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San Juan, 8 nov (INS).- Varias entidades civiles protestaron hoy por la forma apresurada y “sin ningún tipo de análisis ni debate” con que la Cámara de Representantes aprobó anoche la reestructuración de la deuda de la Corporación del Fondo del Interés Apremiante (Cofina), y pidieron al Senado que detenga la medida hasta que se discuta públicamente.
A juicio de los portavoces, el acuerdo daría paso “a otro oneroso e inconstitucional endeudamiento del gobierno por los próximos 40 años”.
“La Legislatura no puede manejar los temas de la deuda con la misma ligereza e irresponsabilidad que las que nos llevaron a la crisis fiscal. ¿Cuántos de los legisladores que votaron a favor del proyecto analizaron las repercusiones desastrosas a las que esta medida condena al pueblo?”, dijo Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda.
Agregó que el proyecto permite la restructuración del 24% de la deuda pública por los próximos 40 años y que, pese a su importancia, durante sus visitas a las oficinas legislativas constató “el poco conocimiento que había sobre la medida”.
Explicó que el proyecto 1837, que aprobó la Cámara y que quedaría pendiente de considerarse en el Senado, condena a Puerto Rico a pagar 33 billones de dólares, cuando se prestaron 17 billones, y obligará a la gente a pagar por 40 años el Impuesto sobre Venta y Uso (IVU), porque los recaudos les pertenecerán a sus acreedores.
Roberto Pagán, presidente de la Comisión Ciudadana por la Auditoría Integral del Crédito Público, alertó que “de la misma manera que los proyectos que autorizaron las emisiones de bonos que nos llevaron a esta quiebra se aprobaron a espaldas del pueblo, anoche la Cámara aprobó un proyecto que nos llevará a otro impago y les regalará nuestros fondos públicos a los bonistas inescrupulosos”.
Estas organizaciones, que intentaron dialogar con el liderato legislativo para explicarle el lenguaje peligroso que contiene el acuerdo impulsado por la Junta, señalaron que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, presidida por Tony Soto, les aseguró que habría vistas públicas.
“Sin embargo, presentó un informe positivo el mismo día que bajó la medida a votación, sin debate y sin dar cuentas al país sobre sus consecuencias. Solicitamos al Senado que cumpla su deber constitucional de representar bien a sus constituyentes, que somos todo el pueblo de Puerto Rico, y detenga esta medida hasta que se discuta públicamente y se presenten las enmiendas necesarias”, manifestó Prados. INS
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