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San Juan, 7 nov (INS).- El Senado aprobó anoche la nueva política pública energética y marco regulatorio para la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), al dar paso al proyecto 1121, medida que pasa ahora a consideración de la Cámara de Representantes.
Votaron en contra de la medida los senadores Cirilo Tirado Rivera, Rossana López León, Juan Dalmau Ramírez y José Vargas Vidot. La senadora Migdalia Padilla Alvelo se abstuvo.
Según el proyecto de 230 páginas la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico crea los parámetros que guiarán un sistema energético “resiliente, confiable y robusto, con tarifas justas y razonables para toda clase de consumidores”.
Asimismo, viabiliza que el usuario del servicio de energía produzca y participe en la generación de energía y facilita la interconexión de la generación distribuida y microrredes.
La medida propone -entre otras cosas- la desagregación del sistema eléctrico en o antes del 31 de diciembre de 2020, promueve y fomenta que el consumidor se convierta en un proveedor de energía y facilita la interconexión de energía renovable y microrredes sin impuesto al agua, sol o viento.
También, que para el 2027 se elimine la generación de energía de carbón y que en el 2050 la cartera de energía renovable sea de un ciento por ciento.
El presidente de la Comisión Especial de Energía, Larry Seilhamer Rodríguez, dijo que la importancia de establecer una política pública energética y un marco energético resalta en que ante la disposición de los activos de la AEE “todos los proponentes tienen que estar en condiciones iguales incluyendo la libre competencia”.
Según el también ingeniero, para lograr eso “necesitan saber la visión de Puerto Rico en asuntos energéticos…para saber cuál será su clientela y cómo confeccionará su propuesta en un escenario transparente que al final del día se traduce en mejores precios y propuestas para el pueblo”.
“Se pone fin al monopolio para darle paso a la competencia de energía y diversidad de combustible”, aclaró Seilhamer, quien advirtió que todas las centrales generatrices “tendrán su proceso” de venta individual”. Según lo propuesto, ningún proveedor podrá tener más de un 50 por ciento de los activos de generación.
A estas palabras se unió el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) Eduardo Bhatia Gautier, porque con la aprobación de este proyecto no se pretende pasar de un monopolio público a uno privado. “Eso lo dice el proyecto y ese es el mandato que se le da al Negociado de Energía”.
“El concepto tiene que evolucionar de la idea de que Puerto Rico venderá una AEE y otra lo comprará. Eso no pasará aquí y es importante que la gente lo entienda”, aclaró el expresidente del Senado.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, aclaró que todos los empleados que como resultado de esta ley sean transferidos bajo el concepto de movilidad a otra entidad gubernamental o pase a un ente contratante, conservarán todos sus derechos adquiridos.
Esto incluye leyes, normas y convenios colectivos, así como los privilegios, obligaciones y estatus respecto a cualquier sistema existente de pensión, retiro o fondo de ahorro, entre otros.
“Eso no es negociable. Esa es la disposición del Senado de Puerto Rico”, reiteró Rivera Schatz al aseverar que del producto de la venta de los activos se puedan allegar fondos para ofrecer una ventana de retiro a los empleados de la agencia.
El Negociado de Energía tendrá mayor autonomía presupuestaria, fiscal y operacional. También, podrá imponer multas administrativas por violaciones a la política pública energética, a sus reglamentos y órdenes, por cualquier persona o compañía de energía sujeta a su jurisdicción. Las multas serían de hasta un máximo de 25 mil dólares diarios.
Además, toda persona que cometa un delito menos grave con pena de cárcel que no exceda seis meses o con una multa no menor de 500 ni mayor de cinco mil dólares, según dicte el Negociado pero si media una reincidencia la multa no será menor de 10 mil ni mayor de 20 mil dólares.
Asimismo, deberá aprobar el Plan Integrado de Recursos con el cual deberán cumplir toda compañía de servicio eléctrico incluyendo la AEE. En el caso de las microrredes, tendrá que hacer un reglamento de interconexión.
El término para la interconexión a la red de transmisión y distribución por cualquier mecanismo, incluyendo, pero sin limitarse a la generación distribuida, fuentes de energía renovable, medición neta y el uso de microrredes, no deberá exceder 90 días.
En caso de que se impida la interconexión a la red eléctrica, la multa será de mil dólares diarios, que se utilizarán para subsidiar sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento de energía que estarán en un fondo especial del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC).
De la medida se desprende que la AEE tiene una deuda billonaria a pesar de mantener “cautivo” a aproximadamente 1.5 millón de consumidores, que representan cerca de 3.45 billones en ingresos totales. El sistema de generación es aproximadamente 30 años más antiguo que el promedio en la industria de energía eléctrica en Estados Unidos.
Contrario a lo que es la tradición en la asamblea legislativa de que una vez se radica el proyecto se celebran vistas públicas, en esta ocasión fue al revés. Se celebraron audiencias públicas para con las recomendaciones de expertos presentar a los legisladores el proyecto final. INS
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