
Imagen de la audiencia celebrada ayer en la fase final del caso de corrupción seguido a militares y civiles. (Fuente externa). Inter News Service
Santo Domingo, 4 feb (INS). -Como parte de su labor de combate a la impunidad y a la corrupción, el Ministerio Público agotó el martes una jornada marcada por la contundencia probatoria y avanzó en la fase de conclusiones del proceso judicial del Caso Coral, en el que se acusa a un grupo de militares y civiles de sustraer más de RD$4,500 millones de las arcas del Estado dominicano (US$71,846,725).
El eje central de la red criminal operó entre los años 2012, 2016 y 2020 en los gobiernos del presidente Danilo Medina Sánchez, según explica el expediente juzgatorio.
Durante la jornada de ayer, el órgano acusador presentó sus argumentos conclusivos contra los generales militares Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola, señalados como parte de la estructura que habría desviado fondos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (Conani).
El organismo concluyó la exposición de sus argumentos contra los imputados Julio Camilo de los Santos Viola y José Manuel Rosario Pirón, antes de que la audiencia fuera aplazada para el jueves 5 de febrero por disposición del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, conformado por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo.
El aplazamiento fue ordenado a solicitud de la defensa del acusado Pedro Castillo Nolasco, quien informó que su representado presentó un malestar de salud durante el receso del mediodía.
Las árbitras judiciales indicaron que la posposición de la vista no altera el calendario del proceso y que los abogados defensores iniciarán exposiciones de clausura el martes 10 de febrero, conforme a lo programado.
Para la próxima audiencia, el Ministerio Público continuará con sus conclusiones contra las imputadas Esmeralda Estrella Polanco y Alejandro Montero Cruz.
En el juicio, el órgano acusador presentó pruebas documentales, testimoniales, periciales y materiales, entre ellas la copia de un cheque por RD$50 millones (798,296. dólares estadounidenses) emitido en 2016, supuestamente destinado a labores de inteligencia durante viajes presidenciales realizados en 2018, así como transcripciones de conversaciones telefónicas.
Según la acusación, el general Julio Camilo de los Santos Viola fue beneficiado con 185 cheques emitidos por distintos conceptos, incluidos pagos para actividades de inteligencia y reembolsos mensuales. Además, durante allanamientos se incautaron bienes, como un vehículo, equipos especializados y documentos vinculados al Cusep, dirigido por el general Adán Cáceres Silvestre quien fuera el jefe de la seguridad del entonces gobernante Medina Sánchez.
El expediente incluye un total de 2,201 pruebas documentales, 141 peritajes, 282 declaraciones de testigos y peritos, 184 pruebas procesales y 104 pruebas materiales, entre estas armas de fuego, relojes de lujo, equipos electrónicos, inmuebles, vehículos y dinero en efectivo.
Los fiscales investigadores identificaron 214 inmuebles en distintas provincias, 86 vehículos de alto cilindraje, más de RD$28 millones y US$55 mil en efectivo, bienes que se solicitan en decomiso a favor del Estado.
Asimismo, indicaron que las pertenencias decomisadas han generado ingresos por alquileres y actividades agrícolas que superan los RD$86 millones (US$1,373,070), también reclamados para el patrimonio estatal.
Además de los generales militares procesados, en el caso Coral figuran otros oficiales y civiles, entre ellos Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez; la pastora evangélica Rossy Guzmán Sánchez, su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, Alejandro José Montero Cruz, José Manuel Rosario Pirón, Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco, y otros.
El Ministerio Público sostiene que Adán Cáceres Silvestre encabezó la red integrada por 30 personas físicas y 18 jurídicas, dedicada al desvío sistemático de fondos públicos, incluyendo recursos de inteligencia del Cusep y del Cestur. INS
mv
Inter News Service Agencia de Noticias