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San Juan, 7 mar (INS).- La senadora Rossana López León presentó un proyecto que tiene como propósito fortalecer la lucha contra la violencia de género, reconociendo que la Ley 54, con 30 años de aprobada, “es una medida que le ha servido bien a la sociedad puertorriqueña, pero que debe ser adaptada a los tiempos”.
El proyecto busca enmendar la Ley 449-2000, conocida como Ley para crear la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, para permitir la inclusión de la representación de dos organizaciones expertas y con experiencia en el área de violencia doméstica.
Además, el informe de cumplimiento y medición de efectividad de estos programas deberá también ser remitido a la asamblea legislativa.
“Lo que pretende la medida es establecer mejores mecanismos para fiscalizar tanto el cumplimiento de estos programas como su efectividad. Y como acción ligada a esto, que se incluya anualmente la información detallada sobre el readiestramiento de los agresores. De esta manera, tendremos datos claros de los resultados de los programas y podamos iniciar acciones correctivas si su eficacia no es la esperada”, afirmó.
La legisladora del Partido Popular Democrático (PPD) explicó, además, que la inclusión de dos organizaciones reconocidas en el manejo de casos de violencia doméstica en dicha Junta, le provee a la misma información actualizada sobre las tendencias sociales en el tema de la violencia doméstica y cuyos miembros pueden aportar positivamente al desarrollo de los programas de reeducación de los agresores.
Actualmente, la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras está compuesta por siete miembros nombrados por el gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado.
Los miembros en propiedad, son un representante del Departamento de Corrección y Rehabilitación, un representante del Departamento de la Familia, la Procuradora de las Mujeres, un psicólogo clínico con preparación u experiencia en el área, un representante de la Administración de Servicios y Contra la Adición (Assmca), un trabajador social y un abogado.
Los últimos también con experiencia en el aspecto de la violencia doméstica. Dicha Junta ejerce los poderes para la evaluación de estos programas con la finalidad de otorgar los permisos, licencias y certificaciones requeridas, así como su supervisión y revisión.
“La violencia doméstica atenta contra la integridad misma de la familia y es uno de los problemas más graves y complejos que confronta nuestra sociedad. Es imprescindible ofrecer oportunidades para que los que incurren en este delito tengan la debida rehabilitación. Es por eso que en la medida en que podamos reforzar esta lucha, le estamos haciendo un bien a ésta y a las futuras generaciones”, finalizó la senadora. INS
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