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Tras el cierre de la oficina de la DEA en República Dominicana, el personal ha sido reubicado en otras instancias. Inter News Service
Santo Domingo, 16 feb (INS). -Es dominicano Melitón Cordero, el exjefe local de la Administración para el Control de Drogas (DEA, siglas en inglés) arrestado en Washington, D. C. bajo acusaciones federales de encabezar un esquema de sobornos y fraude de visas que habría operado desde la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo.
Según una reseña del impreso nacional Listín Diario, Cordero, de 47 años, quien fuera el primer criollo en alcanzar esa posición en el país, nació en San Francisco de Macorís y se identificaba como comerciante antes de ingresar a la agencia. Llevaba seis años al frente de la oficina antes de ser detenido el pasado jueves 12 de febrero.
La acusación presentada por la Fiscalía del Distrito de Columbia explica que éste habría aprovechado la posición de «confianza especial» que ocupaba para agilizar de manera ilícita trámites migratorios a cambio de dinero.
Cita el medio de comunicación que el 11 de septiembre de 2024, Cordero fue condecorado con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de Caballero, mediante el decreto 520-24 emitido por el presidente de la República, Luis Abinader en el que resaltó su «compromiso excepcional e inquebrantable en la lucha contra el narcotráfico» y se destacó su ascenso como el primer criollo en liderar la institución estadounidense en este territorio.
Extraoficialmente se informó que el decreto fue dejado sin efecto este fin de semana, dice la publicación del periódico más antiguo del país.
La acusación, encabezada por la fiscal Jeanine Ferris Pirro, sostiene que durante su asignación en República Dominicana Cordero tramitó al menos 119 solicitudes de visa en un período de seis años, recibiendo miles de dólares en efectivo para facilitar la aprobación de visados de no inmigrante.
Las autoridades también investigan el presunto uso indebido de un programa reservado para informantes confidenciales, un mecanismo que permite el ingreso temporal a Estados Unidos de personas que colaboran con agencias de seguridad. Según los documentos, ese recurso fue manipulado para beneficiar a solicitantes que pagaban sobornos.
La pesquisa involucra a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Newark y Santo Domingo, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia.
Tras el arresto, la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, ordenó el cierre temporal de la oficina de la DEA en esta capital y calificó el caso como una «violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública», al tiempo que anunció una revisión interna.
Horas después de esa medida, el administrador de la institución antinarcótica, Terrance Cole, confirmó la reubicación del personal asignado al país. Tanto la Embajada como la agencia señalaron que las acusaciones contra Cordero no representan al resto de sus funcionarios.
La indagación federal expresa que el esquema habría operado mediante distintas prácticas, como mover solicitantes en la lista de espera de citas consulares a cambio de dinero; la creación de evidencias falsas para facilitar aprobaciones migratorias; instruir a personas sobre cómo responder durante entrevistas consulares; y haberse reunido con un extranjero para entregarle un pasaporte con visa a cambio de efectivo.
La Fiscalía en Washington indicó que, en la última década, al menos 17 agentes de la DEA han sido acusados de delitos federales. El caso en Santo Domingo ocurre semanas después de que Joseph Bongiovanni, ex agente de la entidad en Nueva York fuera condenado a cinco años de prisión por proteger narcotraficantes y obstruir la justicia durante más de una década.
Mientras tanto, la controversia ocurre en un momento de alta sensibilidad regional, marcado por el crecimiento del narcotráfico marítimo en el Caribe, el fortalecimiento de redes de lavado y la utilización de rutas dominicanas como corredores estratégicos hacia Puerto Rico, Florida y Europa.
Por ahora, la cúpula ejecutiva de la Administración para el Control de Drogas insiste en que su compromiso permanece intacto: «profesionalismo, transparencia y el imperio de la ley», concluyó Cole en el comunicado.
Se ha indicado que el proceso de evaluación y eventual determinación de responsabilidades corresponde exclusivamente a los mecanismos institucionales de Estados Unidos, sin que hasta el momento exista señalamiento alguno contra organismos dominicanos ni contra funcionarios locales. INS
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