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La presidenta de la FMPR, Mercedes Martínez Padilla, alertó a los maestros que acepten ser empleados por las empresas administradoras de las escuelas privatizadas. Inter News Service
San Juan, 12 feb (INS).- La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) denunció hoy que el Departamento de Educación circuló una comunicación con la firma la Secretaria Auxiliar, María M. Franco Fuentes, para establecer los procedimientos para que maestros del sistema público pasen a las escuelas Alianza que funcionarán bajo el modelo chárter.
La organización consideró que se trata de “otro paso dirigido a destruir la escuela pública para abrirle paso a empresas privadas que harán de la educación un negocio”.
La presidenta de la FMPR, Mercedes Martínez Padilla, explicó que del documento se desprende que cada empresa que adquiera la administración de las escuelas Alianza funcionará de acuerdo con las disposiciones que determinen cada una y no a las que establece el Departamento de Educación.
La comunicación de la funcionaria señala que el personal contratado estará “exento de las leyes y reglamentaciones que gobiernan los asuntos de personal del Departamento (de Educación) y que cada Entidad Educativa Certificada deberá establecer su propio sistema de personal.
La dirigente sindical alertó a los maestros que acepten ser empleados por las empresas administradoras de las escuelas privatizadas que “se convertirán en empleados de estas y, si no se reintegran a sus plazas en un periodo de dos años, deberán renunciar al Departamento de Educación”, por lo que perderán su permanencia y estarán sujetos a las determinaciones de los patronos privados.
El Departamento de Educación ha anunciado que su meta inicial es privatizar por medio de las llamadas escuelas Alianza un 10 por ciento de las escuelas del país.
“Como parte de su campaña mediática, el Departamento de Educación insiste en presentar las escuelas Alianza como escuelas públicas. Esto es falso, la Ley 85 de supuesta Reforma Educativa dispone que las empresas que administren las escuelas chárter tendrán autonomía sobre sus decisiones, incluyendo pero sin limitarse a, asuntos de finanzas, personal, calendario, currículo e instrucción”, advirtió Martínez Padilla.
La Federación de Maestros aseguró que las escuelas Alianza no son buenas para los estudiantes, pues abren la oportunidad de discriminar al permitir establecer requisitos mínimos de admisión, cuando el derecho a la educación es constitucional.
La experiencia en Estados Unidos, dijo, es que no han representado una mejoría en el aprovechamiento de los estudiantes a pesar de que, contrario a la escuela pública, excluyen a los niños que presenten situaciones de disciplina, de grupos minoritarios o estudiantes con diversidad funcional.
Además, permiten la discriminación, la matrícula muchas veces es por selección, se puede cobrar por servicio de comedor escolar y establecer otras limitaciones a las familias de bajos ingresos.
“La propaganda para imponer las escuelas Alianza es que se les dará mayores recursos para ampliar el ofrecimiento a los estudiantes. Aún partiendo de lo incierto de esta promesa, sería importante preguntar ¿por qué no se le ofrecen a las escuelas públicas los mismos recursos que pondrán en manos de los privatizadores?”, cuestionó Martínez Padilla.
La dirigente magisterial que considera, se trata de un diseño manipulado para perjudicar la educación pública, señaló que “donde se han establecido, las escuelas chárters limitan los servicios de la población de educación especial que atienden y no brindan los servicios que requieren”.
“El propósito es reducir los costos y elevar artificialmente los resultados académicos”, recalcó al advertir que en Nueva Orleans, por ejemplo, se utilizó el huracán Katrina para imponer la privatización del 94 por ciento de las escuelas.
“Más de 7,500 docentes y otro personal fueron despedidos y los contratados bajo las chárters, en su mayoría, carecían de experiencia. La resistencia contra este modelo ha sido generalizada. En California la United Teachers of Los Angeles (UTLA) ganó en su reciente huelga una moratoria en la proliferación de las chárters, que en 10 años habían aumentado en un 287 por ciento. Diversos escándalos de corrupción han afectado la implementación de las chárter en otras jurisdicciones”, dijo Martínez Padilla.
La Federación de Maestros de Puerto Rico hizo un llamado a las comunidades escolares a “establecer planes y desarrollar acciones para detener los objetivos privatizadores del gobierno”.
Manifestó que “la imposición de las escuelas chárter es un golpe a la educación pública que debemos detener”. INS
ndc
