P. Rico-Asociación de Comercio al Detal hace llamado a la legislatura a detener la aprobación de varios proyectos de reciclaje y a que se active comité asesor sobre el tema

San Juan, 2 oct (INS).- La Asociación de Comercio al Detal (Acdet) de Puerto Rico solicitó a los presidentes de los cuerpos legislativos detener la aprobación de varios proyectos de reciclaje y manejo de desperdicios sólidos, para que puedan ser evaluados de forma integral con las leyes existentes por el Comité Asesor de Reciclaje que establece la ley 66 de agosto de 2017.

“Por años, ha habido múltiples esfuerzos dirigidos a la conservación ambiental y el reciclaje, para los cuales se ha legislado un sinnúmero de proyectos que no están integrados, carecen de implantación coordinada y de un enfoque holístico, que propenda en el logro de su propósito genuino”, explicó Iván Báez, presidente de Acdet.

Agregó que “ahora contamos con una solución inmediata, creada por la ley 66: el Comité Asesor de Reciclaje, con lo que podemos iniciar un proceso de análisis y recomendaciones al gobierno que sea de beneficio para todos”.

La Ley 66 se creó para establecer el Comité Asesor de Reciclaje en función de la Ley 70-1992, según enmendada, conocida coma “Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico”, a fin de proveer asesoría para investigación e informes.

El comité debe ser integrado por el presidente de la Junta de Calidad Ambiental, el director ejecutivo de la Autoridad de Desperdicios Sólidos y representantes del Departamento de Agricultura, la Cámara de Comercio, la Acdet, el Centro Unido de Detallistas, la Asociación de Industriales, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) y un representante del interés público a ser nombrado por el gobernador.

“Aplaudimos que la legislatura haya aprobado la ley 66 y exhortamos al gobernador a que active este Comité lo antes posible, a la Legislatura a detener el curso de proyectos tales como P. de la C. 717, el 1433, el 1649 y el 1745; y que permitan que analicemos responsablemente las medidas”, añadió Báez, quien representa a más de 150 mil trabajadores del sector.

Informó además que solicitaron al gobernador que realice el nombramiento del representante del interés público, para comenzar inmediatamente los trabajos. Con esto, las entidades de comercio del país se mostraron muy confiados en poder encontrar una solución efectiva y de beneficio para todos, que imparta orden y coherencia todas las legislaciones y proyectos ambientales sobre la mesa. INS

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