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San Juan, 12 abr (INS).- El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) consideró hoy que el proceso de adopción de un nuevo Código Civil perdió toda credibilidad al promoverse el proselitismo religioso sobre el debate legislativo público y los verdaderos intereses del país.
El presidente del CAAPR, Edgardo Román Espada, catalogó como un atropello el modo en que la Cámara de Representantes aprobó este jueves, por segunda vez en la presente sesión legislativa, una nueva versión del Código Civil para introducir propuestas presentadas por el sector religioso conservador.
“Por segunda ocasión, se troncha la reforma del Código Civil y se gastan millones de dólares en gestiones legislativas, y todo por presiones e intervenciones indebidas de unos pocos que desean detenernos en el tiempo y evitar que el Código Civil represente las realidades de un Puerto Rico del Siglo XXI”, dijo por su parte el presidente de la Comisión de Derecho Civil del CAAPR, José Javier Lamas Rivera.
Argumentó que el proceso ha perdido toda legitimidad hasta tanto se elimine cada una de las enmiendas aprobadas abruptamente.
“Queda en manos del Senado decidir si van a rectificar este atropello a la democracia y a nuestro ordenamiento Constitucional, o si serán igualmente partícipes”, expresó Lamas Rivera.
El letrado agregó que mediante estas enmiendas, han pretendido convertir el Código Civil en un cuerpo legal que discrimina contra las mujeres y su derecho a decidir sobre su cuerpo, que privilegia a las iglesias sobre otras entidades de la sociedad puertorriqueña y que no garantiza la igual protección de las leyes en Puerto Rico.
“Ninguna de las enmiendas es propia de un Código Civil moderno, como el país lo merece”, sostuvo Lamas Rivera al adelantar que el CAAPR comparecerá a las vistas públicas que celebre el Senado para denunciar la situación.
Entre las enmiendas en reconsideración se incluye el reconocimiento formal de que el concebido pero no nacido será considerado “persona” para los mismos derechos fundamentales que tienen las personas ya nacidas.
Esto, afirmó Lamas Rivera, sienta las bases para prohibir el derecho al aborto.
Además, se añadió la libertad religiosa como un “derecho esencial” reconocido en el Código Civil, y se aprobó el reconocerle a las iglesias e instituciones eclesiales la posibilidad de ser constituidas como personas jurídicas con inscripción en el Departamento de Estado, “esto con el fin de revertir decisiones recientes del Tribunal Supremo en relación a las pensiones de retiro en la iglesia”.
Otro de los cambios establece que las iglesias e instituciones eclesiales se regirán de acuerdo con su doctrina, dogmas, costumbres, leyes internas, y disciplina religiosa propia, lo que, según explicó, “implica que tendrán un trato distinto y más ventajoso que el resto de las personas jurídicas en el país”.
A su vez, se fijarían límites a la responsabilidad civil de incorporadores de iglesias e instituciones eclesiales frente a terceros, y limitaciones adicionales a las adopciones por parte de personas no casadas, pero que tienen relaciones afectivas análogas al matrimonio.
Román Espada criticó, por su parte, que el proceso se diera sin la discusión en vistas públicas.
“La acción de la Cámara de Representantes de aprobar enmiendas al proyecto de Código Civil constituye una mala práctica legislativa que usualmente, se usa para la aprobación de medidas por voto exclusivamente partidista”, sentenció.
El líder del CAAPR consideró que las enmiendas aprobadas buscan gratificar una perspectiva de algunos sectores del conservadurismo religioso en contra de los derechos humanos, sobre todo los de la mujer. INS
ndc