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San Juan, 29 mar (INS).- En una vista pública de la Comisión de Seguridad Pública, que preside el senador Henry Neumann, surgió de voz de los funerarios que el Negociado de Ciencias Forenses (NCF) recibe anualmente un total de cerca de 3, 400 cadáveres que no cumplen con los requerimientos para ser referidos a autopsias o procedimientos ulteriores.
Esa fue precisamente las quejas del NCF hace casi un año, cuando una vista de la Cámara de Representantes irrumpió en los laboratorios de la institución “para investigar” durante una visita “sorpresa” acompañados de toda la prensa.
Un tribunal luego ordenó que los representantes debía coordinar sus visitas con el NCF.
El NCF alegaba que le llegan cadáveres de los hospitales, aunque estos tienen todo el expediente médico para certificar su muerte. Pero los hospitales continuaban enviándolos a al NCF. Entonces, los reclamos de los funcionarios del NCF no fueron escuchados por la comisión de Salud de la Cámara, que preside Oscar Morales, quien buscaba que se colocara a una patóloga en esa posición, que es afín a un asesor suyo.
Aunque el representante Morales no tiene ninguna especialidad profesional en el campo de la salud, fue puesto en la posición de dirigir esos asuntos en la Cámara.
La Comisión atiende los proyectos de la Cámara 1698 y 1699.
El presidente de la Asociación de Funerarios de Puerto Rico, Eduardo Cardona y su asesora legal, la licenciada Agnes Martínez, señalaron este asunto en la vista de hoy.
“En palabras sencillas, El Negociado está recibiendo anualmente el doble de cadáveres que realmente debe atender. “Esto representa una carga enorme e innecesaria para el Negociado, en especial partiendo del reto que la agencia tiene de un personal limitado, y en su capacidad de servicio en casos que, sí lo ameriten”, señaló Cardona, así como lo había hecho anteriores comisionados del NCF. Una de ellas renunció ante la presión de los representantes y el otro murió de cáncer poco tiempo después.
Según la Asociación de Funerarios, el promedio de cadáveres recibidos anualmente en el Negociado de Ciencias Forenses es de 6,200, de estos se realizan un promedio de 2,500 autopsias al año.
De los 3,700 cadáveres restantes, hay 3,400 muertes recibidos por causas naturales que no debieron de haber sido referidos al Negociado en primera instancia.
Los 300 cadáveres restantes son casos que por alguna razón fueron referidos al Negociado, pero que finalmente no requirieron ser autopsiados. Estos casos ameritan una evaluación, pero no necesariamente una autopsia.
“Yo entiendo que si limitamos la cantidad de cadáveres que llegan allí tenemos gran parte del problema solucionado”, dijo por su parte el presidente de la Comisión de Seguridad Publica Neumann Zayas, una posición que el NCF advirtió hace un año atrás.
La razón de que haya el doble de cadáveres en el Negociado de Ciencias Forenses se debe en gran parte, a juicio de Eduardo Cardona, a “aquellos cadáveres que mueren en los hospitales, que son enviados de forma automática al Negociado, ya que los médicos no certifican en estos casos la causa de la muerte. Este traslado puede ser fácilmente evitado si el médico o profesional de la salud debidamente autorizado, certifica su muerte. Igualmente, el Negociado recibe cadáveres que han fallecido en sus residencias por causas naturales y que automáticamente sin otra consideración son referidos y trasladados al Negociado, aun cuando las circunstancias no lo ameritan. En este caso los policías de forma automática solicitan la boleta al fiscal y al haber una boleta emitida nos vemos en la obligación de transferir los cuerpos sin otra consideración al Negociado”, agregó.
“Aquí todos los componentes tienen una función que no están llevando a cabo y quien está pagando las consecuencias al final es el Negociado. Policías haciendo referidos sin hacer una investigación que le traiga una sospecha de que ese cadáver tiene que tener una investigación más profunda. Fiscal viene, automáticamente expide una boleta sin hacer una investigación que establezca que amerita enviar ese cadáver al Negociado”, explicó detalladamente el ejecutivo.
“Aquí, cuando llegan las personas a emergencias de un hospital lo primero en el protocolo es que hay que llamar a su médico de cabecera. Nosotros tenemos cuatro componentes en la cadena que no están llevando a cabo su función completamente” denunció por su parte la asesora legal de la Asociación de Funerarios, Agnes Martínez.
Martínez sugirió a los miembros de la Comisión presentes que se le dé facultad al Negociado de Ciencias Forenses, el que pueda sancionar a todo aquel componente que lleve cadáveres que no cumplan con los requerimientos para estar allí.
“Aquí hay que traer a los cuatro componentes y nosotros tenemos que requerirle a cada uno de ellos el cumplimiento de esa responsabilidad y tenemos que facultar al Negociado para poder sancionar los incumplimientos, porque por eso es que todo esto se está dando de forma automática, porque como no hay consecuencias. Entonces al final quien es el que paga, el pueblo que es el que paga con sus contribuciones todos estos gastos, porque nosotros tenemos componentes que no cumplen y tenemos un Negociado que no tiene herramientas para que estas personas puedan cumplir”, advirtió.
Contrario a lo señalado por Martínez, ya el NCF está facultado en ley para emitir multas a los hospitales que envían sus cadáveres fuera del protocolo establecido. La multa es de pocos cientos de dólares.
El Proyecto de la Cámara 1698 enmendar la Ley del Departamento de Seguridad Publica a los fines de aclarar la facultad del Negociado de Ciencias Forenses de disponer de los cadáveres que, a pesar de haber sido identificados, no son reclamados luego de expirado el termino de diez (10) días desde la autopsia e investigación.
Mientras, el Proyecto de la Cámara 1699 enmienda la ley antes mencionada a los fines de establecer el deber que tiene el médico o profesional de la salud que hubiere asistido una persona en vida y no pudiera razonablemente establecer que su muerte se debió a causas naturales.
La Asociación de Hospitales se opuso a esta última medida. INS
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