Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el martes 4 de diciembre de 2018
P. Rico-Junta de Supervisión Fiscal solicita al Tribunal de Apelaciones de Boston que sostenga constitucionalidad de su creación
San Juan, 4 dic (INS).- La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico reiteró anoche la constitucionalidad de su creación bajo la Ley federal Promesa, ahora que está bajo fuego en la corte de apelaciones del Primer Circuito de Boston.
La Junta fue creada por el Congreso bajo la ley bipartita Puerto Rico Oversight, Management and Economic Sustainability Act (“Promesa”). Esta figura como un apéndice del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y la ley congresional explícitamente señala que no debe ser considerado un organismo federal, sino estatal.
Al ente se le otorgó poderes casi omnipotentes sobre las finanzas de la Isla, a las que están supeditadas los tres poderes de gobierno.
“La decisión comprensiva y bien razonada de la jueza (de quiebras, Taylor) Swain más temprano este año dictaminó que el Congreso no estaba limitado por la cláusula de Nombramientos de la Constitución de los Estados Unidos al crear la Junta de Supervisión”, dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Supervisión.
Y agregó: “Confiamos en que el Tribunal de Apelaciones afirmará la constitucionalidad del nombramiento de la Junta de Supervisión según lo establecido por el Congreso bajo PROMESA”. INS
EEUU-Peregrinaje popular al circuito de Boston, buscando desollar la Promesa Act
Boston, 4 dic (INS).- El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, anunció en declaraciones escritas que se encuentra en el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Boston junto a otros representantes para “lograr enmiendas a la Ley Promesa”.
Señaló que con él se encuentra los representantes Jesús Santa, Javier Aponte Dalmau, Luis Ortiz Lugo y Lydia Méndez “en vías de lograr enmiendas a la Ley Promesa que permitan continuar con la renegociación con los acreedores en mejores términos, y sin intermediarios”.
“Para nosotros es un orgullo el hecho que nuestras luchas contra los atropellos de la Junta de Control Fiscal y la administración de Ricardo Rosselló tuvieran eco en nuestra colectividad tras la aprobación de forma unánime de un grupo de 50 líderes compuesto por aspirantes e incumbentes”, expresó Hernández Montañez.
Méndez, por su parte, emplazó a los líderes del Partido Nuevo Progresista a hacer acto de presencia.
“Fui la primera en comunicarle al país que no se dejara engañar. La Junta de Control Fiscal y Rosselló son lo mismo. El tiempo me ha dado la razón, y la evidencia es clara. ¿Donde está el PNP? Estamos aquí solos como institución política los populares defendiendo a nuestra gente en el Tribunal”, dijo.
Mientras, Santa sostuvo que los argumentos de la defensa del Departamento federal de Justicia y la Junta de Control Fiscal son una desfachatez.
“Lo que han presentado hasta el momento para defender su posición deja mucho que desear. Ciertamente, raya en la falta de respeto y es una desfachatez por parte de la defensa”, manifestó.
De otro lado, el representante Aponte Dalmau resaltó lo que a su entender son elementos de tiranía.
“Nuestra posición es clara: si un funcionario está envestido a implementar la política pública federal, tiene que cumplir con el cedazo constitucional del Consejo y Consentimiento del Senado Federal. Los nombramientos son atisbos de tiranía dictatoria. ¿Dónde quedó el principio de “we the people” y el balance de poderes para evitar el abuso?”, cuestionó.
El representante Luis “Narmito” Ortiz enfatizó en la importancia de continuar llevando el mensaje de sacar de Puerto Rico a la Junta de Control Fiscal.
“La intervención totalitaria de la Junta es el resultado de la visión de los republicanos. Con la oportunidad de tener en los próximos dos años un Congreso federal demócrata, podemos continuar llevando el mensaje, para cuando asumamos las riendas del país, tengamos la oportunidad de gobernar en el 2020 de manera disciplinada pero sensible”, dijo. INS
P. Rico-Se profundiza la crisis en el Negociado de Ciencias Forenses
San Juan, 4 dic (INS).- El tan esperado renacimiento del Negociado de Ciencias Forenses (NCF) luego de la “limpieza” que realizó el representante Juan Oscar Morales Rodríguez tendrá que seguir esperando.
La agencia Inter News Service (INS) supo que a este momento hay sobre 85 cadáveres que están siendo reclamados por sus familiares por autopsias no realizadas, cuando en los peores momentos del NCF en el verano pasado se calculaban en no más de 35. En ese momento sí hubo un problema de hacinamiento que en solo semanas se resolvió.
Sin embargo, esa crisis de verano resultó en la renuncia del comisionado Edwin Crespo, uno de los pocos arqueólogos forenses en todo el Caribe y conocido científico forense, y de la subcomisionada Mónica Menéndez.
Con el nombramiento interino hecho hace un mes de la química forense Luz Silva, el entonces comisionado interino Carlos Chávez, renunció a continuar dirigiendo la esencial sección de patología, y regresó a su puesto de carrera de patólogo. Chávez sostuvo que no trabajará bajo la supervisión directa de Silva, supo INS. Desde entonces, la sección está acéfala.
Silva, por otro lado, aún continúa cobrando su salario “fuera de nómina”, se reveló a INS. Esto es, que debido a su patrón de ausencias no tiene días de vacaciones ni por enfermedad acumulados. Por tanto, el cheque automático que expide el gobierno los días 15 y 30 para los empleados no le llega, pues este sistema requiere que los empleados tengan días acumulados. En ese sentido, Silva cobra “fuera de nómina” días más tarde, cuando se cuadre que en esas semanas trabajadas no se ha ausentado del trabajo.
Aún así, cuando fue nombrada al interinato no participó de la rueda de prensa para presentarla porque estaba de vacaciones en Europa, que estaba “programadas”. La fuente no sabe si esos días le fueron descontados de su salario.
Este es el mismo caso del investigador forense Carlos Vélez, presidente del sindicato que enfrenta elecciones este viernes y que apoyó a Silva. Vélez también cobra fuera de nómina por las mismas razones. Vélez ha sido vocal sobre los supuestos problemas en el NCF y es fuente principal de la Comisión de Salud, que preside el representante Morales Rodríguez. En el 2014 sa Vélez se le radicó una querella por hostigar a una empleada de mantenimiento en el trabajo, de la que supuestamente se burlaba. La querella nunca fue resuelta y la empleada terminó renunciando.
Otro informante de la Comisión, el investigador forense Edgardo Vera, que estuvo bajo investigación administrativa por cederle el paso a zonas de alta seguridad a una comisión de representantes y la prensa, es ahora el chofer y ayudante especial de Silva. Este no tiene un nombramiento todavía, supo INS, aunque el NCF tiene una crisis por la falta de investigadores forenses.
Por otro lado, la fuente reveló que Silva fue nombrada comisionada sin tener los requerimientos que exige el cargo.
Precisamente, el representante Morales Rodríguez había impugnado el interinato de Menéndez, quien como subcomisionada corrió incidentalmente el NCF cuando Crespo se mantuvo un tiempo hospitalizado. Menéndez no tenía un nombramiento, sino que parte de las funciones de un subcomisionado es asumir la posición superior en lo que se reintegra el comisionado.
INS se enteró que además de un doctorado, ostentar el cargo exige cinco años de experiencia como científico forense.
Aunque Silva tiene 23 años en el NCF, la mayor parte de ellos fueron como técnico forense. No es hasta que hace su doctorado hace cuatro años que obtiene la plaza de química forense (científico forense). Aun le faltaría un año para calificar al puesto.
Sus ejecuciones en el cargo, supo INS, no ha estado ajena a controversias. Una de su primeras órdenes fue sacar del puesto de supervisora de la sección de sustancias controladas a Mónica Torres Pérez, químico forense II, en una escueta carta.
“Ha caducado”, le dijo Silva Torres a Torres Pérez en una oración, “efectivo inmediatamente” el nombramiento como supervisora interina.
Hace unos años, Torres Pérez había relevado a Silva de su puesto por insubordinación. El secretario de Seguridad Pública Héctor Pesquera le ordenó a Silva revocar el despido y le prohibió cesantear personal.
Mientras, la presidenta de Servidores Públicos Unidos, Local 2099, Annette González, y el sindicato de Vélez, felicitaron a Silva. Silva había trabajado para el sindicato del NCF.
Los sindicatos de Vélez y de González han reclamado que el NCF esté fuera de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública, a lo que Pesquera se opone. Aun no se sabe cuál es la posición de Silva.
El NCF tampoco ha podido resolver el problema de los “rape kits”, que siguen sin ser procesados. INS
P. Rico-Junta de directores del Instituto de Estadísticas solicita la renuncia a Marazzi Santiago
San Juan, 4 dic (INS).- El presidente de la junta de directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Arnaldo Cruz, informó ayer que solicitó la renuncia al director ejecutivo de la dependencia pública, Mario Marazzi Santiago.
La determinación se tomó el pasado viernes y ayer se dio a conocer.
Según explicó Cruz, el 29 de noviembre se celebró una reunión ordinaria en la que se aprobó una moción para solicitarle la renuncia a Marazzi Santiago en atención a la información trascendida en un medio de comunicación y a un intercambio de mensajes relacionado que se sostuvo con el funcionario, con respecto a una orden de protección emitida en su contra por los tribunales.
La moción de solicitud de renuncia contó con cuatro votos a favor, dos en contra, con voto explicativo, y una abstención.
Los cuatro votos a favor fueron por parte del licenciado Alex López así como por los tres nuevos miembros de la junta de directores nombrados recientemente por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares: el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy, el economista Nicolás Muñoz y el contador público autorizado Harry Santiago.
Los dos votos en contra fueron por parte del vicepresidente de la junta del Instituto y economista, Antonio Fernós, y la doctora en Estadísticas y catedrática de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, Marta Álvarez.
En su voto explicativo ambos expusieron que su votación en contra respondía a que no tenían copia de la orden de protección ni los elementos de juicio necesarios para solicitar la renuncia al director ejecutivo y no les parecía prudente hacerlo solo sobre la base de lo publicado en la prensa.
El presidente de la junta de directores del Instituto aclaró que se abstuvo de votar por las mismas razones.
Agregó que el acuerdo unánime de los miembros de la junta de directores del Instituto fue que, por deferencia a las contribuciones de Marazzi Santiago al Instituto y con el interés de darle un espacio razonable para la reflexión, se le ofrecería hasta las 5:00 de la tarde de ayer para responder a la solicitud.
Posteriormente, se harían los anuncios públicos pertinentes a través de los medios de comunicación.
No obstante, Cruz aclaró que, tras la primera votación del viernes, lograron obtener copia de la orden de protección emitida, razón por la cual se acordó celebrar una nueva votación el domingo (referendo electrónico).
En esta segunda votación un total de seis de los siete miembros participaron y votaron a favor de la solicitud de renuncia de Marazzi Santiago.
El miembro de Junta que no participó fue el economista Fernós, quien renunció a su posición durante el periodo de votación ofrecido para el referendo electrónico.
“En la tarde de 4 (ayer), en respeto y cumplimiento con el acuerdo de la junta de directores, notifico de manera oficial que se ha aprobado una moción de solicitud de renuncia al director ejecutivo del Instituto de Estadísticas, Mario Marazzi Santiago. El doctor Marazzi Santiago solicitó a la junta de directores tiempo adicional para responder a nuestra petición, solicitud que no fue acogida por la mayoría de los miembros de la junta de directores. Estaremos evaluando cuáles serán los próximos pasos, conforme a la ley y reglamentos del Instituto, para iniciar un proceso de remoción”, expresó el presidente de la junta de directores del Instituto. INS
P. Rico-Gobernador convierte en ley proyectos para retener médicos y lograr que haya más de estos profesionales en casos catastróficos
San Juan, 4 dic (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares convirtió ayer en ley los proyectos de la Cámara 1083 y 1281, iniciativas que buscan crear un ambiente atractivo para retener médicos en la Isla y proteger a profesionales de la salud que ofrecen sus servicios humanitarios durante emergencias.
El proyecto de la Cámara 1083 brinda un proceso justo para evitar demandas de impericia frívolas contra la clase médica.
Las demandas encarecen los servicios médicos y abonan a la decisión de muchos médicos de mudarse a otras jurisdicciones de los Estados Unidos.
De igual forma, el proyecto crea un panel especializado que evaluará los méritos de estas demandas.
El panel estaría compuesto por un profesional de la salud, un exjuez o abogado y un representante del interés público.
Además, el panel evaluará si la demanda es frívola o no, y si recomienda al juez la prestación de una fianza.
En casos que el demandante sea indigente, este no tendrá que pasar por el proceso del panel de especialistas o prestar fianza.
“Puerto Rico cuenta con un gran talento en diversos campos; entre estos, el de la salud. Queremos retener a nuestro talento médico y continuamos buscando iniciativas que retengan a nuestros profesionales, para el beneficio de la ciudadanía y de nuestra economía. Estas iniciativas se unen a otras que han marcado nuestra política pública de compromiso con la salud”, expresó el primer ejecutivo.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Traumatología, Pedro Tort, indicó que “por décadas, los ortopedas hemos impulsado legislación para mitigar los altos costos de los seguros de impericia médica. Esta ley, permite que los médicos puedan dedicar más de su tiempo para atender pacientes con casos de alto riesgo. En adición, contribuye a detener la fuga de subespecialistas hacia los Estados Unidos”.
De igual forma, el presidente del Puerto Rico Obstetrics and Gynecology (PROGYN) y jefe de la sección de Puerto Rico del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), Nabal Bracero, explicó que en Puerto Rico existe una alta incidencia de reclamaciones extrajudiciales y judiciales contra los ginecólogos obstetras, en comparación con otras jurisdicciones.
Bracero sostuvo que “un panel de expertos que pueda apoyar a nuestra rama judicial e identificar las demandas frívolas, será un gran avance para nuestra profesión”.
En cuanto al proyecto de la Cámara 1281, protege a los voluntarios profesionales de la salud que ofrecen sus servicios humanitarios en emergencias como la ocurrida en Puerto Rico con los huracanes Irma y María.
La ley extiende las protecciones de la Ley del Buen Samaritano a los profesionales de la salud provenientes de otras jurisdicciones y destacados para atender un evento catastrófico.
El primer ejecutivo afirmó que “esta medida fortalece los mecanismos de protección a los profesionales de salud que provienen de otros estados para prestar asistencia médica en eventos catastróficos. Así, podremos atraer más profesionales a atender una emergencia como la que vivimos el año pasado”.
El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, aplaudió la firma de ambas medidas y señaló que “el panel de expertos creado es un paso en la dirección correcta para poder atajar el problema que las demandas de impericia médica le representan a los doctores”.
Ramos indicó además que “el proyecto de la Cámara 1281 le brinda una protección adicional a aquellos compañeros médicos que prestaron de su tiempo y talento para ayudar a los necesitados en Puerto Rico. Agradezco al gobernador por haber impulsado estas iniciativas”.
Rosselló Nevares manifestó que “la fuga de médicos en Puerto Rico es un asunto que trastoca la salud de todos los puertorriqueños. He promovido iniciativas como la Ley 14 de 2017 de incentivos contributivos a la clase médica para tratar de mejorar las condiciones de trabajo de estos profesionales. Actualmente, 2,417 médicos se han beneficiado de esta ley y han decidido quedarse en Puerto Rico”.
A la Ley 14 de 2017 se suma la Ley 43 de 2017, que enmendó la Ley 20 de 2012 para que los servicios de turismo médico e instalaciones de telemedicina sean elegibles para recibir incentivos económicos por exportación de servicios locales.
“Con dicha medida nuestros médicos pueden ampliar sus servicios en el campo de la telemedicina y el turismo médico. Además, aquellos que viven fuera, tienen un incentivo para establecerse en nuestra Isla y comenzar a exportar servicios de telemedicina o turismo médico”, manifestó el gobernador. INS
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