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San Juan, 15 feb (INS).- “Para la Junta de Supervisión, ni un centavo más”, afirmó la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lourdes Ramos, tras conocer la decisión del Tribunal Federal del Primer Circuito de Boston en torno a la ilegalidad de los nombramientos de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal.
“Vamos a ver ahora si el gas pela”, comentó de manera sarcástica la representante.
Ramos apuntٕó que la determinación del alto foro le pone un detente al frenesí financiero con que el ente manejaba sus finanzas a costa del pueblo puertorriqueño.
“Para mí, el efecto inmediato es que la Junta no puede gastar un centavo adicional de fondos públicos sufragados por los contribuyentes puertorriqueños, porque es ilegal la actuación de sus miembros al no haber sido avalados mediante confirmación del Congreso federal”, comentó Ramos.
Aunque la decisión de Boston no interviene con los parámetros de la Ley Promesa en cuanto al “stay” sobre el pago de la deuda y los acuerdos alcanzados en el Tribunal Federal de Quiebras, lo que es medular durante el tiempo en que se pretenda subsanar la inconstitucionalidad, es que nadie en la Junta puede tomar una determinación adicional sobre Puerto Rico.
“Lo fundamental en este momento es que nadie en la Junta, ni el andamiaje administrativo que nombraron sus miembros, pueden seguir actuando en contra de los mejores intereses de Puerto Rico. Y sería ‘ultravires’ cualquier decisión que tomen o erogación de fondos públicos que pretendan”, argumentó.
Ramos insistió que la Junta ha gastado una friolera que supera los $300 millones, sin que a la vista se vea un rédito positivo para la ciudadanía, como tampoco para la operación gubernamental en momentos de crisis.
Siguió diciendo que el problema de criminalidad que enfrenta Puerto Rico es un claro ejemplo de cómo la Junta ha limitado los recursos del Estado para cumplir con los servicios esenciales, mientras ha dado rienda suelta al malgasto y el despilfarro en salarios, asesores y gastos de representación.
Estableció Ramos que con la decisión de Boston, habría que cumplir con el proceso de confirmación, verificar los posibles conflictos económicos por las inversiones particulares que han hechos sus miembros, como igualmente, ponderar la viabilidad y necesidad del ente según los parámetros en que ha actuado a la fecha.
“Lo primero que tiene que hacer el gobierno federal es asignar los recursos para la operación de la Junta, que ha pretendido mantener como una pluma de agua, las asignaciones que reclama del gobierno estatal mientras estrangula su operación en detrimento de la ciudadanía”, indicó. INS
vac