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San Juan, 16 feb (INS).- El Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) opinó que la reciente determinación del juez Juan Torruellas, del Primer Circuito de Boston, “lejos de hacer justicia al pueblo puertorriqueño, justifica la imposición de la Ley Promesa y garantiza su funcionamiento”.
El juez revocó la decisión de la jueza de quiebras Taylor Swain, asignada a Puerto Rico bajo la ley federal Promesa y otorgó 90 días para que se elimine el lenguaje inconstitucional que existe en esta ley sobre los nombramientos.
“La decisión del Tribunal de Apelaciones lo que hace es revocar lo que Swain había dicho sobre los nombramientos de la Junta, le devuelve el caso y le dice que el lenguaje inconstitucional que hay en Promesa hay que eliminarlo” explicó el abogado Rolando Emmanuelli, quien llevó el caso levantado por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier).
Para Wilma Reverón Collazo, copresidenta del MINH, “la ley Promesa es solamente la muestra más cruda y reciente de la realidad colonial en Puerto Rico, en donde se priva del futuro al pueblo puertorriqueño, que no tiene ni voz ni voto en las leyes a las cuales es sometido”.
Agrega que “como bien señala la decisión, estamos siendo gobernados por procónsules al estilo de la época del Imperio Romano. Pero el hecho de que los miembros de la Junta se nombren por el presidente de Estados Unidos con el consejo y consentimiento del Senado estadounidense no cambia esa cruda realidad colonial”.
La decisión del juez Torruellas establece como inconstitucional los nombramientos de los miembros actuales de la Junta de Control Fiscal. Sin embargo, en la misma opinión el juez establece que la Ley Promesa es constitucional.
“Por otro lado, aunque ilegalmente constituida, todas las decisiones emitidas por la Junta fueron y son válidas; por lo que la decisión no tiene un efecto real a las actuaciones llevadas a cabo por los miembros de la Junta de Control Fiscal”, señala el MINH.
“Hay que apuntar a que, en su opinión, el juez Torruellas arguye que anular las acciones de la Junta significaría afectar a ‘miles’ de terceros inocentes que ‘confían’ en la misma aun cuando en ningún momento el pueblo puertorriqueño ha tenido un decir, por la vía democrática, sobre si deseaba o no esa Junta de Control Fiscal”, argumenta Francisco Santiago Cintrón, también copresidente de la organización.
Santiago Cintrón condenó “este tipo de pronunciamiento demagógico y exigimos que sea el pueblo puertorriqueño el que decida el rumbo de su futuro. Una vez más hacemos un llamado a la legislatura de Puerto Rico a que se atreva a actuar en defensa de los intereses de nuestro pueblo y paralice todo pago relacionado a la Junta”. INS
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