Inter News Service Agencia de Noticias
San Juan, 12 may (INS).- El representante José “Conny” Varela manifestó su pesar por la decisión mayoritaria emitida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que declara inconstitucional la colegiación compulsoria para alrededor de 27 profesiones en Puerto Rico.
El legislador del Partido Popular Democrático (PPD) mostró su preocupación “por el efecto práctico que dicho dictamen pueda tener sobre la calidad de los servicios al ciudadano, así como la estabilidad fiscal del Estado para supervisar esas profesiones”.
“Como abogado y legislador respetuoso de la separación de poderes, recibimos la decisión con mucho pesar. Precisamente, la Cámara estaba ejerciendo su prerrogativa constitucional sobre este tema. Lamentamos la decisión, por entender que constituye -para todos los efectos prácticos- una potencial degradación en la calidad de los servicios provistos a la ciudadanía”, afirmó.
Para Varela, la determinación representa además “un peso insostenible para las juntas examinadoras gubernamentales que supervisan las 27 profesiones colegiadas en Puerto Rico”.
“Luego de celebradas varias vistas públicas por los pasados meses, y de haber escuchado los argumentos esgrimidos por los presidentes de los colegios profesionales, los directores de las juntas examinadoras y de ciudadanos en su carácter particular, reitero mi postura de que eliminar la colegiación compulsoria hace daño a todos: gobierno, empresa privada y ciudadanos”, opinó.
Y explicó a continuación que “la evidencia desfilada en las vistas confirmó que la mayoría de las juntas examinadoras profesionales no tienen ni el presupuesto ni el personal ni el nivel de programación para regular y servir a los profesionales colegiados. Pasar al gobierno las funciones fiscalizadoras sería contraproducente en términos fiscales y mina los esfuerzos por crear economías en el Estado”.
A modo de ejemplo, señaló que según datos provistos en la investigación legislativa, al eliminar la colegiación compulsoria de los Contadores Públicos Autorizados (CPA), la junta examinadora de esa profesión tendría que buscar alrededor de 25 millones de dólares al año para ofrecer los servicios que brinda este Colegio a la comunidad.
“Imagínense, varios presidentes de juntas aceptaron que pedían apoyo a los colegios para atender diversos asuntos respecto a peticiones de sus supervisados. Nuestra contención es que ninguna junta podrá sustituir los servicios que ofrecen los colegios”, puntualizó el legislador.
“Al eliminar la colegiación compulsoria, el país perderá el beneficio de contar con un ente colaborador y de asesoría informada para el gobierno, imparcial y libre de costo al erario. Además, se afectará la función fiscalizadora de los colegios en cuanto a violaciones a los códigos de ética por parte de sus afiliados”, añadió el representante. INS
aa