Inter News Service Agencia de Noticias
Imagen de archivo de algunos implicados en el presunto caso de corrupción Calamar. Inter News Service
Santo Domingo, 13 mar (INS).-El Ministerio Público concluyó este viernes sus réplicas y solicitó al Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la jueza Altagracia Ramírez, enviar a juicio de fondo todos los acusados en el expediente del fraude millonario estatal, conocido como Caso Calamar, y rechazar los incidentes procesales de la defensa de los imputados, entre estos tres exministros durante la administración gubernamental del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Se trata de un presunto entramado de robo administrativo, iniciado en el 2023, en el que el Ministerio Público acusa a antiguos funcionarios del gobierno de Danilo Medina Sánchez (2012-2020) de desfalcar más de RD$19,000 millones al Estado dominicano (equivalentes a US$307.708.281). Se vincula a 46 personas (físicas y jurídicas).
Según la Procuraduría, la estructura desviaba fondos a través del Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Dirección de Bienes Nacionales, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), entre otras instituciones.
Se imputa al grupo de asociación de malhechores, desfalco, lavado de activos y financiamiento ilícito de campaña política, principalmente a través de pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y cobros fraudulentos en dependencias estatales.
Wilson Camacho, director general de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), durante las réplicas preliminares expuestas en el proceso, dijo que no hay razón jurídica para que el tribunal acoja los incidentes que ha planteado la defensa de los encartados.
“Este es un caso en el que las pruebas son sobre abundantes y evidentes, en el que el tribunal no tiene que hacer ningún esfuerzo extraordinario como para poder verificar la necesidad de que este proceso se envié a juicio”, expresó Camacho. Alegó que la defensa tanto dentro del tribunal como fuera se ha limitado a presentar opiniones.
“No responden cuestiones como que hubo una reunión en Palacio en 2019. Que se mandó en esa reunión a buscar fondos; que se creó un lugar para la recepción de esos fondos que se llamaba La Casita, que estaba en Bella Vista; no hablan del dinero que reconoce el propio Bolívar Ventura que tuvo que pagar. Estamos hablando de más de mil 200 millones de pesos (19.434.207 dólares)”, dijo.
Declaró que los defensores de los imputados no hablan de la línea de casino que también se estableció un sistema de soborno que se llamaba el programa o el proyecto y que son razones para que el tribunal eleve este proceso a un juicio.
Como testigo, dijo, tienen a Bolívar Ventura y a las personas que fueron utilizadas por el Ministerio de Hacienda para poner en funcionamiento el proyecto o programa en el que se distribuían sobornos en los juegos de azar.
En este proceso están acusados los exministros Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo. Este último figura en la lista de aspirantes del PLD a la candidatura presidencial de cara a las elecciones generales pautadas para el 2028.
Además, figuran como implicados Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Piccirillo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional. Asimismo, Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.
Los abogados del exministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, manifestaron su satisfacción tras la réplica presentada por el Ministerio Público, señalando que los argumentos del órgano persecutor carecen de sustento y, por el contrario, han terminado fortaleciendo la posición de la defensa.
Los letrados Pedro Balbuena y Santiago Rodríguez sostienen que los fiscales se han limitado a repetir ante la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el relato original de la acusación, sin aportar nuevas evidencias que otorguen solidez al proceso.
Uno de los puntos más críticos señalados por los juristas es el manejo del testigo número 5, Bolívar Ventura. Sostienen que su inclusión es producto de un fraude procesal orquestado para perjudicar directamente a Peralta.
Denunciaron que el testigo construyó dos historias distintas a lo largo del proceso y que el Ministerio Público exonera de cargos a Ventura a pesar de que este habría confesado la comisión de delitos y la recepción de más de mil millones de pesos a cambio de imputar a Peralta. Por tales motivos, la defensa exige que este testimonio sea excluido por ser fruto de una manipulación de la realidad procesal.
Respecto a la imputación de que se utilizaron fondos ilícitos para actividades proselitistas, los abogados destacaron la existencia de una certificación del exsecretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charles Mariotti, la cual desmiente dicha tesis.
Explicó Santiago Rodríguez que la Pepca ha intentado “desesperadamente” de excluir esta certificación del proceso porque sabe que destruye completamente la acusación sobre el presunto uso de dinero ilícito en la campaña. INS
mv
CASO CALAMAR-01-INS
Imagen de archivo de algunos implicados en el presunto caso de corrupción Calamar. Inter News Service