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San Juan, 13 mar (INS).- La secretaría de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, dimitió hoy a su cargo después de un mes de ser centro de una controversia por presuntamente haber ocasionado al gobierno pérdidas ascendentes a alrededor de un millón de dólares, como parte de la operación irregular del centro de inspección Yabucoa Auto Service, de su propiedad.
La renuncia se produjo en momentos en que la gobernadora Jenniffer González, que tiene un estrecho vínculo de años con Pérez Peña, respondió a los periodistas en Jayuya que “aquí no ha cambiado nada”, ya que no había recibido la dimisión de la funcionaria.
Junto con secretaria de la Vivienda quedó fuera el subsecretario Omar Figueroa, aunque avanzada la tarde se negaba la salida de Pérez Peña, figura de gran confianza en una agencia que maneja billones de dólares de fondos federales.
Pérez Peña, que ocupa la secretaría de Vivienda desde enero de 2025, quedó expuesta a dos escándalos, uno por bonificaciones en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), como funcionaria del Partido Nuevo Progresista (PNP), y el otro por el centro de inspección Yabucoa Auto Service, donde se alega que se realizaban inspecciones fraudulentas de vehículos.
Al negocio de la funcionaria se le atribuye haber emitido unos dos mil marbetes vehiculares falsos, lo que representó casi un millón de pérdida para el erario, lo que al final saldó con una multa de cinco mil dólares, mientras la gobernadora González justificó que eso pasó cuando ella todavía no estaba como secretaria de la Vivienda.
La representante Swanny Enit Vargas Laureano, del Partido Popular Democrático (PPD), expresó que “la renuncia de la secretaria de la Vivienda no puede ser el resultado final de este triste capítulo”.
“Al contrario, debe servir para que las agencias llamadas a que la verdad salga a la luz pública, continúen su trabajo y culminen sus investigaciones”, anotó sobre este caso con Pérez Peña.
Vargas Laureano indicó que desde el primer día que el país supo de esta situación que involucraba a la secretaria de la Vivienda y su negocio de inspección de vehículos en Yabucoa, junto a su correligionario Ramón Torres solicitó de manera formal “una investigación en el Departamento de Justicia, el Inspector General y Ética Gubernamental”.
“Ahora, lo menos que merecen todos los constituyentes es que las investigaciones sean completadas y se fijen responsabilidades, incluyendo la investigación que se lleva en la Cámara de Representantes sobre 68 Centros de Inspección con irregularidades de la autoría del compañero Conny Varela”, apuntó.
Opinó que esta renuncia “no puede ser una excusa para que no pase nada y los que hayan cometido alguna acción ilegal no respondan por lo que hicieron”.INS
ndc