R. Dominicana-Participación Ciudadana denuncia precariedad institucional prevaleciente

Santo Domingo, 20 dic (INS).- El movimiento cívico Participación Ciudadana consideró que las precariedad institucional domina hoy el escenario nacional durante el año 2018, con el fantasma de la reelección distrayendo la atención de las autoridades y la sociedad y alentando una severa crisis en el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Indicó que una prematura precampaña electoral de varios aspirantes del partido oficial se produjo en desafío a la ley y reglamentos que establecen restricciones para evitar los excesivos gastos y abuso de recursos públicos.

Los detalles son presentados en un balance sobre los hechos que marcaron el año que finaliza en la República Dominicana, donde se registra como elemento positivo la aprobación de una Ley de Partidos Políticos discutida por dos décadas, “que marca algunos avances importantes, sobre todo al postular la transparencia y límites del financiamiento y promover la paridad de género”.

La organización, sin embargo, afirma que esa iniciativa “terminó con varios preceptos de cuestionada constitucionalidad, sometidos al dictamen judicial, algunas iniquidades y con un pobre régimen de sanciones que no disuade las violaciones”.

Destaca que al final del año, el Consejo Nacional de la Magistratura realizó una renovación parcial de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, “reduciendo el secuestro partidario de ese organismo”.

“Mientras la presidencia incrementa sus gastos y reparte cada vez mayor cantidad de recursos a título personal del Presidente, se mantiene congelada o en reducción la proporción presupuestaria a la Justicia y el Ministerio Público, así como a la salud pública y a múltiples entidades estatales. El poder municipal recibe menos del tres por ciento de los ingresos nacionales, aunque su ley orgánica dispone el diez. El presidente reparte hasta el dinero que la ley ordena entregar a los municipios donde hay explotación minera, que apenas reciben la décima parte de lo que corresponde”, apuntó.

Participación Ciudadana expresó que el Congreso Nacional siguió subordinado al Poder Ejecutivo, aprobando préstamos y presupuesto sin mayores ponderaciones y negado a cumplir sus funciones de fiscalización. Esto último quedó demostrado en la negativa de la Cámara de Diputados a investigar los contratos de publicidad y asesoría política por más de 1,300 millones de pesos (25,785,981 dólares), otorgados por el gobierno a dos empresas de los asesores políticos del presidente Danilo Medina: Joao Santana y Mónica Moura.

Enfatizó que los legisladores oficialistas rechazaron varias veces la petición de crear una comisión de investigación demandada en base a una certificación de la Contraloría General de la República obtenida por la diputada Faride Raful, del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Comenta que estudios y encuestas publicados en este año “muestran una alarmante caída de la credibilidad en las instituciones democráticas nacionales. Los poderes legislativo, judicial y ejecutivo aparecen, junto a la Policía Nacional, como las cuatro instituciones con menor credibilidad”.

“Se avanzó este año en la implementación del Programa Nacional de Regularización de Extranjeros, con la flexibilización de requerimientos que no habían podido cumplir más del 90% de unos 240 mil solicitantes. Sin embargo, prevalece mucha opacidad en los términos y las metas alcanzadas. Aunque las autoridades han deportado a decenas de miles, un lucrativo tráfico humano prosigue en la frontera, sin que se tenga información de que las autoridades hayan comenzado a exigir a los empleadores que no contraten a inmigrantes sin la documentación correspondiente”, agregó.

Manifestó que varios incidentes en la franja fronteriza afectaron la seguridad de ciudadanos dominicanos y haitianos y el intercambio comercial, con repercusiones negativas para productores nacionales y poblaciones como Pedernales (suroeste) y Dajabón (noroeste).

Participación Ciudadana asegura que el 2018 no registra ningún avance significativo en el compromiso del gobierno dominicano y del presidente Medina de combatir la corrupción y la impunidad; “ por el contrario, además de mantener las mismas tendencias de años anteriores, crece la percepción de aumento de la corrupción y no se produce ninguna condena importante”.

“Así lo muestran los distintos estudios de organismos multilaterales publicados este año, entre los que se destacan: The Economist, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, Latinobarómetro, Oxfam, Barómetro de Las Américas y el índice de Transparencia Internacional”, expresó.

La organización resaltó que el caso más importante de corrupción en el 2018 sigue siendo el de la constructora brasileña Odebrecht, “debido a que la Procuraduría General de la República presentó un expediente que contiene unos pocos acusados, excluyó todo el periodo de gobierno del presidente Medina, no ha presentado las auditorías de obras que, de acuerdo a confesión de la empresa, fueron sobrevaluadas en más de un 20 por ciento. Tampoco se han investigado las denuncias y querellas sobre la intervención de esa empresa en el financiamiento de campañas electorales en el 2012 y 2016, especialmente sobre el papel que jugaron Joao Santana y Mónica Moura en las campañas del presidente Danilo Medina”.

Consigna el informe del movimiento cívico que el país sigue siendo el único que no tiene un solo preso por el escándalo Odebrecht, a pesar de ser el que encabeza el monto de sobornos, según confesión de la misma empresa. La Cámara de Cuentas tampoco informa sobre los avances en la evaluación de las 17 obras, para verificar y ventilar las sobrevaluaciones.

Precisa que los casos de corrupción acumulados en los últimos años y con expedientes en la justicia no registraron avances en el 2018. Entre estos se destacan: el escándalo de la Plaza de la Salud Dr. Luis E. Aybar; la responsabilidad del Ministerio de Industria y Comercio en el abusivo precio de paridad de importación del Gas Licuado de Petroleo, donde el gobierno se apropió el enorme excedente desde finales del 2017 y no investigó a quienes se enriquecieron sobre valuando el costo de los combustibles; el nepotismo y el clientelismo se mantienen en el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

También comenta una nominilla del Ministerio de Relaciones Exteriores con 225 “botellas políticas” (empleados que cobran sin trabajar) del partido presidido por el canciller, por un monto mensual superior a los 18 millones de pesos (357,036 dólares) e informó que, en los últimos cinco años, la Cámara de Diputados gastó más de 170 millones de pesos (3,372,012 dólares) en viajes, viáticos y dietas. INS

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