
Desde la izquierda, Luis Abinader, Federico Antun Batlle y Reinaldo Pared Pérez. / Inter News Service
Por Manuel Vólquez
Santo Domingo, 13 abr (INS).- Un nuevo conflicto de carácter político genera discordia y enfrenta al gobierno con la oposición, luego que el Tribunal Superior Electoral (TSE) diera a conocer la sentencia que declara nula, al considerarla ilegal, la 34a. Convención Nacional Extraordinaria del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
En el evento se ratificaba en la presidencia de la organización a Miguel Vargas Maldonado. El fallo judicial también dejó sin efecto la ampliación por cuatro años más el mandato del dirigente de la organización.
La decisión de la Alta Corte provocó de inmediato el rechazo de la dirigencia del PRD, que amenaza con iniciar un juicio político contra tres de los cinco jueces que votaron por la anulación de la asamblea del partido blanco, celebrada en diciembre de 2017 y recurrida ante ese tribunal por un grupo de dirigentes disidentes, que en esa ocasión invocaron “el secuestro democrático” en que cayó ese partido a partir de 2013, cuando se modificaron los estatutos del partido blanco.
Un factor que encendió el debate público fue la propuesta del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, para que los tres jueces del Tribunal sean interpelados por la Cámara de Diputados, actitud que recibió el repudio de varios sectores de la sociedad, legisladores de la oposición y del oficialismo que califican como una injerencia el pedido del legislador, que además es el secretario general del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El PRD es un fuerte aliado del gobierno, habiendo sido un ente vital para pasar la reforma constitucional de 2015 que le permitió a Danilo Medina presentarse a la reelección.
Miguel Vargas Maldonado ha jugado, desde su posición de canciller de la República, un papel de primer orden en el plano internacional, concretando en su gestión el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China, además de la obtención de un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El movimiento Participación Ciudadana considera que las amenazas de Pared Pérez “constituyen una intromisión incalificable”, mientras el abogado Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), afirmó que no tiene ningún tipo de fundamento el pedido del presidente del Senado, porque la sentencia es legal.
De su lado, la bancada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Congreso Nacional sostiene que el de la Liberación Dominicana “pretende implantar una dictadura”.
Asimismo, el presidente del Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana, Elías Wessin Chávez, manifestó su preocupación por los pronunciamientos del presidente del legislador oficialista, “ya que para ello existen los espacios que la ley dispone”.
El congresista Ronald Sánchez sostuvo que “las declaraciones son una grosera intervención en la independencia del Poder Judicial. Aparentemente, esta ha sido una expresión de una justicia independiente que no toleran”.
Para el diputado peledeísta Demóstenes Martínez, el PLD no debe involucrarse en el tema, porque es exclusivo de esa organización (del PRD) y en nada lesiona al partido oficialista.
Los medios de comunicación del país, entre ellos HOY y Listín Diario, reseñaron que antes del TSE dar a conocer la sentencia, desde los estamentos del gobierno presionaron al presidente de ese organismo, Román Jáquez Liranzo, para que se abstuviera de dar a conocer el fallo que anulaba la Convención.
El impreso Listín Diario se manifestó contra esa situación a través de su editorial, al entender que se trataba de un mecanismo de presión “inaceptable” y una intromisión en los asuntos de los demás poderes del Estado.
El periódico HOY, bajo el título “¡Expectativas y presiones!”, señalaba el lunes 8 de abril que en círculos vinculados al partido blanco y al gobierno se había tenido acceso a parte del contenido de la sentencia, “que había provocado un anormal e infrecuente movimiento en el que han intervenido figuras de jerarquía y principalía en estamentos oficiales”.
El referido medio agregaba que la sentencia se habría filtrado al PRD y esferas del gobierno, originando presiones y acciones “que de conocerse escandalizarían a la sociedad” y que hasta la jerarquía de la Iglesia Católica había sido enterada.
También se pronunció el periodista y analista político Juan Bolívar Díaz, quien precisa que “ante una situación que pudiera ser subsanada, el gobierno prefirió un nuevo escándalo político, apenas dejando atrás el protagonizado con las violaciones constitucionales, legales y reglamentarias en que incurrió el Consejo Nacional de la Magistratura con la Suprema Corte de Justicia, lo que indica una escalada contra la institucionalidad democrática”.
Comenta que las primeras indagatorias periodísticas antes de emitirse el veredicto develaron el escándalo y cita una edición del Listín Diario que revela que al menos cuatro ministros del gobierno, tres de ellos dirigentes del PLD, habían efectuado llamadas y otros mecanismos de presión sobre el presidente del TSE para que revirtiera el dictamen.
Observa el veterano comunicador que al juez Ramón Jaquez Liranzo hasta “lo interceptaron el viernes 5 en plena calle para retirarle la custodia militar que le corresponde, acción que fue revocada después que se evidenció su inutilidad al leerse la sentencia a media mañana del lunes. También sustituyeron al coronel jefe de seguridad de las instalaciones del TSE, y medios informaron que hasta el procurador Jean Alain Rodríguez había citado al titular de ese tribunal”.
Hubo más, agrega, “pues el abogado Julio Cury, quien sostiene que el presidente Danilo Medina puede repostularse sin modificar la Constitución, twitteó planteando que la procuraduría debería investigar quién es el propietario del penthouse donde se presume que vive el doctor Liranzo con su esposa, sembrando dudas sobre su legitimidad, y recordando el inicio de la campaña sucia contra la jueza Miriam Germán hasta su destitución, sin motivación, en violación de la Constitución, la Ley del Consejo de la Magistratura y el reglamento de evaluación”.
Sobre las presiones gubernamentales y las declaraciones del senador Reinaldo Pared Pérez, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) sostuvo que las mismas “constituyen actuaciones absolutamente inaceptables porque atentan contra la democracia y la estabilidad del pueblo dominicano”.
El presidente de esa organización, Federico Antún Batlle (Quique), llamó a la sociedad a rechazar de manera contundente los ataques contra los magistrados del TSE, que atribuyó “a la codicia y desesperación de sectores del PLD”.
En tanto, el precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, advirtió que está dispuesto “a defender la democracia en los tribunales, en las calles o donde lo requieran las circunstancias”. INS
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