P. Rico-Profesor universitario demanda al Consejo General de Estudiantes de la UPR-Cayey por difamación

San Juan, 26 feb (INS).- El profesor de la Universidad de Puerto Rico en Cayey (UPR-Cayey), Humberto Malavé Núñez, demandó al actual y al pasado presidente del Consejo General de Estudiantes (CGE) de esa institución, así como a los demás miembros, por difamación.

Esta sería la primera vez que se demanda a los estudiantes universitarios que componen un consejo estudiantil por libelo, calumnia, y difamación, así como daños y perjuicios.

También se demandó al presidente de la UPR Jorge Haddock y a la rectora de la UPR-Cayey Glorivee Rosario, y a los profesores Jaime Cruz Pérez (exdirector del Departamento de Administración de Empresas) y Raúl Castro Santiago (exdecano de asuntos académicos).

A dos estudiantes demandados no se les atribuye nombre, pero alegadamente formaron parte del esquema de difamación.

Los estudiantes demandados son Héctor D. Barreto Vázquez (expresidente), María F. González Aponte, Jariel Ramírez Virella, Pedro J. Lefevre Rivera (actual presidente), Ladislao Marrero Rivera, Julián E. Soto Camacho, Francisco J. Ortiz Cruz, Joshua Izquierdo Suárez, Paola M. Pou Acosta, José O. Silva Martínez y Luis A. Rodríguez Roque, así como a su padres y tutores, de ser alguno menor de edad.

Según la demanda, presentada en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas, mediante un comunicado de prensa oficial y con membrete de la UPR-Cayey emitido por el CGE de la UPR-Cayey y suscrito por Barreto (entonces presidente) y Lefevre (a esa fecha vicepresidente) se difamó al profesor al indicarse que tenía querellas laborales sometidas por el ex director del departamento de administración de empresas, y datos del expediente médico en custodia y protección de la UPR-Cayey.

Algunos medios generales reprodujeron el comunicado e indicaron que el profesor Malavé Núñez tenía un patrón de abandono de trabajo “y aun permanece en su puesto”, y de intimidación. Así como de “acoso” a los estudiantes.

El comunicado de prensa del CGE-Cayey logró mayor difusión  cuando se colocó también en la página de facebook “UPR Cayey Orienta”.

Igualmente se queja el profesor de que uno de los estudiantes alegó a un medio universitario que Malavé Núñez habría propuesto rebajarle el sueldo a los profesores para evitar un aumento en la matrícula estudiantil. Y en ese artículo el semanario digital levantó nuevamente todas las acusaciones estudiantiles contra el profesor, que afirma el profesor son falsas y solo pretendían hacerle daño profesional y personal.

“El contenido del aludido comunicado de prensa (del CGE-Cayey) es falso, tergiversado y su distribución se hizo con la única intención de causar daño al demandante como profesional, como profesor con más de 30 años de servicio a la Universidad de Puerto Rico, y para disminuir su integridad moral ante la comunidad universitaria, familiar y en toda la sociedad puertorriqueña. La información es libelosa de su faz, tanto en expresiones particulares como en todo el contexto del escrito”, sostuvo el demandante.

Este resume las alegaciones estudiantiles de la siguiente manera: le acusan o señalan falsamente de una posible violación del Código Penal, de que hay una fuerte evidencia que indica que hubo una malversación de fondos que requiere corrección, de persecución y hostigamiento contra estudiantes féminas ocultándose bajo una supuesta cita de una estudiante cuyo “nombre se reserva por seguridad” de “sentirse atacada e intimidada, como en medio de una persecución que no tiene fin, de acusar a los estudiantes de que estos eran culpables de que el Director del Departamento de Administración de Empresas  Cruz Pérez recomendara su suspensión sumaria e inmediata, y de ser un profesor cuya calidad de enseñanza y educativa es pobre o deficiente. Malavé Núñez afirmó que todas estas alegaciones públicas son falsas.

Por otro lado, indicó, de haber alguna querella laboral, la desconoce porque nunca se le inició o se le dio conocimiento de un proceso al respecto. Y de haberla igualmente, el proceso investigativo es confidencial hasta su resolución, por tanto tampoco debió ser de conocimiento de los estudiantes.

Por esta negligencia, y por haberse sacado públicamente su expediente médico, igualmente confidencial, el profesor responsabilizó a la administración universitaria, también demandada.

El demandante señaló que por las posiciones que ocupaban los estudiantes demandados en los distintos estamentos universitarios, conocían los reglamentos aplicables a los diversos documentos restringidos y las querellas, así como las leyes generales del país.

“La única razón para emitir los comunicados de prensa es la clara intención o negligencia de hacer daño profesional y personal mediante la difamación”, aseguró.

Y al tener dicho comunicado todas las garantías de ser una expresión oficial del CGE de la UPR-Cayey, “los miembros de dicho Consejo para el año 2017-2018 avalaron o debieron avalar, con su voto, o de otra manera expresa o implícita, los señalamientos difamatorios contenidos en el comunicado, expresando de manera negligente, sin verificar la verdad o falsedad de señalamientos difamatorios y falsos, que han causado daños irreparables al honor, la reputación y la honra del codemandado. Siendo todos responsables en su carácter personal”, reza la demanda.

También tildó de “mala fe”, “difamatorios”, “falsos”, y “expresiones culposas y negligentes” los señalamientos del comunicado estudiantil.

Denunció que “la distribución de los expedientes (médicos y de recursos humanos) protegidos legalmente y custodiados por la UPR en Cayey sin autorización y con la intención manifiesta y única de causar daño es una seria violación a los reglamentos de la UPR en Cayey, del Sistema de la Universidad de Puerto Rico y de leyes estatales y federales”. Denunció que, por su cargo, varios profesores codemandados tenían acceso a esos expedientes. La entrega de esos expedientes a los estudiantes generaron y promovieron las expresiones difamatorias contra él, se asevera en la demanda.

Malavé Núñez ocupó hace varias décadas el puesto de director asociado del Consejo de Educación Superior, así como varios altos puestos administrativos, y es catedrático en Administración de Empresas.

“Las expresiones libelosas del comunicado lo han expuesto al oprobio, la deshonra, el deshonor, y la vergüenza personal, social y profesional, siendo señalado y cuestionado por amistades, colegas, estudiantes”, aseguró en la demanda. INS

vac