Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el domingo 13 de enero de 2019
P. Rico-Gobernador discute ante delegación del Congreso federal la agenda de recuperación para la isla
San Juan, 13 ene (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares se presentó ayer ante la delegación del Congreso de Estados Unidos liderada en su mayoría por miembros del Caucus Hispano para discutir el estatus actual del proceso de recuperación de la isla tras el paso del huracán María.
“Discutimos la posición de Puerto Rico en detalle, la raíz del problema colonial y las iniciativas que estamos tomando a nivel local y que vamos a tomar a nivel federal para continuar con el proceso de recuperación”, sostuvo el primer ejecutivo.
Rosselló Nevares añadió que “es importante establecer que esto es solo un comienzo. A lo largo de estos días tendré diversas reuniones y cuando regrese a Washington le daré seguimiento con muchos de estos congresistas”.
Junto a los 38 congresistas, el primer ejecutivo discutió los problemas que ha enfrentado en el proceso de recuperación.
Entre los obstáculos que destacó el primer ejecutivo estuvo la lentitud de la llegada de recursos para la recuperación, en comparación con otros desastres a nivel federal, como el huracán Katrina.
Destacó la burocracia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, siglas en inglés) en el desembolso de recursos, así como la petición de extensión del 100 por ciento de costo compartido para trabajos de emergencia, que está bajo la consideración de la delegación congresional en un proyecto de ley.
“Queremos tener el proceso más transparente de reconstrucción en la historia de Puerto Rico. Hemos creado la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, siglas en inglés) y hemos creado un portal de transparencia, para que todo el mundo pueda tener visibilidad de los recursos que llegarán a Puerto Rico. De esta manera, tanto el Congreso como el pueblo tendrán rendición de cuentas”, puntualizó.
Durante el cónclave participaron el director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington, Carlos Mercader; el secretario de Estado, Luis Rivera Marín; y los secretarios de la Gobernación, Raúl Maldonado; Salud, Rafael Rodríguez Mercado; Educación, Julia Keleher; Recursos Naturales y Ambientales, Tania Vázquez; y Vivienda, Fernando Gil Enseñat.
También estuvieron el director ejecutivo del COR3, Omar Marrero; el director ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Elí Díaz; y el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz; entre otros jefes de agencia.
Anoche, Rosselló Nevares recibió a los congresistas en La Fortaleza, ocasión en que les agradeció el apoyo que han mostrado a los distintos temas de Puerto Rico. Durante el encuentro, los congresistas expresaron su apoyo y compromiso al proceso de recuperación.
La delegación está compuesta por el senador Robert “Bob” Menéndez (D-NJ) y los representantes Rubén Gallego (D-AZ); Terri Sewell (D-AL); Darren Soto (D-FL); Robin Kelly (D-IL); Katherine Clark (D-MA); Jamie Raskin (D-MD); Brenda Lawrence (D-MI); Collin Peterson (D-MN); Ben Ray Lujan (D-NM); David Price (D-NC); Steven Horsford (D-NV); y David Cicilline (D-RI).
Por el estado de California, los representantes demócratas Tony Cárdenas, Pete Aguilar, Nanette Barragan, Ami Bera, Salud Carbajal, Gilbert Cisneros, Lou Correa, Jim Costa, Eric Swalwell, Mark Takano, Juan Vargas, Linda Sánchez, Mike Levin y Jimmy Gómez.
Por el estado de Nueva York estuvieron los representantes demócratas Adriano Espaillat, Gregory Meeks y Jerry Nadler, mientras por Texas lo hiceron Henry Cuéllar, Verónica Escobar, Sylvia García, Vicente González y Filemón Vela. También asistieron los representantes Stacey Plaskett (D-USVI), Gregorio Sablan (D-Islas Marianas del Norte) y Michael San Nicolás (D-Guam). INS
P. Rico-Sindicalistas puertorriqueños abogan por resolver la crisis y el desarrollo económico de la isla durante reunión con congresistas de Estados Unidos
San Juan, 13 ene (INS).- Una delegación de sindicalistas puertorriqueños sostuvo ayer una reunión con un grupo de cerca de 30 congresistas estadounidenses en la que recabaron esfuerzos para resolver la grave crisis que enfrentan y el desarrollo económico de la isla, informó el presidente de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico (Ftpr-AFL-CIO), José Rodríguez Báez.
El dirigente sindical expresó que la de ayer fue la primera vez en la historia que los sindicatos tuvieron la oportunidad de dirigirse a un grupo tan grande de congresistas del Partido Demócrata, quienes se mostraron muy receptivos a atender los reclamos que plantearon en el cónclave.
“Fue una reunión muy positiva en la que entregamos una declaración del Movimiento Sindical por Puerto Rico, que recoge toda la situación que enfrenta la familia trabajadora a raíz de la ley Promesa y la Junta de Control Fiscal. Los congresistas entendieron nuestros reclamos, se mostraron dispuestos a tomar acción e incluso nos plantearon la posibilidad de enmendar Promesa”, explicó.
La reunión fue presidida por el presidente de Caucus hispano demócrata, Antonio Cárdenas, y participaron congresistas como el puertorriqueño Darren Soto y Bob Menéndez.
“Expresamos a los congresistas que Promesa y la Junta han sido nefastos para la familia trabajadora puertorriqueña, que ha recibido injustamente todo el peso de las medidas fiscales y que es necesario que el Congreso produzca alternativas de desarrollo económico para que Puerto Rico pueda superar la grave crisis que enfrentamos”.
Añadió que “también dejamos en claro que rechazamos de forma contundente que se destinen fondos de la recuperación tras los huracanes para la construcción del muro” en la frontera de Estados Unidos y México.
Dijo que en la reunión se solicitó que el Congreso haga audiencias en Puerto Rico para escuchar el sentir del pueblo, ya que “la Junta de Control Fiscal ha creado un desbalance en la democracia, pues no rinden cuentas a nadie y toman medidas unilaterales”.
“Además, la Junta no ha tomado acciones para mejorar la economía, está desbaratando los sistemas de protección social de las familias, la educación tanto en las escuelas como en la Universidad de Puerto Rico”, sostuvo el sindicalista.
“Otro punto que se trajo es la alta preocupación de nuestras matrículas en el sector público por la orden de la Junta de reducir un 10 por ciento en las pensiones de los jubilados, lo que los llevaría a una pobreza extrema”, detalló el portavoz.
Los representantes de sindicatos también resaltaron “la injusticia del acuerdo de Cofina bajo consideración del tribunal que condenará al pueblo a pagar los impuestos más altos de todas las jurisdicciones de Estados Unidos por un período de 40 años. Eso, para facilitar el pago a los bonistas de una deuda que no se ha auditado”.
De la misma manera expresaron su repudio a la privatización de servicios públicos, como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y las escuelas chárter.
Rodríguez Báez señaló que se puntualizó en los reclamos por las acciones gubernamentales que perturban el ambiente, la salud del pueblo y las expropiaciones de comunidades.
Afirmaron que, contrario a su prédica pública, “el gobierno ha seguido al pie de la letra la receta de la Junta de Control Fiscal con leyes y órdenes ejecutivas que han atentado contra las condiciones de trabajo en el empleo como: congelación de convenios y beneficios económicos hasta el 2021, la reforma laboral en el sector privado, el empleador único, la eliminación de beneficios de convenios, la declaración de emergencia fiscal y de infraestructura que abre las puertas a construcciones ilegales y atentados contra el ambiente”.
“Ante esta realidad, rechazamos tanto los intentos de la Junta y de la administración Rosselló de poner todo el peso de la crisis sobre la clase trabajadora. Y demandamos que antes que se realicen pagos a los fondos buitres, y se implementen nuevas medidas de austeridad, se realice una auditoria comprensiva, independiente y ciudadana de la deuda”, indicaron en una declaración.
Por parte de los sindicatos estuvieron Héctor Sánchez, director ejecutivo de la Labor Council for Latin American Advancement y representantes de la Federación Central de Trabajadores, la Asociación de Maestros, Servidores Públicos Unidos, Labor International Union of North America, Unión de Trabajadores de Oficina, la United Auto Workers (UAW) y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores. INS
P. Rico-Sector privado adhiere con entusiasmo a propuestas de desarrollo económico planteadas por la comisionada residente
San Juan, 13 ene (INS).- La comisionada residente, Jenniffer González Colón, recibió un fuerte respaldo de representantes del sector privado a sus logros en el pasado Congreso, y expresaron su apoyo a la agenda presentada por la política para promover el desarrollo económico de Puerto Rico.
En una mesa redonda en su oficina participaron representantes del Grupo Unido de Importadores de Automóviles, Cámara de Comercio, Asociación de Contratistas Generales de América, capítulo de Puerto Rico, Asociación de Hoteles y Turismo, Comité de Salud de la Cámara de Comercio, Asociación Productos de Puerto Rico Inc., la Cámara de Comercio del Sur, Colegio de CPA, Colegio de Arquitectos Paisajistas y la Asociación de Navieros, entre otros.
La comisionada continuará abogando por herramientas para el desarrollo económico de Puerto Rico, tal y como lo hizo como por ejemplo con el beneficio por retención de empleados a patronos afectados por el paso de los huracanes Irma y María, que ha beneficiado a más de 15 mil patronos con 369.7 millones de dólares de aporte federal.
Parte de la agenda de la comisionada incluye ampliar la participación en programas federales, poder extender incentivos como que el 100 por ciento de la isla esté categorizada como Zona de Oportunidad, respaldo a los Hub Zones, así como promover la inversión en la isla.
Algunas de las propuestas legislativas de la comisionada para el desarrollo económico incluyen:
El H.R. 302 radicado en enero, que busca extender en Puerto Rico el Child Tax Credit a padres con uno o dos hijos. Actualmente, en la isla sólo los padres con más de tres hijos reciben este crédito; sin embargo, solamente el 12% de las familias en Puerto Rico tienen tres o más hijos.
Esto representa una inyección aproximada de tres billones en la economía de Puerto Rico durante la próxima década, beneficiando a unas 355 mil familias puertorriqueñas con un pago promedio anual de 770 dólares por hogar.
La comisionada logró extender de manera retroactiva los beneficios del Rum Cover Over y extenderlo hasta el 2022 en el pasado Congreso; para este nuevo Congreso, González Colón busca que este beneficio sea permanente. Con estos ingresos, que en el año fiscal 2017 sumaron 420,204,758 dólares, se benefician instituciones como el Fideicomiso de Conservación.
Otra propuesta es el Puerto Rico Task Force Economic Empowerment Act, que propone una amplia gama de programas para impulsar la economía local como programas de incentivos, flexibilizaría programas de financiamiento, preferencia de contratación para negocios de Puerto Rico, creación de un Veteran Business Outreach Center y uniformar estadísticas, entre otros.
Parte de las propuestas contenidas en el HR 2488 para proporcionar asistencia a pequeños negocios, de la coautoría de la comisionada en el pasado Congreso, se convirtieron en ley bajo la sección 861 del John S. McCain National Defense Authorization Act para el año fiscal 2019.
La comisionada presentará diferentes medidas sobre las propuestas adicionales para impulsar a las pequeñas empresas.
Las propuestas convertidas en ley incluyen preferencia a los pequeños negocios con oficina principal en la isla al otorgar contratos federales; prioridad en la transferencia de excedente de propiedad a los pequeños negocios con oficina principal en Puerto Rico.
También, incentivar que las grandes firmas que obtienen contratos federales sean mentoras de los pequeños negocios locales; y eliminar el límite de tres acuerdos que puede suscribir una firma mentora bajo los llamados SBA Mentor-Protégé Agreements.
La comisionada radicará el Earned Income Tax Credit Equity for Puerto Rico Act para hacer a los residentes de Puerto Rico elegibles para el crédito federal por ingreso devengado federal.
La comisionada impulsará un incentivo federal para la industria del cine en Puerto Rico. La medida enmendaría la sección 181 del Código de Rentas Internas federal, para permitir que compañías productoras de cine, televisión o teatro puedan deducir costos hasta 15 o 20 millones de dólares en caso de que la producción se lleve a cabo en zonas de necesidad económica.
Este incentivo estuvo vigente por cinco años hasta el 31 de diciembre de 2016, pero no aplicó a Puerto Rico por considerarse al territorio como jurisdicción foránea. La congresista busca corregir esta desigualdad permitiendo por ley que se extienda este beneficio por cinco años adicionales, pero que en esta ocasión se incluya a Puerto Rico.
Otras de las medidas que conforman la agenda de desarrollo económico de la comisionada es el Puerto Rico Real Estate Exchange Fairness Act, para enmendar el Código de Rentas Internas federal para que las personas puedan reinvertir el producto de las ventas de propiedades en Estados Unidos en propiedades localizadas en Puerto Rico.
Esto permitiría promover la compra de bienes raíces en la isla por parte de residentes en los Estados y fortalecer la economía de Puerto Rico.
La comisionada describió el Puerto Rico Data Collection Equality que impulsará en el actual Congreso, como un mecanismo vital para una asignación de fondos correcta. Esta medida incluiría a Puerto Rico en la recopilación de data; así Puerto Rico dejaría de perder fondos federales por la falta de data.
El Puerto Rico Insurance Excise Tax Exemption Act busca exonerar a las pólizas de seguros emitidas en los territorios de los Estados Unidos, de impuesto federal a jurisdicciones foráneas.
Mientras, el Puerto Rico Economic Empowerment Act cuenta con el respaldo de líderes en el Senado como Marco Rubio y Orrin Hatch, ya que incluye propuestas del Grupo de Trabajo Bipartita del Congreso sobre desarrollo económico de Puerto Rico.
La medida tiene tres áreas de enfoque: alivios contributivos; flexibilidad en los programas de la Administración de Pequeños Negocios con relación a Puerto Rico y levantar estadísticas.
Por último, el Economic Development Act for Distressed se trabajó por más de un año como iniciativa del sector privado para atraer inversión privada a las zonas económicamente deprimidas. INS
P. Rico-Arquitectos advierten en terreno acerca de deficiencias de reparaciones post María
Guaynabo, 13 ene (INS).- El Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas (Caappr) advirtió que muchas viviendas que se sometieron a mejoras tras el huracán María presentan graves deficiencias que ponen en riesgo la seguridad de los moradores.
En la comunidad Vietnam, en Guaynabo, el Caappr desarrolló ayer el primero de una serie de talleres de orientación a damnificados que hicieron mejoras a sus hogares sin la asesoría técnica adecuada.
Según la arquitecta Diana Luna, presidenta del Caappr, “la construcción informal es un problema serio que va en aumento, pues muchos ciudadanos se cansaron de esperar por las aportaciones de FEMA y de otros seguros y han realizado mejoras improvisadas”.
Agregó que “en otros casos han sido grupo de voluntarios del exterior quienes han tratado de reparar sin prestar atención a las conexiones o uniones adecuadas entre cimientos, paredes, columnas y techos. Para poder resistir vientos, no sólo los huracanados, cada material de construcción conlleva uniones internas y externas particulares”.
Tanto Luna como el arquitecto Edwin Quiles, uno de los conferenciantes de estos talleres, enfatizaron que el hecho de que la vivienda esté construida en cemento no garantiza que sea 100% segura si las uniones entre las áreas antes descritas no están reforzadas adecuadamente o carecen de los anclajes correctos.
“Una estructura hecha totalmente en madera puede resistir huracanes y terremotos si sus uniones y conexiones están colocadas de acuerdo a lo que establecen los códigos de construcción”, subrayó Luna.
“En inspecciones oculares que hemos realizado en comunidades como Vietnam, vemos factores de riesgo como insuficiencia de refuerzo estructural tanto en construcciones de madera como hormigón, falta de anclajes en paredes de bloques e instalación de bloques sin reforzar, entre otros”, señaló Quiles.
El Caappr contempla ampliar estos talleres de orientación a diversos sectores de la isla, que serán anunciados en las comunidades a medida vaya avanzando el recorrido.
“Iniciamos este esfuerzo con la barriada Vietnam porque ya estamos aquí desarrollando la iniciativa Techos para Vietnam, donde rehabilitaremos una serie de viviendas con fondos provenientes de Unidos por Puerto Rico pareados con la organización sin fines de lucro PathStone”, informó Luna. INS
P. Rico-De “alto riesgo” los estados financieros de la UPR; funcionario espera “un milagro” antes de caer “al precipicio”
San Juan, 13 ene (INS).- Luego de que la compañía de contabilidad Arthur Andersen auditara aquí los estados financieros de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de 2017, decidió enviarlos a su división “de alto riesgo” en Washington, DC., que es donde están siendo “expurgados”, sostuvo una fuente de la agencia Inter News Service (INS).
Un estado financiero que se audita no debe presentar contradicciones o lagunas en sus diversos renglones, como ingresos y desembolsos, así como se debe evidenciar los datos que aporta el cliente.
El presidente de la UPR Jorge Haddock, informó a la prensa que sus estados financieros auditados están en manos de la empresa contratada. Sin embargo, no indicó que esta empresa en la isla no firmó dichos estados financieros auditados y, en vez, los envió a su división de alto riesgo en Estados Unidos, significando con esto que puede haber controversias contables que sólo los peritos de alto riesgo pueden aclarar.
El mayor riesgo, “fatal” indica la fuente de INS, es que Andersen decida no firmarlos o que al firmarse se declare el abismo económico que muestra la UPR y resulte en una entidad “no viable” de la manera en que está organizada.
En ambos casos, la consecuencia más inmediata sería que se le retire la acreditación al sistema universitario, de 11 unidades. En ese caso, el Departamento federal de Educación (DfE), que provee diversas ayudas a los estudiantes, ente ellas las vitales Pell Grant, se vería obligado a no otorgarlas.
El DfE provee las diversas ayudas a estudiantes e instituciones solo si estas están “acreditadas” por organismos independientes y no gubernamentales, entre ellos la Middle States Council on Higher Education (MSCHE).
El costo de los estudios para los estudiantes universitarios de la UPR sería prohibitivo para hasta el 60% de ellos, se indicó, particularmente en una economía deprimida con salarios caídos.
Ante la crisis fiscal de la UPR, una alternativa que se ha planteado el DfE es proveer la ayuda, pero mediante el mecanismo de reembolso. Es decir, la UPR le certifica al DfE mediante un riguroso sistema de contabilidad y garantías los gastos en que incurren los estudiantes en su matrícula y si la agencia federal los confirma mediante su propio análisis le reembolsa a la UPR el gasto entre 60 y 90 días después.
Este es un mecanismo engorroso y requiere de una gran cantidad de gastos para la propia UPR, que no tiene. Pero igualmente presupone que no se le quite la acreditación, aunque se mantenga en probatoria.
La fuente, con conocimiento interno de los procesos universitarios, señaló que los problemas no se refieren únicamente a la gestión administrativa de este gobierno, sino a la serie de problemas de gobernanza de la UPR desde al menos el 2010, aunque destacó que en estos últimos años sólo se ha destapado lo que por generaciones no hubo voluntad de hacer.
Esto es aumentar los costos de matrícula a niveles autosostenibles, reducir la cantidad de unidades, y reorganizar los sistema gerencial y burocrático, así como revisar el ofrecimiento educativo de la UPR, y adaptarla a tiempos de mayor independencia económica y hacerla menos dependiente del gobierno.
Si se le extiende una hasta ahora improbable probatoria, la UPR podría verse obligada a tomar muchas de estas medidas, incluso el cierre de unidades.
Para el decano interino de la Facultad de Estudios Generales de la UPR, Aurelio A. García, según carta enviada a sus profesores este viernes 11 de enero, parece que sólo una “circunstancia milagrosa” salvaría a la universidad.
“Solamente esperando una circunstancia milagrosa podremos salir de esta encrucijada”, reveló con obvio desespero.
Este indicó que “todo parece indicar que caemos imparablemente por la ladera de la montaña hacia el precipicio”.
García fue más específico que el propio presidente universitario o que el rector de Río Piedras, Luis A. Ferrao, al indicar que la UPR se encuentra en la etapa de “mostrar causa” por la cual no se le deba quitar la acreditación, pero a todo el sistema de 11 unidades. “Ese es el paso inmediatamente anterior a la retirada de acreditación”, aseguró.
Y añadió que la MSCHE les ha requerido que establezcan “un plan de repartición de nuestros estudiantes por programa a otras instituciones donde podrían completar su educación, de determinarse la retirada de la acreditación”.
La grave situación, reconoció, fue desencadenada por la incapacidad de mostrar los estados financieros auditados que, al parecer, no son presentables en sociedad. Aseguró que “es bastante difícil” que la universidad pueda cumplir con entregar a tiempo a la MSCHE esos estados financieros auditados para fines de este mes, lo que “desencadenaría la decisión negativa de la MSCHE”, que lleva años solicitándolos.
Hasta entrado el 2018, la nueva Junta de Gobierno que responde a la administración de turno no pudo nombrar a un presidente en propiedad. Desde el 2015 la institución venía corriendo con presidentes interinos. Ninguno de estos logró entregar a tiempo los estados financieros auditados. Algunos se tardaron varios años.
García recuerda que la probatoria en que estaba la UPR se debió a otras circunstancias. “Otras fallas y eventos bien conocidos”, como las varias huelgas universitarias, la más reciente de varios meses en el 2017, apenas comenzaban los nuevos gestores del gobierno.
Como en ocasiones anteriores, García reclamó que se depongan los intereses particulares de la comunidad universitaria para hacer un frente común que ayude a la UPR a transitar este momento.
“Les pido a todos aquellos que luchan por intereses particulares que recapaciten y que tomen nota de que nuestro amado país está a punto de perder su recurso más valioso”, solicitó para que, al menos, se logre extender una probatoria que, con mayor tiempo, ayude a resolver los problemas.
Perder la acreditación en recintos como los de Ciencias Médicas (medicina) o de Mayagüez (ingeniería) sería desastroso para las expectativas de empleo de sus graduandos, quienes ni siquiera podrían solicitar sus respectivas reválidas. INS
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