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San Juan, 18 oct (INS).- Miembros de la comunidad científica coincidieron hoy en que se hace imprescindible que el gobierno tome en consideración las sugerencias de las personas investigadoras a la hora de formular la política pública que se quiere establecer en torno al cambio climático, que, según indicaron, “ya está aquí”.
Maritza Barreto Orta, catedrática de la Escuela Graduada de Planificación de la UPR en Río Piedras, aseguró que el problema es más serio de lo pensado. / Inter News Service
Estos comentaron en vista pública el Proyecto del Senado 773, que establece la política pública del gobierno respecto al cambio climático y los procesos de mitigación y adaptación por sectores, en la continuación de las vistas públicas en torno a la medida en la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales que preside el representante Joel Franqui Atiles.
El proyecto es de la autoría de senador Larry Seilhamer y contó con el apoyo del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares ha dicho que como científico reconoce que se deben tomar todas las medidas necesarias para evitar y no permitir el desarrollo de ese fenómeno.
El gobernador pertenece a un grupo de alrededor de 25 gobernadores que desafiaron al presidente Trump, quien se salió de la Declaración de París sobre el cambio climático. Estos se agruparon bajo una entidad que promueve tomar medidas para mitigar esos daños.
“Las decisiones que tomemos hoy son decisivas para garantizar un mundo seguro y sostenible para todos, esto lo convierte en una responsabilidad moral, ya que al tener la información y no actuar de manera responsable las generaciones presentes y futuras no perdonaran”, advirtió el director del Laboratorio de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, Rafael Méndez Tejeda.
Detalló que, “la contribución de Puerto Rico al cambio climático es muy baja si lo miramos como la pequeña Isla que somos. Sin embargo, si lo miramos por habitante nuestro aporte es uno de los mayores del mundo. Cada uno de nosotros aportamos 230% más que el promedio por habitante a nivel mundial al cambio climático y comparados con nuestros hermanos latinoamericanos contaminamos más que 333% de que cada habitante de América Latina y del Caribe”.
Mientras que Franqui Atiles expresó su preocupación ante la opinión de la Asociación de Constructores sobre no considerar este tipo de proyecto en este momento y dejar que el mercado dicte la pauta por considerar que Puerto Rico no es un país desarrollado.
“Me choca porque si Puerto Rico no es un país desarrollado, yo quiero irme desarrollando hacia esa economía verde para hacer un mejor Puerto Rico y aportar a la mitigación del calentamiento global”, dijo.
De otra parte, Maritza Barreto Orta, catedrática de la Escuela Graduada de Planificación del Recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), que por los últimos 20 años se ha dedicado a realizar investigaciones en el tema de geomorfología costera enfocado en sistemas isleños, ponderó que el problema es más serio de lo pensado.
“Tan reciente como observar cómo la línea de agua en Puerto Rico se ha movido aproximadamente 62 metros tierra adentro en una sección de la costa del municipio de Barceloneta cuando un año atrás estaba 62 metros mar afuera, nos impactó, esto desde enero de 2017 a octubre de 2018. Nosotros lo hemos advertido por años y ese es el precio de la inacción”, dijo la catedrática.
Al mismo tiempo mencionó que se identificaron las implicaciones que genera esta nueva posición de líneas de costa, especialmente el aumento en la vulnerabilidad física y social de las comunidades costeras como en los municipios de Loíza, Arecibo, Humacao, Rincón, Añasco, entre otros, ponderó.
“La única recomendación que someto a esta Comisión sobre este proyecto de ley es atemperar el mismo con los cambios administrativos asociados a la integración de agencias gubernamentales que han ocurrido en los pasado meses. Como por ejemplo, la integración de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales”, advirtió.
De otra parte, Obed García Acevedo, presidente del Comité de Salud Pública y Ambiental del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, se expresó en contra de que se utilice la tecnología conocida como ‘biomasa’ para reducir el dióxido de carbono o CO2 en el ambiente por la amenaza que representa a la salud.
“En nada revierte el calentamiento global. Cuando analizamos la cantidad de CO2 liberadas a la atmósfera por cantidad de energía producida los resultados son aún más desconcertantes. En Rothschild, Wisconsin, existe una facilidad donde se produce energía eléctrica mediante la quema de biomasa y gas natural. De los datos provistos por esta planta se desprende que la biomasa emite 6 veces más CO2 que el gas natural”, puntualizó.
El proyecto de ley crea además un Comité de Expertos sobre Cambio Climático, que tendrá dos años para elaborar un Plan de Mitigación y Adaptación, guiándose por métricas detalladas en el proyecto. Las métricas abordan temas como energía, transportación y desperdicios sólidos.” INS
