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Visita del presidente Medina a China. / Inter News Service
Por Manuel Vólquez
Santo Domingo, 28 dic (INS).- El debate sobre una reforma constitucional que permita al presidente Danilo Medina optar a un tercer mandato, la continuación del proceso judicial a los imputados en el caso de corrupción Odebrecht, la aprobación de la Ley de Partidos Políticos, el tema del aborto, la violencia de género fueron los temas más comentados del año que finaliza.
También sonó bastante la controversia sobre la firma del Pacto Mundial para la Migración Segura Ordenada y Regular y el Pacto para protección a los Refugiados, auspiciados por la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU), y el rompimiento de las relaciones diplomáticas de República Dominicana con Taiwán, luego más de cuatro décadas de vínculos, para establecerlas con la República Popular China.
Además, fallecieron los artistas de sólida trayectoria nacional como los destacados locutores Teo Veras y Buenaventura Bueno Torres, el cineasta Fernando Báez, el merenguero Joseíto Mateo, el trompetista July Mateo (Rasputín), así como el baladista Juan Lanfranco, el compositor y músico Bullumba Landestoy, Isidro Aponte, mánager de la agrupación salsera Chiquito Team Band y el diseñador Jorge Diep.
Tras la aprobación este año de la ley de partidos, que fija el método de elección de los candidatos presidenciales, uno de los aspectos centrales de la discusión política en el país giró en torno a si Danilo Medina optará o no por una segunda reelección.
La controversia se mantiene en razón de que el gobernante, quien llegó al poder en 2012 y resultó reelegido cuatro años más tarde tras una modificación constitucional, ha dicho que no será hasta marzo del próximo año cuando fije posición sobre una eventual repostulación, actitud que es interpretada como un “sí” por la población dominicana, que de paso rechaza la reelección.
Con la actual Constitución, Medina no puede presentarse a un tercer mandato consecutivo ni a ningún otro, lo que a juicio de varios funcionarios del gobierno “es injusto y discriminatorio”, porque no impide que puedan presentarse a los próximos comicios electorales los expresidentes Leonel Fernández, que ha gobernado en tres períodos (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012) e Hipólito Mejía (2000-2004).
En el seno del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que llegó al poder por primera vez en 1996 y que gobierna ininterrumpidamente desde 2004, también hay voces discrepantes sobre una reforma constitucional que permita la reelección de Medina, por lo que la unidad de ese partido se pondrá a prueba el próximo año.
El reeleccionismo es repudiado por diversos sectores del país. El 28 de agosto de 2018, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró improcedente tratar el tema de la reelección presidencial constitucional al recordar que en la carta magna está muy claro la imposibilidad de que el presidente de la República pretenda optar por un tercer período.
Igual actitud asumió el Tribunal Constitucional (TC) cuando el 31 de agosto declaró inadmisible un recurso de inconstitucionalidad presentado ante esa instancia, el pasado el 15 de febrero, por el abogado Fredermido Ferreras Díaz, miembro del opositor Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), que buscaba que se declarara nula la disposición transitoria de la Constitución dominicana de 2015 que impide la reelección del actual Jefe del Estado.
El documento patrio establece en su vigésima disposición transitoria lo siguiente: “En el caso de que el Presidente de la República, correspondiente al período constitucional 2012-2016, sea candidato al mismo cargo, para el período constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente período ni a ningún otro ni a la vicepresidencia de la República”.
Mientras se espera el mes de marzo para que el presidente Danilo Medina decida si optará o no por un tercer mandato consecutivo, sus funcionarios no desaprovechan los actos públicos para pedirle que siga dirigiendo las riendas del Poder Ejecutivo, como réplica de los cancerberos políticos del fallecido presidente Joaquín Balaguer.
El 66.9% de los dominicanos desaprueba una eventual reforma constitucional para habilitar una nueva reelección para un tercer período consecutivo cara a las elecciones de mayo de 2020, de acuerdo con una encuesta publicada el 20 de marzo pasado por la firma encuestadora Gallup.
El estudio precisa que el 72.4% de los hombres, así como el 61% de las mujeres rechaza la reelección, al igual que el 69.7% de los adultos de 55 años o más.
Por otro lado, el más reciente reporte de la entidad Transparencia Internacional (2017) coloca a la República Dominicana en el puesto 135 entre 183 naciones más corruptas y una de los siete más corruptas de América Latina.
En los últimos cinco años, ha empeorado la percepción de los ciudadanos de la corrupción en el sector público, lo que ha venido acompañado de un aumento de su posición en el ranking internacional de corrupción.
Los escándalos de corrupción en las diferentes instituciones estatales, fenómeno que llenó los espacios de los medios nacionales el año pasado, son de los frentes abiertos que aún tiene la nación caribeña.
El caso de Odebrecht, que admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos a funcionarios y legisladores quisqueyanos entre 2001 y 2014, ha afectado la imagen del gobierno de Medina y ha originado una movilización sistemática y sin precedentes encabezada por el colectivo social “Marcha Verde” contra este flagelo social, cuya existencia es negada por el gobierno.
Por este hecho están imputados siete políticos y empresarios de una lista de 16 que figuraban en el expediente instrumentado por la Procuraduría General de la República, pero su camino en la justicia todavía está en la fase de la audiencia preliminar debido a los numerosos incidentes penales de los abogados que buscan que se archive el caso de manera definitiva.
Del mismo modo, los sobornos por 3.5 millones de dólares admitidos por la empresa brasileña Embraer a militares, empresarios y legisladores en la compra de ocho aviones Súper Tucano, es otro escarceo de corrupción aún pendiente por conocerse en los tribunales nacionales.
De igual manera, se destacó en el 2018 el tema del aborto prohibido mediante un proyecto de ley aprobado por el Senado en junio del 2017. Sin embargo, la pieza no fue promulgada por el Poder Ejecutivo y en cambio fue devuelta al Congreso Nacional a condición de que se apruebe con las siguientes causales: cuando sea el producto de violación o incesto, cuando el embarazo pone en peligro la vida o salud de la madre, y por malformación incompatible con la vida.
Un 79% de la población dominicana aprueba las tres causales, según una encuesta realizada por grupos que defienden la despenalización parcial del parto interrumpido. La prohibición ha generado opiniones a favor de parte de las iglesias y otros sectores de la sociedad, mientras los movimientos feministas libran una lucha permanente contra esos intentos.
La violencia de género es otro aspecto noticioso que se mantuvo en los medios. De acuerdo a una publicación del 25 de julio de 2018, en República Dominicana, desde 2005 a la fecha, han muerto 2,450 mujeres en agrias discusiones con sus parejas, de las cuales 1,273 han sido feminicidios para un 52% del total de las víctimas mortales.
En un acto encabezado el 29 de noviembre por el procurador general de la República, Jean Rodríguez, y la embajadora de los Estados Unidos de América en el país, Robin S. Bernstein, fue lanzado un programa con el pretexto de frenar esos crímenes mediante la adecuación de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Oeste.
El 4 de diciembre, el país decidió no firmar el Pacto Mundial para la Migración Segura Ordenada y Regular auspiciada por la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU), por considerar que su adopción generaría compromisos que podrían socavar las medidas migratorias e igualmente conllevaría cargas para el país que desbordarían sus recursos.
El 17 de diciembre tampoco adoptó el Pacto Mundial sobre Refugiados conocido durante la Sesión Plenaria de la 73ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York.
La posición fue asumida tras la presión de los diferentes liderazgos del país (oficialistas y de la oposición política), que argumentaron que ambos pactos constituían un atentado a la soberanía e independencia dominicanas.
En el terreno internacional, además se decidió este año dar un giro en su política exterior al romper sus históricos lazos con Taiwán y establecer relaciones con China, país con el que ya registraba un intercambio comercial por importe de unos dos mil millones de dólares.
La decisión fue recibida con entusiasmo por los principales gremios empresariales, que desde hace varios años habían pedido al gobierno dominicano un mayor acercamiento diplomático, comercial y económico con Beijing.
La iniciativa propició que por primera vez un gobernante criollo, Danilo Medina, hiciera una visita oficial a ese país asiático, y generó protestas de parte del gobierno de Estados Unidos.
Asimismo, República Dominicana dedicó esfuerzos al diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela, como anfitrión de unas conversaciones que culminaron sin éxito en febrero pasado tras varias rondas que se iniciaron en septiembre de 2017.
Otro acontecimiento que causó mucho furor fue que por primera vez en su historia, a partir de enero del próximo año, el Estado Dominicano será miembro del Consejo de Seguridad para el bienio 2019-2020, tras ser elegida el pasado mes de junio con un amplio respaldo para ocupar uno de los asientos de Latinoamérica y el Caribe. INS
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