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San Juan, 11 feb (INS).- La organización soberanista ProELA reclamó hoy al Comité de Transportación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que retire sus objeciones a la petición para que se exima a Puerto Rico de las leyes de cabotaje en el transporte de gas natural, tal como reclama el gobierno isleño.
ProELA presentó una propuesta para eximir a la isla de la totalidad de la aplicación de las leyes de cabotaje por las implicaciones que tienen para el pueblo puertorriqueño.
El presidente de la minoría en el Comité de Transportación dirigió, el pasado 6 de febrero, una carta a la Secretaria de Seguridad Nacional, Krijsten M. Nielsen, en la que objetó que se exima parcialmente a Puerto Rico de las leyes de cabotaje en lo que respecta al transporte de gas natural licuado.
“Dado el hecho de que no hay, y en el futuro cercano no habrá, barcos que cumplan con la Ley Jones que puedan transportar gas natural licuado a Puerto Rico, la oposición de su Comité a la exención solicitada no se justifica”, indicó ProELA por conducto de su presidente, Mario Pabón Rosario.
El dirigente de la organización soberanista sostuvo que la carta del 6 de febrero de 2019 debe ser retirada, y su Comité debe comenzar un proceso para tratar de encontrar formas de eliminar obstáculos que impiden el desarrollo económico de Puerto Rico.
Solicitó, a la vez, que ofrezcan verdadera protección a la defensa nacional y a los intereses de la industria marítima estadounidense.
ProELA sugirió al Comité que explore la posibilidad de, a cambio de eliminar a Puerto Rico de la aplicación de las leyes de cabotaje, incluir dentro del Maritime Safety Program (MSP) los cuatro nuevos barcos que han entrado en servicio recientemente.
El MSP le concede pagos anuales a los dueños de barcos en el programa a cambio de ponerlos a la disposición inmediata del gobierno en caso de un conflicto bélico.
Al presente, los barcos que dan servicio a Puerto Rico no califican para el programa, a diferencia de los que sirven a Guam y a Samoa Americana.
“El cambio propuesto aumentaría el número de barcos modernos disponibles en caso de conflicto bélico, permitiría a los navieros continuar ofreciendo servicios a Puerto Rico a tarifas competitivas, y a la vez permitiría a Puerto Rico explorar las posibilidades y disfrutar las ventajas de un mercado abierto en la transportación de bienes desde los Estados Unidos”, indicó ProELA en la misiva.
Recalcó que “el costo de esta enmienda no excedería los 20 millones de dólares anuales, un precio bajo considerando que se adelantan a la vez los intereses de la seguridad nacional, la industria marítima y el pueblo de Puerto Rico”. INS
ndc