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San Juan, 28 dic (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares informó que la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Recursos Humanos de Estados Unidos aprobó a Puerto Rico un presupuesto de 905,103 dólares para la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (MFCU, siglas en inglés) del Departamento de Justicia.
El anuncio se dio luego de que la semana pasada el inspector general del Departamento de Salud y Recursos Humanos federal, Daniel R. Levinson, emitiera la certificación para la creación de la Unidad con vigencia de un año a partir del 1 de enero de 2019.
El presupuesto aprobado se dividirá en tres partidas, comenzando el 1 de enero con 301,701 dólares; la segunda, el 1 de abril; y la tercera, el 1 de julio.
“Ha sido nuestro compromiso ser una jurisdicción de ejemplo en el manejo de fondos públicos destinados a la salud de la ciudadanía y hoy reafirmamos esa meta. Con la aprobación de este presupuesto continuamos encaminando estos planes y dando las herramientas necesarias para llevar el mensaje firme a quienes buscan evadir la ley”, expresó el gobernador.
Mientras, la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, destacó que “el primer año a la Unidad de MFCU en Puerto Rico le aprobaron el 100% y libre de pareo. Esto es un gran logro, ya que muchas veces asignan fondos con una partida en pareo de fondos estatales”.
En mayo pasado, Vázquez Garced firmó la orden administrativa 2018-02 para crear MFCU, de conformidad con el proyecto de ley presentado ante la asamblea legislativa por el gobernador sobre las reclamaciones fraudulentas a los programas, contratos y servicios del gobierno de Puerto Rico.
La Unidad se dedicará a identificar, investigar y procesar el fraude y las reclamaciones falsas al Medicaid al promover el recobro de los fondos.
“La erradicación del fraude constituye una prioridad en la agenda del presente gobierno y del Departamento de Justicia, pues somos conscientes de las repercusiones del fraude en los servicios de salud y, sobre todo, en Medicaid”, se lee en la orden emitida por la secretaria de Justicia.
Y agrega que “ciertamente, reconocemos que la disponibilidad de fondos para tales servicios depende de la capacidad gubernamental para detectar y prevenir el fraude, y para facilitar el eventual procesamiento criminal y/o las acciones de recobro que correspondan”.
El propósito del mecanismo es operar un sistema de investigación y procesamiento de violaciones a las leyes estatales relativas al fraude en general y al fraude contra el programa Medicaid en Puerto Rico.
La Unidad lleva más de un año implementándose bajo la dirección de la Jefa de Fiscales del Departamento de Justicia, Olga Castellón Miranda; el director de la División de Crímenes Cibernéticos, fiscal Luis Freire; y la fiscal especial Daphne Cordero, y llevará a cabo investigaciones y promoverá las acciones criminales, civiles y administrativas que correspondan.
También tendrá facultad para investigar querellas sobre alegaciones de maltrato o negligencia contra pacientes en facilidades que reciben fondos bajo dicho programa, así como para investigar querellas sobre alegaciones de apropiación ilegal de fondos o bienes privados de los pacientes internados en dichas instalaciones o sus relacionadas.
La orden administrativa forma parte de un plan de trabajo que consiste en la legislación sometida por el gobernador, la radicación de una propuesta al Departamento de Salud federal para la obtención de fondos federales y la coordinación entre el Departamento de Salud, la Administración de Seguros de Salud (ASES) y Justicia para la identificación de la conducta fraudulenta.
La titular de Justicia indicó que “estamos sumamente complacidos con la certificación para formalizar la creación del MFCU en Puerto Rico. El fraude al Medicaid causa millones en pérdidas que repercutan en menos fondos federales para Puerto Rico. Por lo que atacar esta conducta es una de las prioridades para el Departamento de Justicia y para el gobernador”.
Además, “esto es importante para mantener la confianza con el gobierno de Estados Unidos y enviar un mensaje claro a los que cometen fraude y lucran a costa de otros. Trabajamos en conjunto con el Departamento de Salud para investigar, identificar y procesar a los que cometen este tipo de delito”. INS
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