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San Juan, 16 feb (INS).- “No. No hubo ninguna vista”. El técnico de la Junta de Planificación (JP), Héctor Morales, admitió así que esa entidad no ha celebrado ninguna vista pública en torno a la derogación, mediante orden ejecutiva en julio pasado, de siete reservas naturales que fueron promulgadas a finales de diciembre de 2016.
Así lo informó en vista pública de la Comisión de Recursos Naturales del Senado, que preside el senador Carlos Rodríguez Mateo.
En la audiencia se analizaron ocho proyectos del senador Juan Dalmau Ramírez que buscan designar como reservas naturales a Mar Chiquita (Manatí), Punta Guilarte (Arroyo), Río Camuy y Finca Nolla (Camuy), Punta Cabuyones (Ponce), Punta Petrona (Santa Isabel) y Humedal de la Playa Lucía (Yabucoa).
También, la Reserva Agrícola de la Costa Norte en un área aproximada de 17,294.57 cuerdas que se ubican en los municipios de Arecibo, Camuy, Hatillo y Quebradillas.
Sin embargo, indicó que al menos la agencia está realizando “reuniones ciudadanas” con las personas que se van a impactar lo que es requerido por el Plan de Uso de Terrenos (PUT). Morales informó que en el caso de Yabucoa asistieron cuatro personas, pero no está seguro si existe minuta alguna de la reunión.
Al ser cuestionado por Rodríguez Mateo sobre la efectividad de las convocatorias de la JP con más de 90 días de antelación, tal y como lo requiere el PUT, y a las cuales llega una persona, Morales indicó que entonces “fue totalmente efectivo, porque eso dice la ley”.
Por su parte, la representante de Para la Naturaleza, Soledad Gaztambide, se expresó sorprendida de que el PUT exija a la JP hacer reuniones previas a vistas públicas como parte del proceso de planificación.
“No necesariamente significa que eso sea un proceso de planificación verdaderamente participativo, donde se cree un diálogo. Yo he asistido a muchas de estas vistas públicas y la comunicación es unidireccional, pero casi siempre los representantes de la JP no tienen la facultad de contestar preguntas en ese momento”, comentó Gaztambide.
Mientras la licenciada Neida Pumarejo Cintrón, también de Para la Naturaleza, sentenció que el público tiene la necesidad de estar informado porque “el conocimiento es poder”.
“Aún después del impacto de María estamos todos muy receptivos a participar. Esta es nuestra casa, que la compartimos con otros seres vivos. Somos parte de algo más grande, pero hay errores fatales… Si tenemos áreas que cuentan con estos valores es nuestra obligación hacer todo lo posible por protegerlas”, argumentó.
El autor de las medidas en discusión cuestionó en reiteradas ocasiones la efectividad de las órdenes ejecutivas y planes de la JP versus “la fuerza de todo vigor que tiene una ley para garantizar, incluso, que se puedan llevar pleitos en los tribunales por parte de la comunidad, ciudadanía y de los que sufren daños al tener un instrumento sobre el cual se construya a base de la información que ustedes tengan”.
Dalmau Ramírez agregó que “la mayor protección en estos momentos para evitar transacciones de desmantelamiento de nuestros recursos naturales y ambiental es la protección de ley. Ese es el paso necesario e ineludible para que haya la garantía mayor en el mayor momento de necesidad”.
La JP deberá entregar en un máximo de 15 días a la Comisión certificaciones de que no existen ante su consideración solicitudes de rezonificación de terrenos, evidencia del proceso de convocatorias, copias de las minutas (si existen) y la lista de los invitados y quienes finalmente asistieron. También, copia de los anuncios en medios de comunicación. INS
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