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Resumen de noticias para el martes 5 de marzo de 2019
P. Rico-Aprobado el nuevo Código Civil en la Cámara
San Juan, 5 mar (INS).- Tras años de trabajar en una nueva versión del proyecto de ley para reformar el Código Civil de la Isla, la Cámara de Representantes aprobó anoche el Sustitutivo del Proyecto de la Cámara 1654, que crea y establece el nuevo ordenamiento jurídico privado que regirá en Puerto Rico, conocido como “Código Civil de Puerto Rico”.
La presidenta de la Comisión de lo Jurídico, María Milagro Charbonier Laureano, presentó al Pleno cameral el nuevo documento de 579 páginas, y que contiene las recomendaciones que surgieron en más de una docena de vistas públicas que realizó al respecto.
Asimismo, mencionó que la pieza legislativa deroga el estatuto vigente que data del 1930. Al mismo tiempo, destacó que la redacción y posterior presentación de la medida no hubiera podido realizarse de no haber sido por la colaboración del comprometido grupo de asesores, profesores y otro personal que laboraron en la confección del mismo.
“Igualmente, nos vemos obligados a extenderle nuestro más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que presidieron y laboraron previamente en la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil. Su trabajo desinteresado y encomiable trabajo en la redacción de este documento que compone el ordenamiento jurídico privado que regirá en Puerto Rico”, dijo al destacar los nombres de los colaboradores.
Explicó que la medida contiene cambios a todos los libros del Código: Personas, Familia, Derecho Real, Obligaciones, Contrato y Sucesiones y un Título Preliminar que repasa los libros.
El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, en su turno, dijo, “me comprometí con el pueblo de Puerto Rico que una gestión que se había comenzado en 1994, cuando se creó una Comisión para la Revisión del Código Civil se tenía culminar en este cuatrienio. En ese periodo de tiempo, varias administraciones, varios cambios de gobierno y nadie había tenido la iniciativa de preparar un documento final que pudiese ser traído a la discusión y a vistas públicas. Esta Cámara de Representantes y miembros de la minoría y mayoría tenemos que felicitar a la Comisión de lo Jurídico porque en un periodo de dos años hicieron el trabajo que no se había hecho anteriormente”.
El representante Luis Vega Ramos, objetó la prohibición de la maternidad subrogada y que se deje para una enmienda posterior, así como la prohibición absoluta a la eutanasia.
Entre los cambios más significativos, el proyecto de ley, establece que el matrimonio como una institución civil, que procede de un contrato civil entre dos personas y las causales de divorcio contencioso se eliminan, quedando como causales el consentimiento mutuo y ruptura irreparable, que se puede hacer individual y en conjunto. Incluso, fija que el matrimonio es entre dos personas, atemperando la determinación sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo como lo dictó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
Con relación a la mayoría de edad, la misma permanece a los 21 años, aunque prohíbe los matrimonios de menores de 18 años. Los jóvenes entre 18 y 21 años podrán contraer matrimonio con el consentimiento de sus padres o tutores.
Relacionado a los naciturus, la medida concede los mismos derechos de los nacidos.
Mientras que, dentro del nuevo marco legal, quedó eliminado en Sala el contrato de franquicia que adjudica responsabilidad solidaria entre el franquiciante y el franquiciado por los incumplimientos laborales de este último.
En cuanto a sucesiones, se elimina la cuota viudal usufructo porque el cónyuge supérstite se convierte en un heredero forzoso. A esos efectos, se le brindan derechos a la persona que enviude. Además, se aumenta la libertad para seleccionar a quién dejar la herencia. Anteriormente, era un tercio de los bienes, ahora será la mitad de los bienes. INS
P. Rico-Senado asegura que sí hay un serio problema de seguridad en la Isla, contrario a lo que sostiene Pesquera
San Juan, 5 mar (INS).- El Senado aseguró ayer a través de un proyecto de ley que busca imponer un toque de queda a menores de 16 años, que en la Isla existe un serio problema de seguridad, una afirmación que el secretario de Seguridad Pública Héctor Pesquera ha desmentido reiteradamente a través de las estadísticas policíacas.
Pesquera ha mostrado evidencia que apunta a que en este momento hay una disminución en los asesinatos, y otros delitos como robos y a la propiedad, en comparación con el 2018. Las cifras 2018 ya fueron menores que las de 2017 y 2016.
Aún así, la posición del Senado en manos del mayoritario Partido Nuevo Progresista es similar a la de la oposición política minoritaria del Partido Popular Democrático, que sostiene que en la Isla hay “una crisis de seguridad”.
Un comunicado de prensa del Senado señala que “en medio de una problemática (sic) de criminalidad que aqueja a la Isla y como parte de una serie de iniciativas para tratar de combatirla, el Senado de Puerto Rico aprobó hoy en Sesión Ordinaria, el Proyecto del Senado 972 de la autoría de la senadora Zoé Laboy Alvarado, que le ordena a la Comisión de Seguridad Pública realizar una investigación abarcadora sobre la viabilidad de implementar toques de queda para menores de 16 años o menos en Puerto Rico y su monitoreo y aplicación por parte de la Policía Municipal y el Negociado de la Policía de Puerto Rico”.
Según es citada la senadora Laboy en el comunicado de prensa,
“tenemos que aceptar que tenemos un problema de seguridad y tenemos que mirar alternativas que están fuera de la caja. Tenemos que hacer cosas diferentes. Debemos aclarar que no estamos hablando de que impondremos desde ya, los toques de queda, sino que estamos hablando de la evaluación si debemos o no tener toques de queda”.
No obstante, los toques de queda en la Isla no son nuevos y, al contrario, se utilizó en las décadas de 1960 y 97 sin éxito alguno. La criminalidad en la Isla ha ido en ascenso paulatino desde esa época, en la misma medida en que aumenta el consumo de estupefacientes. Hasta ahora, el fuerte esfuerzo de las agencias de ley y orden estatales y federales para impedir el trasiego de drogas en la Isla ha sido infructuoso.
Mientras, a pesar de que EEUU destina sobre 60,000 millones para impedir la producción de drogas y para impedir el tráfico, el año 2017 fue cuando más droga fue producida y traficada en el mundo.
“Por tal razón, preocupada por la situación que se enfrenta en la Isla en cuestión de seguridad y que, al 24 de enero de 2019, se habían cometido treinta (30) asesinatos, la proponente de la medida, entiende que `ante este escenario, nuestra juventud toma un rol protagónico debido a la vulnerabilidad de estos, no tan solo por ser víctimas de la ola criminal, sino porque debido a su vulnerabilidad, corren el riesgo de caer en comportamientos y conductas delictivas´ ”, señaló la senadora.
Según la medida, los toques de queda, implantados en sobre cuatrocientas (400) ciudades de los Estados Unidos, según estadísticas de la “National Youth Rights Association”, parten de la premisa de mantener a los niños y jóvenes fuera de las calles durante ciertas horas de la noche para ayudar a mantener niveles bajos de crímenes juveniles y de crímenes donde las víctimas sean menores de edad.
En Puerto Rico, son los jóvenes adultos (18-21) los que tienen un serio problema de muerte pr causa de su participación en el problema de las drogas, según las estadísticas policíacas.
“Muchas han sido las críticas a la implementación de los citados toques de queda. De hecho, en no muy pocas instancias, tales casos han llegado hasta los tribunales estadounidenses para dilucidar la constitucionalidad de los mismos. A estos efectos, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene la responsabilidad de legislar, siempre siguiendo las disposiciones establecidas en la Constitución. A tenor con ello, todo ciudadano tiene el derecho garantizado a la libre asociación, la libre expresión y la libertad de culto”, aseguró Laboy Alvarado.
La igualmente presidenta de la Comisión de Bienestar Social entiende que la protección, bienestar y los mejores intereses de los menores deben ser prioridad del Estado al momento de delinear y establecer planes y acciones para combatir la ola criminal en la Isla.
“Yo también soy fiel creyente y defensora de los derechos de los seres humanos, pero repito, esto es solo una investigación para saber si existe la viabilidad de implementar los toques de queda. Es bueno que se abra a la discusión”, sostuvo. INS
P. Rico-Rosselló Nevares, tras quedar varadas cerca de 200 personas en muelle de Ceiba, anuncia alquiler de lanchas para dar servicio a las islas municipios de Vieques y Culebra
San Juan, 5 mar (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció ayer el alquiler de lanchas para dar servicio a las islas municipios de Vieques y Culebra.
La medida, que se implementará a partir de la próxima semana, se da luego de que se quedaran varadas cerca de 200 personas en el muelle de Ceiba.
Según el mandatario, “estamos buscando alternativas en el sector privado, un concesionario privado”.
Agregó que “ahora mismo estamos en medio de discusiones de dónde podemos conseguir algunas de estas lanchas”.
En una conferencia de prensa en La Fortaleza para dar a conocer un proyecto de ley para beneficiar a víctimas de violencia doméstica, el gobernador opinó que “necesitamos reconocer que esto ha sido un problema crónivo y estamos dando los pasos para arregarlo”.
El primer ejecutivo se mostró esperanzado en que para la Semana Santa, en abril, se pueda tener el asunto “arreglado” para “asegurar que la experiencia del visitante sea la óptima”.
Recordó que el gobierno arrendó en un momento cuatro lanchas, “porque todas las demás, salvo una, estaban arreglándose y algunas llevaban años sin utilizarse”.
“Tuvimos dos arregladas y en tres semanas se dañaron. La solución a corto plazo es cómo dentro del sector privado podamos tener lanchas adiconales para que puedan seguir dando sus rondas”, declaró. INS
P. Rico-Presentan proyecto de ley especial para víctimas de violencia doméstica
San Juan, 5 mar (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares presentó ayer, junto con la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, el proyecto de Ley de licencia especial para empleados con situaciones de violencia doméstica o de género, maltrato de menores, hostigamiento sexual en el empleo, agresión sexual, actos lascivos o de acecho en su modalidad grave.
El proyecto, trabajado en coordinación por el gobernador y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) dispone que la Licencia Especial es sin paga y con una duración de hasta 15 días laborables que podrán ser utilizados en cada año natural y no podrán ser acumulables ni transferibles al siguiente año.
A solicitud del empleado se podrá utilizar la Licencia Especial mediante horario fraccionado, flexible o intermitente.
Asimismo, establece que la Licencia Especial podrá ser utilizada para, entre otras, atender las siguientes situaciones: orientarse y obtener una orden de protección o cualquier orden judicial, buscar y obtener asistencia legal, buscar y obtener vivienda segura o espacio en un albergue, visitar cualquier clínica, hospital o cita médica y orientarse, buscar o beneficiarse de cualquier tipo de ayuda o servicios.
“Esta licencia especial aplicará a aquellos empleados del sector privado o público, que enfrenten alguna situación de violencia doméstica o de género, maltrato de menores, hostigamiento sexual en el empleo, agresión sexual, actos lascivos o de acecho en su modalidad grave contra ellos o contra cualquier miembro de su familia. Exista o no una querella en la Policía, los empleados tendrán derecho de solicitar este beneficio”, explicó el primer ejecutivo.
La procuradora de las mujeres, Lersy Boria, catalogó esta ley de “un paso de avanzada en la lucha contra la violencia de género y la protección de las víctimas de maltrato”.
“Cuando una víctima teme por su vida, la única alternativa viable que tiene para protegerse es la coordinación de servicios como albergue. Muchas veces, la persona se ve obligada a escoger entre su seguridad física y emocional o su empleo y seguridad económica. Por esto, se niega a recibir las ayudas que tiene disponibles o no busca los servicios que necesita por miedo a perder su trabajo al tener que ausentarse. Todas estas situaciones ponen a la víctima en una situación de peligro y contribuyen a que esta permanezca en una relación de maltrato”, explicó la funcionaria.
Rosselló Nevares aseguró que, con esta licencia especial, todo empleado podrá solicitar un acomodo razonable o condiciones flexibles de trabajo que le permitan atender una situación de maltrato y, de igual forma, deberá proveer evidencia documental de su caso si el patrono así lo solicita.
“Dicho acomodo se realizará por acuerdo con el patrono, y según lo permitan las tareas y responsabilidades del empleado y de conformidad con lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Todo patrono vendrá obligado a reservar el empleo de todo trabajador que se haya acogido a esta licencia y a reinstalarlo, una vez haya agotado los días a los que tenía derecho”, manifestó el gobernador.
El proyecto de ley faculta al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y a la OPM a imponer multas de hasta 10,000 dólares a los patronos que incumplan con las disposiciones establecidas.
Los fondos que se recauden por concepto de la multa serán destinados para la distribución de fondos y donativos que otorga la OPM a los albergues que atienden mujeres en situaciones de alto riesgo.
El mandatario destacó otras medidas radicadas en pro de la mujer puertorriqueña como la Ley 8 de 2017, en donde se extendió el periodo de lactancia de madres lactantes que trabajan a jornada parcial que sobrepasa las cuatro horas consecutivas (el periodo concedido será de 30 minutos por cada periodo de cuatro horas consecutivas de trabajo).
Así también, se reconoció a las madres obreras que trabajan a jornada parcial en los municipios el mismo tiempo de lactancia que los demás empleados a nivel central, además de haber concedido mayores protecciones laborales a las mujeres y el desarrollo de campañas educativas en contra de la violencia doméstica y el maltrato conyugal. INS
P. Rico-Maricao pagó 206,908 dólares por planos de un parque acuático que nunca se construyó y tiene pendiente multas por 120 mil dólares por demoler edificios de valor histórico sin permisos
San Juan, 5 mar (INS).- La Contraloría informó que el municipio de Maricao pagó 206,908 dólares por unos planos de un parque acuático que no se ha construido.
En una auditoría sobre las operaciones fiscales de Maricao, se revela que el proyecto de la construcción del Maricao Water Park nunca comenzó a construirse a pesar de que el municipio pagó 206,908 dólares por los planos, los permisos de consulta, endosos y los servicios de mensura y de topografía a un ingeniero contratado en 2012.
Debido a que el proyecto no tenía permiso de construcción y estaba detenido, los honorarios de ingeniería no eran elegibles para los fondos federales del Community Development Block Grant.
Por eso, la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) retuvo los 206,908 de la asignación equitativa de 2016 para Maricao.
La situación provocó que el municipio pagara por unos planos y servicios de ingeniería que no tuvieron utilidad.
Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-04-28 del 2004.
El informe le recomienda al alcalde, que se asegure que la planificación de los proyectos de construcción y su viabilidad, sean inversiones útiles y de interés público antes de invertir recursos.
La auditoría señala que entre los años 2014 y 2016, el déficit de Maricao era de 3.5, 2.6 y 2.5 millones respectivamente de un presupuesto de 6.1, 5.8 y 5.7 para ese periodo.
A su vez, el documento establece que “nuestros auditores identificaron unos diez cheques por 7,033 dólares sin cobrar por periodos mayores a los seis meses prescriptivos. Estos cheques se deben cancelar a seis meses de su emisión para evitar errores e irregularidades con los fondos del municipio”.
Además, el municipio mantenía fondos por 4,198 en las cuentas bancarias, inactivos hasta por mas de tres años.
Una situación similar se había indicado en el informe de auditoría M-15-35 de 2015.
La auditoría también comenta que Maricao tiene una demanda civil por 88,135 dólares pendiente de resolución por el tribunal y dos multas de 60,000 que el Instituto de Cultura le impuso por demoler edificios de valor histórico sin los permisos.
Además, al 30 de junio de 2017, el municipio no habían recobrado 28,150 dólares que se le había recomendado en los informes de auditoría M-10-29 del 2009 y M-15-35 del 2015.
El informe de Maricao cubre el periodo del 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2017. INS
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