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San Juan, 20 dic (INS).- La mujer policía Rosa Ortiz Agosto demandó a la Policía Municipal de Cataño, al gobierno municipal, a la Procuradora de las Mujeres y a una serie de agentes municipales por permitir y no intervenir ante lo que se describió como un grave patrón de hostigamiento sexual, hostigamiento laboral, amenazas, acoso y discriminación racial y hostigamiento en su contra ella por parte de sus superiores a lo largo de un año.
Los licenciados Marcos Rivera Ortiz y Marializ Rivera Gutiérrez, representantes de la perjudicada, aseguraron en rueda de prensa que “en momentos en que en Puerto Rico se protesta por la violencia de género, los prejuicios hacia la mujer y los feminicidios, es intolerable que estos casos estén pasando”.
Rivera Ortiz explicó que varios superiores hostigaban a la policía Ortiz Agosto para obligarla a tener relaciones sexuales y como ella se negó, empezaron a asediarla, a perseguirla en su trabajo y a burlarse por ser de la raza negra.
“La insultaban, le decían que era del partido político contrario y cuando ella se querelló, iniciaron una campaña de descrédito y empezaron a fabricarle cargos para intimidarla”, dijo el abogado, quien es reconocido por toda una vida en defensa de víctimas de acoso y discriminación.
Como demandados figuran, además, los tenientes Osvaldo Báez Ferrer, Eliezer Vargas De Jesús y Juan José Torres González; el comisionado Edwin Rivera Martínez; los sargentos Edwin Rivera Rodríguez, Luis Acosta Alago, Carlos Santos Dones y Julio Lozada Amezquita; el policía Alexis Ocasio Ortiz y Javish Collado Fernández.
“Este caso es grave porque además del patrón de hostigamiento sexual y de género, se creó todo un ambiente hostil de discriminación racial; vemos que el racismo va de la mano con la represión”, sostuvo por su parte la letrada Rivera Gutiérrez.
Ortiz Agosto lleva 18 años de servicio en la Policía Municipal de Cataño y nunca había tenido problemas en sus funciones, ni había recibido quejas, querellas o procesos disciplinarios a lo largo de su carrera, según sus abogados.
Esta situación cambió a partir del año 2017, cuando se negó a aceptar los insistentes y degradantes avance sexuales por parte del teniente Báez Ferrer, según se establece en la demanda.
Una vez se quejó, entonces se inició un patrón de hostigamiento laboral y político contra ella que incluyó al sargento Carlos Santos Dones, al teniente Juan José Torres González, al sargento Julio Lozada Amezquita y al comisionado Edwin Rivera Martínez, quienes empleaban frases como “no te vengas a quejar populeta”, “no llores, quédate callada” o “tú sabes lo que tienes que hacer”, insinuando que debía tener sexo con sus superior.
Al negarse a esto, se indicó, entonces comenzó a ser víctima de ataques a su honra, burlas, comentarios, actos discriminatorios, por parte de sus compañeros agentes, tenientes y sargentos, además de iniciar una investigaciones administrativas en su contra para amedrentarla.
La perjudicada lo manifestó a sus superiores en varias ocasiones y presentó querellas, sin que nada lo hicieran sus superiores para proteger su salud o integridad.
“Por el contrario, tomaron represalias, crearon ambiente hostil y de acoso sexual, laboral y político contra ella; le hacían insinuaciones sexuales y se le aparecían en su espacio de trabajo”, se argumentó.
Además, los oficiales utilizaban lenguaje soez en su contra y expresiones discriminatorias de carácter político, según la demanda. INS
ndc