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San Juan, 15 may (INS).- Una demanda fue interpuesta hoy en el Tribunal de Nueva York por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), LatinoJustice (PRLDEF) y el Center for Constitutional Rights contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al amparo de la Ley de Libertad de Información (FOIA, siglas en inglés), para que entregue documentos relacionados con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), particularmente sobre conflictos éticos y de intereses financieros que les fueron requeridos.
El pedido de información se originó en 2017 y los demandantes plantean que el Departamento del Tesoro ha incumplido su obligación legal al no entregar los documentos que respondan a los pedidos de información bajo FOIA, a pesar de haber admitido que los tiene.
La demanda detalla 15 tipos de solicitudes, que incluyen los criterios para la evaluación de los candidatos a pertenecer a la JSF, qué agencias intervinieron, documentos sometidos por cada candidato, cómo establecieron consideraciones de potenciales conflictos de interés, e información profesional y de trasfondo personal que se usó en su evaluación, entre otras.
“Tener acceso a estos documentos cobra una nueva relevancia cuando la renominación de los candidatos actuales está ante la consideración del Congreso y cuando se acerca, en agosto, el término de vencimiento de estos nombramientos”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.
Argumentó que, además, un tribunal apelativo federal ha dicho que la forma en que los miembros actuales fueron nombrados fue inconstitucional, lo cual imparte mucha más pertinencia a la necesidad de conocer cómo fue el proceso de manejo de los candidatos y sus nombramientos por parte del Tesoro.
A la tardanza del Tesoro en producir los documentos, se suma la negativa de la Junta de Supervisión Fiscal al pedido de algunos de estos mismos materiales sobre sus miembros, como los informes de divulgación financiera.
En el extenso trámite desde que se solicitaron los documentos mediante la ley FOIA, el Tesoro pidió que se limitara la petición, a lo que el CPI accedió sin renunciar a su derecho eventual a mantener la solicitud original.
La agencia indicó además que tenía que tachar parte de los documentos antes de entregar, y se comprometió a entregar en fechas con las que nunca cumplió, además de denegar un proceso expedito para procesar la solicitud.
“A lo largo de los últimos dos años, hemos agotado todos los procesos administrativos ante el Departamento del Tesoro para obtener la información solicitada. Nuestra petición es de información pública que sobre todo debió estar disponible desde un principio en aras de la transparencia y rendición de cuentas de un ente que no fue electo y que opera por imposición legal del Congreso de los Estados Unidos. Es indignante la negativa a responder nuestras peticiones sobre aspectos básicos de una Junta que, en esencia, está controlando el destino de nuestro país”, expresó Minet.
Por su parte, Natasha Lycia Ora Bannan, de LatinoJustice, adujo que “la falta de transparencia tanto de la administración Trump como de la junta de control fiscal nombrada por el gobierno federal nos ha llevado a tener que demandar para pedir información básica de esa entidad que debería ya estar pública”.
“La información que solicitamos debería haberla tenido el pueblo de Puerto Rico y el público en general desde que se iniciaron las nominaciones para la junta hace casi tres años”, señaló.
La demanda levanta cuestionamientos sobre el proceso de formación de la JSF y la falta de transparencia en la selección de sus miembros
Precisamente, preocupaciones del CPI sobre el trasfondo de algunos miembros y sus afiliaciones han motivado otras demandas sobre el potencial de conflictos de interés respecto a sus funciones en la Junta.
De igual forma, plantea preocupación por el tipo de gobernanza y rendición de cuentas ante la falta de una efectiva participación ciudadana y carencia de fiscalización sobre su conducta y políticas.
La demanda pide al tribunal neoyorquino que se entreguen todos los documentos solicitados y se continúe buscando todos los archivos que puedan entran dentro del espectro de lo pedido.
Además, solicita que se prevenga al Tesoro de continuar negándose a estas solicitudes y cubra los costos y honorarios de los abogados en este litigio de los demandantes. INS
ndc