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San Juan, 20 dic (INS).- El Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (Fadep) emplazó hoy al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y a los presidentes de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez Núñez, y del Senado, Thomas Rivera Schatz, a que asuman una posición ante el plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que pretende despojar a los maestros activos de una pensión de 75 por ciento, luego de 30 años de servicio y con más de 50 años, conforme lo establece la Ley 91 de 2004.
“El Plan Fiscal, que funciona como la guía de la política pública a implantar por el Gobierno, indica que todos los maestros activos pasarían al sistema de aportaciones definidas, lo cual implica revertir la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 2014 y derogar los artículos de la Ley 106 de 2017 que protegen los derechos de más de 25 mil maestros a los que se les reconoce el derecho adquirido de tener una pensión conforme a lo que establece la Ley 91 de 2004, bajo el concepto de beneficios definidos”, argumentó la organización.
El Fadep, que está compuesto por diversas organizaciones de docentes, incluso universitarios y directores, expuso que ante la amenaza a las pensiones que impulsa el Plan Fiscal, actualmente acuden cientos de maestros diariamente a las oficinas del Sistema de Retiro para Maestros para evaluar su situación y solicitar los documentos para retirarse.
Anotó que esto ha provocado declaraciones públicas del director ejecutivo del Sistema de Retiro para Maestros, Armando Rivera Díaz, y de la secretaria de Educación, Julia Keleher, intentando establecer que las pensiones de los maestros están garantizadas.
Igualmente el presidente de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino, habla de la “garantía” de las pensiones, por lo que “esa supuesta garantía no es real mientras no exista una determinación firme, categórica y permanente del Gobernador y la Legislatura respecto a lo que establece el Plan Fiscal en contra de los maestros activos y los pensionados”.
“Las intenciones de la junta de control fiscal de derogar el derecho adquirido de los maestros tendrían el efecto de reducir sustancialmente la pensión por la que los maestros llevan trabajando 15, 20, 25 y 30 años de servicio. Por ejemplo, un maestro con 55 años y 30 años de servicio podría retirarse con una pensión de 2,000 dólares mensuales, que no es suficiente”, sostuvo el frente.
Argumentó que de implantarse lo que pretende el Plan Fiscal, la pensión de ese maestro podría reducirse a 1,000 dólares mensuales, lo cual se agrava con la propuesta reducción de 10 a 25 por ciento a los que actualmente reciben sus pensiones.
“Sería una pensión de indigencia total: sin plan médico, sin dinero para medicamentos, sin dinero para pagar su vivienda, entre otras situaciones de crisis humanitaria”, recalcó el Fadep, que convocó al magisterio a asistir a la manifestación el próximo 16 de enero de 2019 frente a la corte federal para reclamar el rechazo al acuerdo abusivo entre la JSF y los acreedores de Cofina (Corporación del Fondo de Interés Apremiante).
“El Plan fiscal establece que las cuentas individuales comenzarían a implantarse a todos los maestros a partir del 1ro de julio de 2019 y que se debe aprobar la legislación requerida en o antes del 31 de diciembre de 2018. Si miles de maestros optan por retirarse ante esta amenaza, se desestabilizaría de forma permanente el sistema educativo”, anotó el Fadep. INS
ndc