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Vivian Godineaux Villaronga, presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas, presentó la posición de la entidad respecto al P de la S 1096 que pretende derogar la Ley de Judicatura de 2003. Inter News Service
San Juan, 17 mar (INS).- El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) presentó este martes ante el Senado una ponencia sobre el Proyecto del Senado 1096, advirtiendo que la medida constituye una reforma judicial “sin diagnóstico y sin fundamento constitucional”.
La presidenta del CAAPR, Vivian Godineaux Villaronga, quien compareció a una vista pública senatorial acompañada por integrantes de la comisión especial que designó la institución para evaluar esta legislación, presentó argumentos para demostrar que el proyecto es improcedente, inconstitucional y carente de legitimidad democrática.
La organización destacó que el proyecto pretende derogar la Ley de la Judicatura de 2003 sin haber realizado un análisis técnico del sistema judicial ni un proceso de consulta amplio con la comunidad jurídica y la ciudadanía.
“La magnitud de la reforma propuesta exige, por imperativo democrático, un proceso de discusión amplia, robusta y participativa. El Proyecto del Senado 1096 no responde a un diagnóstico sistémico público, ni resulta como producto de una comisión técnica institucional”, expuso la presidenta del CAAPR.
Godineaux Villaronga subrayó que la actual Ley 201‑2003 fue producto de un proceso colaborativo, interdisciplinario y basado en evidencia, mientras que el P. del S. 1096 no presenta estudios, datos ni diagnósticos que justifiquen los cambios propuestos.
Además, el proyecto reduce o elimina principios rectores como independencia judicial, accesibilidad, enfoque humanista, planificación estratégica y participación ciudadana, apuntó la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
Uno de los señalamientos más contundentes se refiere al intento del proyecto de reinterpretar la Constitución para establecer un modelo de “coadministración” del Poder Judicial.
En su ponencia, los letrados señalan que este concepto no tiene base en el texto constitucional, en la historia de la Convención Constituyente, ni en la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
El CAAPR reiteró que cualquier reforma judicial debe partir de un proceso riguroso, transparente y participativo, y que alterar la arquitectura constitucional del Poder Judicial sin ese rigor pone en riesgo la estabilidad institucional y la confianza pública.
La Comisión Especial del CAAPR que estudió este proyecto estuvo integrada por Yanira Reyes, profesora de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana; Fernando Moreno Orama, decano de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico; Sonia I. Vélez Colón, exjueza del Tribunal de Apelaciones, exdirectora administrativa de los Tribunales; Manuel A. Quilichini, expresidente del CAAPR, y Carlos L. Vizcarrondo Irizarry, expresidente de la Cámara de Representantes.INS
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