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San Juan, 13 mar (INS).- Trabajadores del programa Head Start del municipio de Utuado presentaron una demanda ante el tribunal federal contra el alcalde Ernesto Irizarry Salvá por discrimen político, discrimen por edad y discrimen por discapacidad, además de violar una decena de estatutos tanto federales como estatales, incluyendo derechos civiles.
Antes de acudir al tribunal, el 26 de abril de 2018, radicaron una querella de discriminación por edad ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, siglas en inglés). Todos, excepto una de las demandantes, recibió notificación de su derecho a demandar.
“El alcalde de Utuado, del Partido Popular Democrático, despidió a estos trabajadores porque no eran de su partido. Todos los despedidos son residentes de Utuado y afiliados o identificados con el Partido Nuevo Progresista (PNP)”, explicó el coordinador de Prosol-Utier, Luis Pedraza Leduc, quien representa sindicalmente a los empleados del municipio de Utuado.
El dirigente explicó que los empleados “fueron cesanteados el mismo día, 30 de junio de 2017, luego de que el municipio recibiera directamente los fondos federales designados para los Head Start que antes de esa fecha recibía a través de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (Acuden). Tras ese cambio justificó los despidos. Eso es ilegal y viola al menos una decena de leyes”.
“Es de todos conocido que en los cambios de administración de gobierno, cuando gana un partido saca a los que pueda del partido contrario o los pone a mirar hacia la pared sin asignarle trabajo a ver si se van. El colmo de este caso es que el alcalde despide a 30 empleados en un mismo día, todos afiliados al partido contrario al de él y todos mayores de 40 años”, añadió Pedraza Leduc.
Al momento de los despidos, los empleados fueron orientados por el alcalde en el sentido de que podían solicitar nuevamente sus plazas, ya que sería el municipio directamente el contratante con los fondos federales y no Acuden.
Todos solicitaron y según establece la demanda, la mayoría no fue contratada. En su lugar los nuevos contratados y los pocos recontratados cuentan con menos edad que los despedidos y están identificados con el partido político del alcalde. A una de las empleadas despedidas se le negó la contratación por padecer de una discapacidad auditiva.
La demanda reclama como propósito el que con ella se puedan “reivindicar los derechos civiles y laborales de los demandantes que surgen de las acciones adversas de empleo tomadas en su contra y para revertir la injusticia que se vieron obligados a soportar como consecuencia de violaciones sustanciales a los derechos de los demandantes a la expresión, afiliación, igualdad de trato ante la ley y dignidad humana”. INS
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