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San Juan, 4 mar (INS).- El Senado aseguró hoy a través de un proyecto de ley que busca imponer un toque de queda a menores de 16 años, que en la Isla existe un serio problema de seguridad, una afirmación que el secretario de Seguridad Pública Héctor Pesquera ha desmentido reiteradamente a través de las estadísticas policíacas.
Pesquera ha mostrado evidencia que apunta a que en este momento hay una disminución en los asesinatos, y otros delitos como robos y a la propiedad, en comparación con el 2018. Las cifras 2018 ya fueron menores que las de 2017 y 2016.
Aún así, la posición del Senado en manos del mayoritario Partido Nuevo Progresista es similar a la de la oposición política minoritaria del Partido Popular Democrático, que sostiene que en la Isla hay “una crisis de seguridad”.
Un comunicado de prensa del Senado señala que “en medio de una problemática (sic) de criminalidad que aqueja a la Isla y como parte de una serie de iniciativas para tratar de combatirla, el Senado de Puerto Rico aprobó hoy en Sesión Ordinaria, el Proyecto del Senado 972 de la autoría de la senadora Zoé Laboy Alvarado, que le ordena a la Comisión de Seguridad Pública realizar una investigación abarcadora sobre la viabilidad de implementar toques de queda para menores de 16 años o menos en Puerto Rico y su monitoreo y aplicación por parte de la Policía Municipal y el Negociado de la Policía de Puerto Rico”.
Según es citada la senadora Laboy en el comunicado de prensa,
“tenemos que aceptar que tenemos un problema de seguridad y tenemos que mirar alternativas que están fuera de la caja. Tenemos que hacer cosas diferentes. Debemos aclarar que no estamos hablando de que impondremos desde ya, los toques de queda, sino que estamos hablando de la evaluación si debemos o no tener toques de queda”.
No obstante, los toques de queda en la Isla no son nuevos y, al contrario, se utilizó en las décadas de 1960 y 97 sin éxito alguno. La criminalidad en la Isla ha ido en ascenso paulatino desde esa época, en la misma medida en que aumenta el consumo de estupefacientes. Hasta ahora, el fuerte esfuerzo de las agencias de ley y orden estatales y federales para impedir el trasiego de drogas en la Isla ha sido infructuoso.
Mientras, a pesar de que EEUU destina sobre 60,000 millones para impedir la producción de drogas y para impedir el tráfico, el año 2017 fue cuando más droga fue producida y traficada en el mundo.
“Por tal razón, preocupada por la situación que se enfrenta en la Isla en cuestión de seguridad y que, al 24 de enero de 2019, se habían cometido treinta (30) asesinatos, la proponente de la medida, entiende que `ante este escenario, nuestra juventud toma un rol protagónico debido a la vulnerabilidad de estos, no tan solo por ser víctimas de la ola criminal, sino porque debido a su vulnerabilidad, corren el riesgo de caer en comportamientos y conductas delictivas´ ”, señaló la senadora.
Según la medida, los toques de queda, implantados en sobre cuatrocientas (400) ciudades de los Estados Unidos, según estadísticas de la “National Youth Rights Association”, parten de la premisa de mantener a los niños y jóvenes fuera de las calles durante ciertas horas de la noche para ayudar a mantener niveles bajos de crímenes juveniles y de crímenes donde las víctimas sean menores de edad.
En Puerto Rico, son los jóvenes adultos (18-21) los que tienen un serio problema de muerte pr causa de su participación en el problema de las drogas, según las estadísticas policíacas.
“Muchas han sido las críticas a la implementación de los citados toques de queda. De hecho, en no muy pocas instancias, tales casos han llegado hasta los tribunales estadounidenses para dilucidar la constitucionalidad de los mismos. A estos efectos, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene la responsabilidad de legislar, siempre siguiendo las disposiciones establecidas en la Constitución. A tenor con ello, todo ciudadano tiene el derecho garantizado a la libre asociación, la libre expresión y la libertad de culto”, aseguró Laboy Alvarado.
La igualmente presidenta de la Comisión de Bienestar Social entiende que la protección, bienestar y los mejores intereses de los menores deben ser prioridad del Estado al momento de delinear y establecer planes y acciones para combatir la ola criminal en la Isla.
“Yo también soy fiel creyente y defensora de los derechos de los seres humanos, pero repito, esto es solo una investigación para saber si existe la viabilidad de implementar los toques de queda. Es bueno que se abra a la discusión”, sostuvo. INS
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