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San Juan, 12 ene (INS).- Luego que la compañía de contabilidad Arthur Andersen auditara aquí los estados financieros de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de 2017, decidió enviarlos a su división “de alto riesgo” en Washington, DC., que es donde están siendo “expurgados”, sostuvo una fuente de la agencia Inter News Service (INS).
Un estado financiero que se audita no debe presentar contradicciones o lagunas en sus diversos renglones, como ingresos y desembolsos, así como se debe evidenciar los datos que aporta el cliente.
El presidente de la UPR Jorge Haddock, informó a la prensa que sus estados financieros auditados están en manos de la empresa contratada. Sin embargo, no indicó que esta empresa en la isla no firmó dichos estados financieros auditados y, en vez, los envió a su división de alto riesgo en Estados Unidos, significando con esto que puede haber controversias contables que sólo los peritos de alto riesgo pueden aclarar.
El mayor riesgo, “fatal” indica la fuente de INS, es que Andersen decida no firmarlos o que al firmarse se declare el abismo económico que muestra la UPR y resulte en una entidad “no viable” de la manera en que está organizada.
En ambos casos, la consecuencia más inmediata sería que se le retire la acreditación al sistema universitario, de 11 unidades. En ese caso, el Departamento federal de Educación (DfE), que provee diversas ayudas a los estudiantes, ente ellas las vitales Pell Grant, se vería obligado a no otorgarlas.
El DfE provee las diversas ayudas a estudiantes e instituciones solo si estas están “acreditadas” por organismos independientes y no gubernamentales, entre ellos la Middle States Council on Higher Education (MSCHE).
El costo de los estudios para los estudiantes universitarios de la UPR sería prohibitivo para hasta el 60% de ellos, se indicó, particularmente en una economía deprimida con salarios caídos.
Ante la crisis fiscal de la UPR, una alternativa que se ha planteado el DfE es proveer la ayuda, pero mediante el mecanismo de reembolso. Es decir, la UPR le certifica al DfE mediante un riguroso sistema de contabilidad y garantías los gastos en que incurren los estudiantes en su matrícula y si la agencia federal los confirma mediante su propio análisis le reembolsa a la UPR el gasto entre 60 y 90 días después.
Este es un mecanismo engorroso y requiere de una gran cantidad de gastos para la propia UPR, que no tiene. Pero igualmente presupone que no se le quite la acreditación, aunque se mantenga en probatoria.
La fuente, con conocimiento interno de los procesos universitarios, señaló que los problemas no se refieren únicamente a la gestión administrativa de este gobierno, sino a la serie de problemas de gobernanza de la UPR desde al menos el 2010, aunque destacó que en estos últimos años sólo se ha destapado lo que por generaciones no hubo voluntad de hacer.
Esto es aumentar los costos de matrícula a niveles autosostenibles, reducir la cantidad de unidades, y reorganizar los sistema gerencial y burocrático, así como revisar el ofrecimiento educativo de la UPR, y adaptarla a tiempos de mayor independencia económica y hacerla menos dependiente del gobierno.
Si se le extiende una hasta ahora improbable probatoria, la UPR podría verse obligada a tomar muchas de estas medidas, incluso el cierre de unidades.
Para el decano interino de la Facultad de Estudios Generales de la UPR, Aurelio A. García, según carta enviada a sus profesores este viernes 11 de enero, parece que sólo una “circunstancia milagrosa” salvaría a la universidad.
“Solamente esperando una circunstancia milagrosa podremos salir de esta encrucijada”, reveló con obvio desespero.
Este indicó que “todo parece indicar que caemos imparablemente por la ladera de la montaña hacia el precipicio”.
García fue más específico que el propio presidente universitario o que el rector de Río Piedras, Luis A. Ferrao, al indicar que la UPR se encuentra en la etapa de “mostrar causa” por la cual no se le deba quitar la acreditación, pero a todo el sistema de 11 unidades. “Ese es el paso inmediatamente anterior a la retirada de acreditación”, aseguró.
Y añadió que la MSCHE les ha requerido que establezcan “un plan de repartición de nuestros estudiantes por programa a otras instituciones donde podrían completar su educación, de determinarse la retirada de la acreditación”.
La grave situación, reconoció, fue desencadenada por la incapacidad de mostrar los estados financieros auditados que, al parecer, no son presentables en sociedad. Aseguró que “es bastante difícil” que la universidad pueda cumplir con entregar a tiempo a la MSCHE esos estados financieros auditados para fines de este mes, lo que “desencadenaría la decisión negativa de la MSCHE”, que lleva años solicitándolos.
Hasta entrado el 2018, la nueva Junta de Gobierno que responde a la administración de turno no pudo nombrar a un presidente en propiedad. Desde el 2015 la institución venía corriendo con presidentes interinos. Ninguno de estos logró entregar a tiempo los estados financieros auditados. Algunos se tardaron varios años.
García recuerda que la probatoria en que estaba la UPR se debió a otras circunstancias. “Otras fallas y eventos bien conocidos”, como las varias huelgas universitarias, la más reciente de varios meses en el 2017, apenas comenzaban los nuevos gestores del gobierno.
Como en ocasiones anteriores, García reclamó que se depongan los intereses particulares de la comunidad universitaria para hacer un frente común que ayude a la UPR a transitar este momento.
“Les pido a todos aquellos que luchan por intereses particulares que recapaciten y que tomen nota de que nuestro amado país está a punto de perder su recurso más valioso”, solicitó para que, al menos, se logre extender una probatoria que, con mayor tiempo, ayude a resolver los problemas.
Perder la acreditación en recintos como los de Ciencias Médicas (medicina) o de Mayagüez (ingeniería) sería desastroso para las expectativas de empleo de sus graduandos, quienes ni siquiera podrían solicitar sus respectivas reválidas. INS
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