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San Juan, 9 nov (INS).- La Cámara de Representantes enmendará la “Ley de Pruebas para la Detección de Sustancias Controladas en el Sector Público”, para darle potestad a cada jefe de agencia o programas de seguridad pública prohibir que el personal utilice anabólicos-androgénicos.
La medida se toma “en aras de reafirmar el compromiso de erradicar el uso de sustancias controladas en los funcionarios públicos por consideraciones de salud y asegurar la protección de la vida del colectivo”, según un comunicado de prensa de la Cámara.
El Proyecto de la Cámara 1871 es de la autoría del presidente del cuerpo Carlos “Johnny” Méndez Núñez y los representantes Gabriel Rodriguez Aguiló y Jorge Navarro Suárez.
La medida viene a cumplir con las exigencias del acuerdo entre el Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Justicia Federal en el 2013, bajo el cual se busca realizar una reforma dentro del Negociado de la Policía.
“Mediante esta legislación se establece la política pública para que se someta al personal del NPPR y de otras agencias encargadas de brindar seguridad a pruebas de laboratorio para detectar si han utilizado estas sustancias. Las pruebas se podrán realizar tanto al momento del reclutamiento, como durante el servicio, cuando exista la sospecha razonable individualizada, de que el funcionario pueda estar usando este tipo de sustancia, que produce cambios súbitos de conducta, con tendencia hacia la agresividad e incidentes en uso de fuerza”, destacan en la pieza los representantes.
También se consideró el P. de la C. 1588 y 1119, de Franqui Atiles, que enmiendan la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para disponer que en la expedición o renovación de la licencia de conducir automáticamente se inscriba la persona (si la persona lo desea) al Registro General de Electores para que pueda ser utilizada como tarjeta electoral, además, para otorgarle a los municipios la facultad de disponer de vehículos de motor declarados estorbos públicos.
Entretanto, con el propósito de reactivar el turismo en la zona sur de Puerto Rico después del paso de los huracanes Irma y María, se favoreció, del representante Víctor Torres González, el P. de la C. 1298, que propone demarcar el área geográfica del sur compuesta por los municipios de Ponce, Peñuelas, Guayanilla y Yauco como “Destino Turístico Porta Caribe”, y ordena a la Compañía de Turismo de Puerto Rico la elaboración de un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico y Mercadeo del plan.
De otra parte, fue refrendado el P. de la C. 765 de Pedro “Pellé” Santiago Guzmán para establecer la “Ley de Salubridad de Carros y Canasta de Alimentos” para requerir que todo establecimiento que venda alimentos y cuente con carros o canastas de compra, provean toallas desinfectantes y que los mismos se sometan a programas de limpieza y desinfección;
También se dio paso a la Resolución Conjunta de la Cámara 371 de Rodriguez Aguiló, que ordena a todos los jefes de las corporaciones públicas, agencias, instrumentalidades y oficinas del Gobierno, consultarle a sus empleados si desean continuar pagando voluntariamente las cuotas a las uniones, asociaciones o federaciones que representan los trabajadores de sus entidades o si por el contrario desean detener el pago las agrupaciones.
Mientras, se respaldó la R. C. de la C. 156, de José “Quiquito” Meléndez Ortiz, para transferir libre de costo la escuela elemental Bernardo Pagán perteneciente al Departamento de Educación ubicada en el Barrio Callejones del Municipio de Lares a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, Parroquia ‘La Asunción’, para instituir un programa de servicios comunitarios dirigidos a niños, jóvenes y adultos.
La Cámara conformó su comité de conferencia para atender las diferencias en torno al proyecto de reforma contributiva surgidas con el Senado.
Se dio paso, además, al P. del S. 479 que crearía la Secretaria Auxiliar Educación Montessori adscrita al Departamento de Educación (DE) para desarrollar el modelo educativo en las escuelas del DE, y el P. del. S. 773 que establece la política pública del Gobierno con relación al cambio climático.
Además, se concurrió con las Resoluciones Conjuntas del Senado 117, 133 y la 287. La primera ordena la evaluación de la transferencia, libre de costo, de parte del Municipio Autónomo de Ponce a la corporación sin fines de lucro, centros Sor Isolina Ferré, de la estructura de la antigua Escuela Santiago González para que continúe con sus servicios comunitarios. INS
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