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La portavoz del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, Eva Prados Rodríguez, y Luis José Torres Asencio, de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, durante una rueda de prensa. Inter News Service
San Juan, 30 ene (INS).- La Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público reiteró hoy, junto a otras organizaciones, su solicitud a la jueza Laura Taylor Swain que declare inconstitucional sobre 6 mil millones de dólares en deuda pública de Puerto Rico.
La petición se realizó ante la audiencia judicial del caso de quiebra del gobierno de Puerto Rico, que discute en Nueva York la moción presentada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pidiendo a la jueza Taylor Swain.
La JSF y el Comité de Acreedores No Asegurados presentaron, el pasado 14 de enero, una moción solicitando a la jueza Taylor Swain que decrete la nulidad de sobre 6,233 millones de dólares en deuda de bonos de obligación general reclamadas contra el gobierno de Puerto Rico, que fueron emitidos durante las administraciones de Luis Fortuño y Alejandro García Padilla.
Los argumentos principales de la moción son que las emisiones violan la cláusula de la Constitución de Puerto Rico sobre el límite a la deuda, que prohíbe que la suma del pago a la deuda y la emisión de bonos del Estado Libre Asociado (ELA) sea mayor del 15 por ciento del promedio de los recaudos de los pasados dos años, y que se utilizó para el pago de déficit estructurales, prohibido también por la carta magna.
“El gobierno tenía unas prohibiciones de rango constitucional sobre la emisión de toda esta deuda que se violaron. Los hallazgos de la junta de control fiscal son idénticos a los que la ahora extinta Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público y su sucesora, la Comisión Ciudadana, han recogido en sus informes”, expresó Luis José Torres Asencio, profesor de derecho constitucional.
El integrante de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público. Agregó que desde 2016 se ha señalado que al menos la mitad de toda la deuda pública que se le atribuye a Puerto Rico fue emitida en violación a la Constitución de Puerto Rico, y eso incluye no sólo los bonos de las tres emisiones cuya nulidad reclama ahora la JSF, sino todas las emisiones de Cofina (Corporación del Fondo de Interés Apremiante), las de la Autoridad de Edificios Públicos, y muchas otras emisiones de bonos y notas emitidas por el gobierno de Puerto Rico.
“De hecho, exigimos la nulidad de todas las emisiones utilizadas para financiar déficits presupuestarios desde 1974”, ratificó Torres Asencio.
El catedrático de economía José I. Alameda Lozada explicó sobre el tipo de deuda que se estuvo impugnando en el Tribunal de Quiebra que para mediados de 2018, la deuda de bonos de obligación general de Puerto Rico ascendía a 13,267 millones de dólares.
“Un bono de obligación general es un mecanismo de deuda emitida por el gobierno central garantizado por sus recaudos, así como por su poder de crear impuestos. Por ejemplo, mientras los bonos de Cofina se pagan con el IVU (Impuesto al Valor y Uso), los llamados bonos de obligación general se pagan del Fondo General del Gobierno, de donde salen los recursos para las demás operaciones del gobierno central como educación, seguridad y salud”, explicó el catedrático de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Alameda Lozada, integrante de la Comisión de Ciudadanos, opinó que no sólo deben anularse los más de 6,000 millones de dólares en la moción de la JSF, sino que resulta imperativo que antes de evaluar cualquier propuesta de repago a bonistas, la jueza Taylor Swain identifique los servicios esenciales para la ciudadanía, de manera que se pueda determinar si los términos de los acuerdos permiten garantizar tales servicios.
La portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, Eva Prados Rodríguez, expresó que la moción de la JSF “reafirma la importancia de una auditoría ciudadana integral de la deuda pública porque son muchos los cuestionamientos que existen sobre esta deuda”.
“Esta acción de la junta de control fiscal demuestra la validez y certeza del reclamo y la importancia que tiene para evitar que el país pague injustamente por los errores del pasado. Sin embargo, el pueblo debe quedarse vigilante a que esta acción no se convierta sólo en una estrategia de negociación”, manifestó.
Prados Rodríguez indicó que “queremos y exigimos la cancelación de toda esa deuda. Además, son muchas más las instancias donde se actuó lejos de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, es mucha la deuda que debe ser cancelada y señalar quiénes deben responder por estos actos”. INS
ndc
