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Resumen de noticias para el sábado 11 de mayo de 2019
P. Rico-Declara el Tribunal Supremo inconstitucional la colegiatura obligatoria
San Juan, 11 may (INS).- En una decisión de consecuencias impredecibles, el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró inconstitucional la colegiatura obligatoria, a consecuencia de una acción judicial interpuesta por técnicos y mecánicos automotrices.
La decisión, a partir de una opinión de la jueza asociada Mildred Pabón Charneco, que contó con otra de conformidad del juez asociado Edgardo Rivera García y una disidente de su colega Ángel Colón Pérez, se conoció el viernes pero emitida el pasado miércoles.
La decisión del máximo foro judicial, con la que disintieron la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez y la asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez, se produce en momentos en que la Cámara de Representantes evalúa 28 medidas del legislador José Aponte Hernández, del Partido Nuevo Progresista (PNP), con igual propósito de desaparecer los colegios profesionales.
Al momento es difícil evaluar las consecuencias que esto tendrá en el país, donde en los últimos tiempos ha proliferado en incumplimiento de contratos en distintas áreas laborales después de recibir adelantos económicos, constituyéndose en estafa incluso en el área de mecánica automotriz.
La opinión de la jueza Pabón Charneco subraya que técnicos automotrices demandaron el 27 de febrero de 2015 al Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico y al gobierno reclamando la inconstitucionalidad de colegiatura obligatoria.
Según los demandantes, obligarlos a pagar una cuota profesional anual y pertenecer a una organización con la que diferían de sus acciones y expresiones institucionales, so pena de ser suspendidos de la práctica de su oficio y sentenciados con el pago de una multa o pena de reclusión, violaba su derecho a la libertad de asociación, tal como está consagrado en la Constitución de Puerto Rico. INS
P. Rico-Reclama Copur autoridad reguladora en audiencia final del proyecto de apuestas deportivas
San Juan, 11 may (INS).- La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, favoreció la medida de la Cámara para establecer la Ley de la Comisión de Apuestas del Gobierno, siempre que la actividad esté bien reglamentada, mediante una autoridad reguladora que supervise a los operadores y se asegure que se cumpla con ciertos estándares de operación para garantizar la transparencia e integridad de las disciplinas deportivas.
Con esta sesión las comisiones de Turismo y Bienestar Social y de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa), concluyeron el proceso de vistas públicas en torno al Proyecto de la Cámara 2038, que busca establecer la “Ley de la Comisión de Apuestas del Gobierno de Puerto Rico”, para regular la política pública en torno a las apuestas en eventos deportivos.
Rosario también recomendó que no debe permitirse a los deportistas apostar en sus propias competiciones, compartir información privilegiada de su deporte y de ocurrir algún acercamiento a algún atleta, o un intento de realizar un acto de corrupción, este debe estar obligado a informarlo y se implemente una sanción.
“Si se cumplen todos estos puntos, las entidades de apuestas deportivas pueden ser colaboradores del Comité Olímpico Nacional (CON), pero no debería haber un enlace directo entre el CON a ninguna de esas operaciones de apuestas deportivas”, esto incluye a los atletas y al equipo olímpico de Puerto Rico, mediante patrocinio directo.
La presidenta del Copur sugirió que sea asignado, a través de ese organismo, un 10 por ciento de los ingresos recaudados por el Gobierno de Puerto Rico al deporte de alto rendimiento.
“Esta aportación será utilizada por el Copur en el establecimiento de mecanismos y desarrollo de programas relacionados con la protección, pureza e integridad del deporte; la creación de proyectos educativos y de formación para concienciar sobre los riesgos de manipulación en partidos para todos los atletas, entrenadores, árbitros y demás deportistas.
De otro lado, el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Jorge Argüelles Morán, felicitó al apoyar la medida al representante Néstor Alonso Vega, “ya que tiene muy clara la necesidad imperiosa que tiene Puerto Rico de allegar fondos a las arcas del fisco; así como del papel protagónico que tienen las pequeñas y medianas empresas (pymes) en el desarrollo económico”.
Argüelles Morán vio con buenos ojos esta iniciativa, a la vez que aconsejó que “se amplíe la base de lugares autorizados para incluir sports bars y otros comercios para estimular el desarrollo económico entre las pymes”.
Además, sugirió que se incluya estos eventos dentro de la exención contributiva que se planifica extender al negocio de videojuegos.
Mientras que el comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, favoreció esta gestión para “fomentar el desarrollo económico, teniendo como norte establecer limitaciones para evitar el lavado de dinero y proteger la salud y bienestar general de nuestros ciudadanos”.
Esta entidad, junto a la Comisión de Apuestas, estará a cargo de la fiscalización de esta industria.
Por su parte, la Asociación de Hoteles y Turismo, condicionó su apoyo a la pieza a que esta idea de legalizar las apuestas deportivas y los juegos en línea sea través de los casinos, lo que no fue favorecido por el representante Alonso Vega, al indicar que esta medida es una “de desarrollo económico y si es así, no podemos otorgar exclusivamente esta industria a un sector”. INS
P. Rico-Oficina legal de la UPR reacciona a denuncia que pone en entredicho su política contra el hostigamiento sexual
San Juan, 11 may (INS).- La Oficina de Asuntos Legales de la administración central de la Universidad de Puerto Rico (UPR) reaccionó el viernes a una denuncia que pone en entredicho su política contra el hostigamiento sexual, a partir de un caso que involucró a un profesor y una profesora en el campus de Cayey.
La licenciada Soniemi Rodríguez Dávila, directora de la Oficina de Asuntos Legales en la administración central, aseguró que el proceso de hostigamiento sexual en la UPR en Cayey “culminó con la imposición de una sanción disciplinaria al profesor que cometió los actos contra una compañera docente”.
La licenciada Rodríguez Dávila sostiene que “en el escrito se expuso incorrectamente que la UPR en Cayey y el presidente de la institución no atendieron otra queja de la profesora, basada en que no se le otorgó un contrato por denunciar la conducta de hostigamiento”.
“La Universidad de Puerto Rico tiene una política de cero tolerancia al hostigamiento sexual”, establece la declaración sobre el caso que involucró al profesor Luis Alberto Lugo, a quien posteriormente se le otorgó una permanencia, y a la profesora Carmen Lourdes Cáez, a la que no se le renovó el contrato en agosto de 2018, tras su denuncia de los hechos ocurridos el viernes 17 de marzo de 2016, a pesar de su excelente evaluación, según publicó un diario de circulación nacional (El Nuevo Día).
La UPR aclaró ahora que “la profesora, quien cuenta con representación legal, no ha presentado dicha reclamación en la institución, pese a que fue orientada en múltiples ocasiones por la Oficina de Asuntos Legales de la Administración Central para que lo hiciera debidamente en el recinto conforme a la reglamentación institucional”.
Atribuyó a esa razón que el tribunal desestimó una reclamación que presentó en ese foro, toda vez que no agotó los remedios administrativos.
La letrada de la UPR dijo por escrito que “aclaramos, también, que el presidente de la UPR está impedido de intervenir prematuramente en reclamaciones que se ventilan en los recintos, debido a que su oficina es un foro apelativo”.
“Dicha actuación constituiría un conflicto de interés, pudiera viciar los procedimientos y trastocaría el debido proceso de ley que cobija a las partes. Como bien se reseña, el Dr. Jorge Haddock inició funciones cuando ya el caso se encontraba en su etapa final”, indicó.
La licenciada Rodríguez Dávila destacó que, tan pronto inició funciones, el doctor Haddock encomendó la creación de un comité Ad Hoc en la Junta Universitaria para la evaluación y revisión de la política institucional contra el hostigamiento sexual.
“Asimismo, propuso el nombramiento de un Monitor de Protección y Seguridad para el Estudiante y el Empleado que estará velando por la aplicación de la política pública en contra del hostigamiento sexual a través de todo el sistema universitario”, afirmó.
Estableció que “pese a que los casos representan menos de un 1 por ciento de la población en la Universidad, el presidente está atendiendo este asunto con rigor y responsabilidad, pues se trata de una práctica repudiable e inaceptable que no se puede tolerar en nuestra institución”. INS
P. Rico-FMPR emplaza al gobernador a desacatar las determinaciones de la Junta
San Juan, 11 may (INS).- La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) hizo un llamado al magisterio y los trabajadores a hacer frente a los más recientes “ataques” de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y emplazó al gobierno de Ricardo Rosselló Nevares “a unirse al pueblo y desacatar las determinaciones del ente federal”.
“Nadie debe permanecer neutral ante esta oleada de medidas neoliberales que buscan arrebatarnos los pocos derechos que nos quedan. Al gobernador Ricardo Rosselló le decimos que este es el momento de reivindicarse ante la gente o definirse como enemigo de los trabajadores y el pueblo. Que se niegue a cumplir con las órdenes de una Junta antidemocrática que nadie eligió y que se ha instaurado como un régimen autoritario contra la voluntad de los puertorriqueños”, expresó Edwin Morales Laboy, vicepresidente de la FMPR.
Entre las medidas incluidas en el plan fiscal de la Junta y rechazadas por el sindicato magisterial, Morales Laboy enumeró la eliminación del bono de Navidad de 600 que reciben los empleados públicos, incluyendo al magisterio, dejar los maestros activos sin pensión de beneficios definido vitalicia a partir de enero del 2020 y recortar entre 10% y 25% las pensiones de los jubilados del país con pensiones.
También, la FMPR se opone a despedir personal docente y no docente en las escuelas para generar ahorros y a umentar el tope de estudiantes por grupo, así como a liminar el derecho a acumular los días de licencia por enfermedad no usados en un año y congelar las plazas vacantes hasta 2023
Morales Laboy cuestionó que el liderazgo de la Asociación de Maestros esté exaltando el aumento ofrecido por la Junta “cuando representa un engaño cínico”.
“El aumento de 500 anuales, además de ser uno miserable, se cancelará con la eliminación del bono de Navidad que reciben los maestros y empleados públicos”, dijo.
La Federación de Maestros anunció que organizará la resistencia de las comunidades escolares frente a estas medidas.
“Los maestros, padres, madres, empleados no docentes y estudiantes tenemos que unir fuerzas para impedir que logren imponer estas medidas. Un ataque a la educación es un atentado contra los niños y así debe responderse. Al gobernador le decimos que, o se define del lado de los trabajadores, la educación pública y nuestros estudiantes o pagará el costo político de su traición al bienestar de la gente. Llamamos a todos y todas a la lucha”, declaró el portavoz.INS
ndc