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San Juan, 15 feb (INS).- La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carla Campos, hizo un llamado a la legislatura municipal de San Juan a que consideren las implicaciones en el desarrollo turístico y económico de la isla que presenta el Proyecto de Ordenanza 24.
Éste pretende añadir un nuevo Capítulo VII a la Ordenanza 7, serie 2002-2003, según enmendada, y conocida como “Código de Urbanismo del Municipio de San Juan” con el propósito de incluir el “Reglamento para los Alquileres a Corto Plazo en el municipio”.
En la medida se propone el establecimiento de un proceso de licencias para el uso de las propiedades, así como la limitación de la cantidad de propiedades que pueden ofrecerse para alquiler a corto plazo, más conocidos como Airbnb.
Además, se establecen tarifas anuales para la otorgación de licencias y un impuesto adicional de tres por ciento (3%) sobre el ingreso bruto obtenido durante la operación del negocio. También propone delimitar las áreas en las que puede ser implantado.
Distinto al Proyecto de Ordenanza 13, que proponía establecer una moratoria en la otorgación de permisos de operación de alojamiento a corto plazo en el casco del Viejo San Juan, esta ordenanza intenta establecer reglamentación aplicable en el pleno del territorio del municipio.
“El resultado de este proyecto incidirá directamente en el desarrollo económico del turismo, sector que ha demostrado ser el primero en resurgir luego del embate de los huracanes Irma y María en el 2017. De hecho, según la evaluación preliminar realizada sobre esta ordenanza, anticipamos elementos de posible ilegalidad e inconstitucionalidad en su texto”, expresó Campos.
La funcionaria indicó además que “este tipo de proyectos no solamente incide en la disponibilidad de la oferta para nuestros visitantes, sino que también afecta directamente la oportunidad de ingresos de muchos puertorriqueños que han recurrido a métodos alternos, como el arrendamiento suplementario a corto plazo para poder subsistir”.
Existen datos que demuestran que, en promedio, cada individuo con una propiedad disponible para comercialización como alquiler a corto plazo genera sobre 6,700 dólares anuales producto de su arrendamiento bajo esta modalidad.
“Además, nos preocupa cómo el establecimiento de este tipo de ordenanza podría afectar la limitación de la oferta que el consumidor y visitante actual espera encontrar en destinos de calibre mundial”, apuntó la titular de la CTPR.
Agregó que “la CTPR está de acuerdo en que se deben continuar identificando medidas que aumenten la capacidad de captación y fiscalización a nivel central en cuanto a esta vertiente de alojamiento. No obstante, debemos ser cautelosos a la hora de implantar medidas, para que no afecten el desarrollo económico de Puerto Rico y la capacidad de generar ingresos de los puertorriqueños”.
Por lo mismo, Turismo “invitó” a la legislatura municipal a estudiar con detenimiento las implicaciones legales, constitucionales y económicas que esta ordenanza puede tener sobre San Juan, el principal polo turístico de Puerto Rico.
“Asimismo, nos ponemos a la disposición para colaborar y asesorar a todos los funcionarios con interés en evaluar como la modalidad de alquileres a corto plazo puede continuar contribuyendo al desarrollo económico de la isla”, concluyó la directora ejecutiva. INS
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