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Wilson Gómez Ramírez ofreciendo declaraciones a la prensa, acompañado de directivos del Instituto Duartiano. (Fuente externa). Inter News Service
Santo Domingo, 10 feb (INS).-El Instituto Duartiano calificó como “atrevida y descarada” la posición asumida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) frente a las medidas migratorias implementadas por la República Dominicana, al considerar que constituyen una intromisión directa en los asuntos internos del país y una amenaza a su soberanía nacional.
Durante un encuentro con la prensa celebrado en su sede de la Ciudad Colonial, el presidente de la entidad patriótica, Wilson Gómez Ramírez, advirtió que la actuación del organismo interamericano busca imponer un marco jurídico que desconoce el derecho soberano del Estado dominicano a regular su territorio, controlar la inmigración irregular y proteger sus servicios públicos.
Sostuvo que la postura de la CIDH confirma las advertencias de diversos sectores sobre los riesgos de reincorporar al país al ámbito competencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al afirmar que estas instancias han actuado reiteradamente en contra de los intereses nacionales.
Según explicó, el organismo intenta frenar acciones como el reforzamiento de la frontera, el aumento de las deportaciones, el impedimento del ingreso de inmigrantes ilegales y la aplicación del protocolo hospitalario ante la alta demanda de extranjeros en centros públicos de salud.
La entidad patriótica acusó a la organización foránea de distorsionar la realidad, al señalar que los inmigrantes indocumentados sí reciben atención médica gratuita en la República Dominicana, una práctica que, subrayó, no se reproduce en muchos países de la región.
Denunció que los informes del organismo se nutren de informaciones no verificadas, suministradas por algunas organizaciones de la sociedad civil pro haitianas, que, según afirmó, buscan justificar servicios financiados desde el exterior.
Gómez Ramírez expresó su respaldo a la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores, que rechazó la pretensión de aplicar de manera general el principio de no devolución a migrantes ilegales o indocumentados. No obstante, consideró que la respuesta del Estado dominicano debe ser más dura, enérgica y categórica.
En ese sentido, descartó cualquier posibilidad de retornar a la tutela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al entender que ello pondría en riesgo la integridad territorial y la autodeterminación del país.
Gómez Ramírez recordó que el artículo 3 de la Constitución consagra la soberanía como inviolable y prohíbe toda forma de intervención directa o indirecta en los asuntos internos de la nación, señalando que el principio de no intervención es una norma invariable de la política exterior dominicana.
Finalmente, reclamó mantener con todo vigor las políticas migratorias y retomar el compromiso de repatriar 10 mil inmigrantes irregulares por semana, además de reforzar la región fronteriza y aplicar sanciones severas contra el tráfico humano.
Respuesta de RD
El Gobierno dominicano respondió, el pasado sábado, al comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reafirmando su compromiso con los derechos humanos, la soberanía nacional y el cumplimiento de la ley frente a la presión migratoria derivada de la crisis haitiana.
A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Estado precisó que fija su posición “de manera clara y responsable”, subrayando que sus acciones se sustentan en la Constitución, la legislación nacional y los estándares internacionales de derechos humanos.
Asimismo, reiteró que el fenómeno migratorio debe analizarse en su dimensión regional, señalando que la prolongada crisis política, de seguridad y humanitaria en Haití ha generado una presión migratoria “sostenida y excepcional” sobre la República Dominicana.
“El Estado dominicano ha asumido, durante décadas, una carga desproporcionada frente a una crisis que trasciende sus fronteras”, señala el documento oficial, destacando el enfoque de solidaridad y responsabilidad humana adoptado por el país.
En su respuesta, el gobierno local rechazó el llamado de la CIDH, un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de aplicar de manera general el principio de no devolución a todos los migrantes en condición irregular.
De acuerdo con el manifiesto escrito, dicha medida equivaldría a “obligar al Estado dominicano a aceptar a todo ciudadano haitiano que desee ingresar, aún irregularmente, a nuestro territorio”, lo que, según se advierte, tendría un impacto directo en la cohesión social y en el gasto en servicios públicos.
Sobre las constantes embestidas de la entidad internacional contra la República Dominicana, el liderazgo político de la oposición ha guardado silencio dejando solo al presidente Luis Abinader lidiar con esos ataques. INS
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Wilson Gómez Ramírez ofreciendo declaraciones a la prensa, acompañado de directivos del Instituto Duartiano. (Fuente externa). Inter News Service