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El gobierno dominicano decidió para combatir con medidas drásticas el terrorismo ambiental en las áreas protegidas y parques del país. (Fuente externa). Inter News Service
Santo Domingo, 4 sep (INS).-Los planes del presidente Luis Abinader, para combatir el terrorismo ambiental en las áreas protegidas y parques del país deben aplicarse de manera escalonada, empezando por el propio Estado, según opinan algunos ambientalistas luego del nuevo decreto 615-26 emitido por el Poder Ejecutivo.
En la ordenanza gubernamental dispuesta se declara de alto interés nacional y prioridad estratégica las agresiones deliberadas contra los parques nacionales y los recursos naturales críticos, replanteando una respuesta contundente con acciones drásticas y una persecución penal implacable.
Ante la vulnerabilidad detectada en los marcos legales anteriores, donde los infractores frecuentemente quedaban en libertad a los pocos días, el Gobierno ha decidido actuar con la mayor contundencia. Con el respaldo de las disposiciones legales y el nuevo Código Penal, las conductas que afecten los parques nacionales enfrentarán sanciones de 20 a 30 años de cárcel.
Sobre el tema hablaron, a través de comunicados, los ambientalistas Enrique de León, un miembro del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático; Luis Carvajal, presidente del Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas; y Adolfo José López Belando, miembro del Consejo Directivo de la Academia de Ciencias y de la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente.
Para los defensores del medioambiente, las actividades humanas, incluidas la explotación minera, la extracción de arena del río, la deforestación y la facilitación de espacios en áreas protegidas para favorecer inversiones de particulares promovidas por las autoridades, son hechos que alteran los ecosistemas.
“Estamos llamando al propio presidente de la República a ser consecuente. Porque no es aplicar este decreto de declarar como ecoterroristas a campesinos pobres, que de manera furtiva entran al Parque Nacional y tumban palos o siembran una tarea de habichuela, ya sea dominicano o haitiano. Eso no es; el gran peligro que corren los parques y las áreas protegidas proviene del gran capital, que incluso tiene el respaldo del Gobierno y del Ministerio de Medio Ambiente”, dijo Enrique de León.
Señaló que algunas de las zonas que reflejan la tendencia de terrorismo ambiental son: el Refugio de Vida Silvestre Manglares Puerto Viejo, ubicado en la bahía de Puerto Viejo, provincia de Azua, y el Parque Nacional Manglares de Estero Balsa, en la bahía de Manzanillo, provincia de Monte Cristi.
Manifestó que este tipo de depresión la sufren tanto el hábitat como las especies que coexisten en el medio. Por ejemplo, denunció que en el Refugio de Vida Silvestre Manglares Puerto Viejo operan barcazas generadoras de electricidad que han provocado la mortandad de peces y otras especies marinas, además de causar enfermedades en la población.
Declaró que “el Parque Nacional Manglares de Estero Balsa de Manzanillo, donde con la autorización de Medio Ambiente y porque el Gobierno lo estableció, se destruyó más de medio millón de metros cuadrados de un bosque seco dentro del área de amortiguamiento del parque Estero Balza para edificar dos superplantas de 860 megawatts de gas natural y que están situadas a menos de 59 metros del corazón del parque”.
Enrique de León tildó a estas acciones de “barbaridad” y aseguró que provocarán la exterminación de la mayor concentración de manglares que existen en las Antillas y otras especies en el país.
Para Luis Carvajal, la aplicación de ese decreto es “un verdadero desafío para el Gobierno, que debe seguir la propiedad, el dinero, las órdenes, los permisos y las responsabilidades institucionales hasta identificar a quienes hicieron posible y rentable el daño”.
Explicó que enfrentar los daños ambientales a gran escala en Valle Nuevo, Sierra de Bahoruco, Bucanyé, Isla Catalina, el Cinturón Verde de Santo Domingo, Loma Quita Espuela y Boca de Yásica, requieren planificación, recursos económicos, autorizaciones, omisiones y beneficiarios concretos. Dijo que esos daños se extienden de humedales, manglares y dunas costeras.
«Nadie debe ser declarado culpable sin pruebas y sin juicio, pero tampoco nadie debe quedar fuera de una investigación por su fortuna, rango, influencia política, militar o económica», precisó Carvajal.
Afirmó que “la decisión puede constituir un instrumento importante para proteger el patrimonio natural del país, siempre que se traduzca en acciones concretas, investigaciones rigurosas y consecuencias para quienes realmente organizan, financian, autorizan o se benefician de la destrucción ambiental”.
Carvajal, que además es coordinador de la Comisión Ambiental de la estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, consideró que “la principal novedad del decreto está en su tratamiento como asunto de seguridad nacional y en el mecanismo de coordinación institucional que dispone”.
Considera que la expresión “terrorismo medioambiental” deberá aplicarse dentro de los límites establecidos por las leyes, respetando el debido proceso y las competencias del Ministerio Público y los tribunales.
Aunque aprueba el edicto presidencial, para Adolfo José López Belando, para garantizar la protección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas se deben materializar otras medidas.
Opina que se debe aportar al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dinero y medios para realizar un control efectivo de las áreas protegidas.
Sugiere “apoyar férreamente a los incumbentes del Viceministerio de Áreas Protegidas para que puedan hacer frente a las presiones de los políticos (diputados y senadores), militares de alta graduación y empresarios de alto perfil que buscan sistemáticamente violar la integridad de las áreas protegidas en beneficio de sus inversiones inmobiliarias, industriales, ganaderas o agrícolas”. INS
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EL DECRETO-01-INS
El gobierno dominicano decidió para combatir con medidas drásticas el terrorismo ambiental en las áreas protegidas y parques del país. (Fuente externa). Inter News Service