que a principios de 2018, Rosselló Nevares compareció ante los puertorriqueños anunciando un proceso de privatización “bajo la excusa de que implicaría una reducción en el costo de la energía. Sin embargo, la semana pasada, defendió bajo la misma excusa de bajar el costo de la energía eléctrica en Puerto Rico un acuerdo sobre parte de la deuda total de la AEE”.
Agregó que “el 47% de los ingresos de la AEE proviene de los clientes comerciales. Los cargos correspondientes a ajuste por combustible y compra de energía totalizan el 64% de los ingresos de la corporación pública. Además, se cobra una tarifa ajustada que llaman provisional, la tarifa básica y otros cargos. A este esquema se añade el nuevo aumento de 28% atribuido a la transacción de parte de la deuda de bonos de la AEE, lo que hace imposible hacer negocios en el país”.
Explicó que los comercios en Puerto Rico pagan un estimado de $2.50 por kilovatio hora más que la tarifa residencial y recordó que el pago mensual promedio de los comercios en Puerto Rico a 2017 era de poco más de 1,200 dólares.
A julio de 2017, la tarifa para clientes comerciales de la AEE sumaba la cantidad de 21.41 centavos por kilovatio hora.
Mientras, Vega Ramos indicó que el informe de la IEEFA incluye un nuevo cargo y aumento en la tarifa energética en Puerto Rico.
“Se trata de lo que ellos llaman el ‘corruption tax’ o impuesto de la corrupción en la AEE que estiman en no menos de 10% de aumento en la tarifa. Recordemos que cuando se colocó como meta el costo de kilovatio hora en 20 centavos, se trata de la tarifa residencial. Al traducirla a la tarifa comercial se traducen en 22.50 por kilovatio hora. El aumento inicial de 2.6 centavos por kilovatio hora por el acuerdo parcial de deuda de la AEE y el aumento de 4.5 centavos por kilovatio hora como costo por el proceso de privatización anunciado por Rosselló, llevaría la tarifa comercial a unos 29.6 centavos por kilovatio hora, lo que representa un golpe mortal a la economía y los pequeños y medianos comercios”.
El político sostuvo que “como vimos, la AEE anuncia que la tarifa promedio para 2017 de los comerciantes en Puerto Rico es de 1,200 dólares. Los aumentos por el plan de privatización de Rosselló y por el acuerdo de pago parcial de la deuda de la AEE de Rosselló, llevarían la factura promedio de los comerciantes a poco más de 1,500 mensuales. Claro está, sin incluir el impuesto de la corrupción en la AEE que denunció desde enero la Ieefa”.INS
P. Rico-Un total de 236 casos pendiente de resolver, algunos desde 2007, por conducta no profesional o impericia en la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica
San Juan, 16 may (INS).- La Contraloría de Puerto Rico detectó deficiencias en las operaciones de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica del Departamento de Salud.
El informe revela irregularidades en los procesos de investigación de las quejas por conducta no profesional o impericia médica presentadas a la Junta.
Según la auditoría, quedaban 236 casos pendiente de resolver, alguno desde el 2007, y 85 quejas pendientes de vistas investigativas e informes del oficial investigador.
La ley establece que todo caso sometido a un procedimiento adjudicativo debería ser resuelto en un término de seis meses.
Además, en el documento se señala que ni las vistas investigativas ni las vistas formales eran archivadas bajo la custodia del secretario.
La grabación digital de las vistas se guardaba en una tarjeta de memoria que la secretaria legal transfería a su computadora portátil. Al finalizar el año, la secretaria realizaba un respaldo de estos archivos en una memoria externa, usb o pendrive.
“Esta situación, contraria a la reglamentación vigente, no garantiza la protección ni conservación de las vistas grabadas en caso de pérdida o robo de la computadora”, indicó la Contraloría.
Igualmente, los auditores identificaron que, al 31 de octubre de 2018, la Junta no había nombrado un administrador de documentos según establece el Programa de Administración de Documentos Públicos de la Rama Ejecutiva adscrito al Archivo General de Puerto Rico.
Para la Contraloría, “esta situación puede ocasionar que no se realicen efectivamente los procesos de planificación, control y organización del uso y conservación de los documentos públicos”.
El informe cubre el período del 1 de junio de 2017 al 31 de octubre de 2018.INS
ndc