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San Juan, 15 mar (INS).- El representante Carlos Bianchi Angleró anunció la radicación de la Resolución de la Cámara 1326, que propone la creación de la Comisión Especial Investigativa de la Deuda Pública, para realizar una investigación sobre las emisiones de bonos, deudas y demás obligaciones contraídas por el gobierno, sus dependencias e instrumentalidades, así como por los municipios.
“El tema de la deuda pública es repetitivo. Sin embargo, nadie habla de establecer controles a nivel legislativo para evitar o prevenir que esto vuelva a ocurrir. Para esto necesitamos crear una comisión que investigue este asunto y obtener las recomendaciones pertinentes independientemente de lo que esté o no esté haciendo la Junta de Supervisión Fiscal”, indicó el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).
Bianchi recordó que en el pasado cuatrienio se creó la Comisión para la Auditoría del Crédito Público como parte de las medidas adoptadas para manejar el entorno económico y fiscal de Puerto Rico por disposición de la Ley 97-2015, pero fue disuelta por acción legislativa de la presente administración.
Esta acción tuvo por efecto que no se consumaran los objetivos previstos en la Ley respecto a definir la metodología para efectuar una auditoría integral de los créditos, las renegociaciones y otras formas de reestructuración.
Además de los montos pagados por capital e intereses; los impactos de contratación o renegociación del endeudamiento público, el origen y destino de los recursos y la ejecución de programas y proyectos que son financiados con la deuda interna o externa; entre otros asuntos.
“La derogación de la Comisión por este gobierno se basó en que la Junta de Supervisión Fiscal encomendó al contralor general de los Estados Unidos realizar y someter al Congreso federal una auditoría de la deuda pública de Puerto Rico. Pero al día de hoy esto no se ha cumplido” expresó el representante.
Desde el 30 de junio de 2016 al presente esta auditoria federal no se ha llevado a cabo, cuando el mandato expreso claramente especifica que en un término no mayor de un año luego de aprobado el estatuto, y al menos una vez cada dos años, el contralor general de los Estados Unidos debía someter al Congreso un reporte de la deuda pública de Puerto Rico.
“Si no asumimos con rigor investigativo confiable la tarea de conocer las causas de la deuda pública, estaremos irremediablemente condenados a repetir la coyuntura histórica presente donde hasta la provisión de los servicios esenciales al pueblo estarán a merced de decisiones unilaterales de la JSF y la falta de un plan de ejecución gubernamental eficaz”, advirtió Bianchi. INS
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