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San Juan, 16 ene (INS),- La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara, comenzó las vistas públicas en torno al Proyecto del Senado 1050, que crea una nueva “Ley de Armas de Puerto Rico de 2019”.
La ley es para que sea acorde con las decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos validando la posesión y portación de armas, así como el derecho individual protegido por la Constitución estadounidense.
En un aparte con la prensa, Lasalle Toro indicó que el Proyecto, que propone flexibilizar los requisitos para obtener armas de fuego como lo es la reducción en el costo de comprobantes, la eliminación del requisito de declaración jurada y la eliminación del requisito de la investigación de campo o ‘Background Check’, sufrirá cambios.
“Ahora mismo el proyecto como está, sabemos que el gobernador ya dijo que no lo va a firmar… nosotros vamos en busca de poder traer un proyecto que recoja las enmiendas pertinentes que preocupan al gobernador. Si el gobernador ve que en el proceso vamos a asegurar que la persona que tenga el arma o que se le emita la licencia, pasó por el proceso correcto y se prueba que es una persona apta, no creo que va a haber ningún inconveniente”, dijo a cuestionamientos de la prensa.
El representante mencionó, además, que investigará cómo la escasez de personal en el Negociado de la Policía influye en el proceso para que una persona pueda poseer legalmente un arma de fuego. Tampoco se cerró a la posibilidad de incluir entrenamientos continuos como lo reciben los policías en el uso y manejo de armas de fuego, y aseguró que no se aceptarán en Puerto Rico las licencias aprobadas en otras jurisdicciones, debido a que “se desconoce bajo qué procesos o requerimientos fueron emitidas y hasta cuándo”.
As su vez, sostuvo que la Comisión evaluará la reducción de 120 días a 10 y 15 días el periodo máximo que tendrá la Policía para otorgar una licencia de armas, que aseguró “no será tan largo, pero será más de 10 a 15 días”.
En el primer turno de vistas, la Comisión recibió el insumo del componente de seguridad del gobierno, donde tanto el Departamento de Seguridad Pública (DSP) como el Departamento de Justicia objetaron la misma, al tiempo que presentaron una lista de cambios.
La fiscal Elba Cruz Rodríguez, del Departamento de Justicia planteó que, “nuestra mayor preocupación es lo laxo y permisivo que resulta ser lo propuesto, máxime cuando se trata de armas mortíferas”.
Asimismo, la licenciada Omara Arias Nieves, del DSP, opinó que la medida “trastoca significativamente el estado de derecho vigente, mediante la implementación de nuevos procedimientos relacionados a la expedición de licencias de armas, que más allá de mejorar el sistema actual, podría afectar el campo de seguridad pública. Otro asunto medular, es lo concerniente a la eliminación del requisito de la investigación de campo (background check), que tiene que hacer la Policía sobre cada solicitante”.
Lassalle Toro expresó que “sabíamos que veníamos ante un Proyecto que sí tenía que presentar muchas enmiendas. Principalmente, hemos mencionado desde un principio que lo que queremos es un proyecto que no afecte a las personas que quieran tener una licencia, que sea menos costoso, liberar el proceso burocrático y que se salvaguarde, la seguridad, pero en cumplimiento con las reglamentaciones constitucionales de Puerto Rico y Estados Unidos”.
La licenciada Evangelina Valentín Ferrer de la Oficina de Administración de Tribunales, destacó que no encontró disposiciones similares en el Proyecto que establezcan la intención legislativa sobre si las disposiciones sobre vistas informales, adjudicaciones, reconsideraciones y revisión judicial contenida en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme aplican a las determinaciones administrativas que se tomen bajo la nueva Ley de Armas propuesta.
“Reiteramos la importancia de establecer claramente, a través de las diferentes disposiciones de la medida, los contornos del procedimiento de revisión judicial que se propone, incluyendo el establecimiento de la competencia de los tribunales, la naturaleza del recurso de revisión y los términos previstos para la presentación de estos recursos ante los tribunales,”, opinó la asesora legal de la agencia.
Mediante una ponencia enviada por la Autoridad de Asesoría Financiera y la Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), el director ejecutivo, Christian Sobrino Vega, destacó que la reducción del sello de rentas internas para solicitar la licencia de $100.00 a $60.00 y que $10.00 de estos se transferirán a la Federación de Armas Cortas y Rifles, y los restantes $50.00 ingresarán al Fondos General para, a su vez, ser transferidos al Negociado de la Policía, “tendría un impacto fiscal negativo, que podría afectar el cumplimiento del Plan Fiscal”.
Por último, el representante Lassalle Toro adelantó que se llevarán a cabo varias vistas públicas, así como una ocular. INS
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