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San Juan, 9 mar (INS).- La senadora Rossana López León, del Partido Popular Democrático (PPD), anunció hoy que presentará un proyecto dirigido a fortalecer la lucha contra la violencia de género.
Al reconocer que la Ley 54, con 30 años de aprobada, es una medida que le ha servido bien a la sociedad puertorriqueña, la senadora consideró que de igual manera debe ser adaptada a los tiempos.
El proyecto estaría dirigido a enmendar la Ley Núm. 449-2000, conocida como la “Ley para crear la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras”, para permitir la inclusión de la representación de dos organizaciones con experiencia en el área de violencia doméstica.
Además, el informe de cumplimiento y medición de efectividad de estos programas deberá ser remitido a la Asamblea Legislativa.
“Lo que pretende la medida es establecer mejores mecanismos para fiscalizar tanto el cumplimiento de estos programas como la efectividad de los mismos y, como acción ligada a esto, que se incluya anualmente la información detallada sobre el readiestramiento de los agresores y agresoras”, explicó la senadora.
Consideró que de esta manera, se tendrán datos claros de los resultados de los programas y se podrán iniciar acciones correctivas si su eficacia no es la esperada.
López León aseguró que la inclusión en la Junta Reguladora de dos organizaciones reconocidas en el manejo de casos de violencia doméstica, proveerá información actualizada sobre las tendencias sociales en el tema de la violencia doméstica, aparte de aportar al desarrollo de los programas de reeducación de los agresores y agresoras.
Actualmente, el organismo está compuesto por siete personas nombrados por el Gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado.
Los miembros en propiedad, son un representante del Departamento de Corrección y Rehabilitación, un representante del Departamento de la Familia, la Procuradora de las Mujeres, un psicólogo clínico con preparación u experiencia en el área, un representante de la Administración de Servicios y Contra la Adición (Assmca), un trabajador social y un abogado, ambos también con experiencia en el aspecto de la violencia doméstica.
La Junta ejerce los poderes para la evaluación de estos programas con el fin de otorgar los permisos, licencias y certificaciones requeridas, así como su supervisión y revisión.
“La violencia doméstica atenta contra la integridad misma de la familia y es uno de los problemas más graves y complejos que confronta nuestra sociedad y es imprescindible ofrecer oportunidades para que los que incurren en este delito tengan la debida rehabilitación. Es por eso que en la medida en que podamos reforzar esta lucha, le estamos haciendo un bien a ésta y las futuras generaciones de puertorriqueños”, estableció la senadora. INS
ndc