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San Juan, 21 dic (INS).- La gobernadora Jenniffer González hizo caso omiso a los pedidos de diversos sectores del país y convirtió en ley el Proyecto del Senado 504 dirigida a enmendar el Código Civil para establecer que el nasciturus es persona natural en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno.
La medida, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y de la coautoría de los senadores Joanne Rodríguez Veve (Acumulación-Independiente), Brenda Pérez (Arecibo-PNP) y Wilmer Reyes (Guayama-PNP), está dirigida al parecer a complacer a sectores religiosos fundamentalistas y dificultar a las mujeres la posibilidad de interrumpir un embarazo.
La legislación, que se aprobó en Cámara y Senado sin vistas públicas, enmienda el Código Civil de Puerto Rico.
Además de esta medida que se anticipa traerá conflicto, la gobernadora firmó también tres proyectos de ley, uno dirigido a atender las necesidades de los adultos mayores, el otro para proteger a dueños de autos de infracciones de propietarios anteriores y dos resoluciones conjuntas que impulsan el desarrollo de Aguadilla y Las Marías.
Proyecto del Senado 649, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz (Acumulación-PNP) y de la senadora Wanda Soto (Humacao-PNP) y de la coautoría del senador Gregorio Matías (Acumulación-PNP), amplía el alcance de la Ley de las Alianzas Público-Privadas para atender las necesidades de la población de edad avanzada en Puerto Rico.
La legislación permite que la construcción, mantenimiento u operación de viviendas para adultos mayores, así como de hogares sustitutos, hogares grupales y centros de cuido prolongado, puedan desarrollarse mediante contratos de alianza, a la vez que autoriza la reutilización de edificios gubernamentales y escuelas en desuso para estos fines.
Con esta iniciativa se promueve el aprovechamiento de infraestructura existente y se fortalecen los servicios de cuido y vivienda digna para los adultos mayores.
Proyecto del Senado 694, d la autoría del senador Héctor González López (Arecibo-PNP) y de la coautoría de los senadores Marissa Jiménez (Carolina-PNP), José Santiago (Acumulación-PPD), Ada Álvarez Conde (Acumulación-PPD), Héctor Joaquín Sánchez (Carolina-PNP), Luis Daniel Colón (Humacao-PNP), Wilmer Reyes (Guayama- PNP) y Karen Román (Aguadilla-PNP), enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.
Establece que ningún conductor o propietario autorizado podrá ser responsabilizado por multas administrativas o de tránsito que hayan ocurrido antes de que la persona fuera el titular registral del vehículo.
Con esta firma, se prohíbe la imposición de bloqueos o gravámenes contra vehículos por infracciones atribuibles a un dueño anterior, resolviendo un problema histórico que afectaba a miles de compradores de autos usados.
Resolución Conjunta del Senado 73, de la autoría de la senadora Karen Román (Aguadilla-PNP), que ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), a la Autoridad de los Puertos y a la Autoridad de Carreteras a rendir un informe detallado sobre el estado de la rotulación, marcadores y luminarias en las carreteras aledañas a la Base Ramey, al Aeropuerto Rafael Hernández y a la Universidad de Puerto Rico.
La ley exige además la presentación de un plan de trabajo a corto y mediano plazo ante la Asamblea Legislativa para atender las deficiencias identificadas, facilitando futuros planes de desarrollo de infraestructura en la zona.
Resolución Conjunta de la Cámara 30, de la autoría del representante Gabriel Rodríguez Aguiló (Acumulación-PNP), ordena al Departamento de Agricultura y a la Junta de Planificación proceder con la liberación de restricciones de preservación e indivisión de un predio de terreno en el Proyecto Mayagüecillo, en el barrio Maravilla Sur de Las Marías.
La medida atiende la situación particular de los titulares y sus familias que poseen allí sus viviendas.
La gobernadora se reservó el derecho de firmar las siguientes medidas:
Proyecto del Senado 163, que pretendía crear la “Ley de Integración de Respeto a la Vida en Puerto Rico”. La gobernadora está muy a favor de los principios de la medida de promover el respeto a la vida y la ética. Esta propuesta tiene un impacto fiscal indeterminado, sin embargo, la medida puede ser modificada para cumplir con el objetivo sin acarrear un costo gubernamental.
Proyecto del Senado 346, que obligaría a todo establecimiento comercial a colocar rótulos sobre sus iniciativas privadas de ofertas y descuentos a nuestros veteranos.
Recordó que mientras fue legisladora fue la autora de la Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI y como comisionada residente en Washington se convirtió en parte del Comité de Veteranos.
Sin embargo, la medida no cumple con los criterios de libertad de hacer negocios al imponerles esta carga por parte del gobierno a iniciativas privadas a favor del este sector; la ausencia o no de rotulación sobre ofertas a veteranos no afecta los derechos sustantivos de esta población.
Proyecto del Senado 351, que establecía que si en 5 días laborables un dueño de embarcación no reclama su propiedad, el Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales podía incautarla y disponer de ella.
La gobernadora acogió la recomendación del Departamento de Justicia y no firmó la medida ya que está carecía de un procedimiento administrativo para disponer de propiedad privada. Esta legislación también levantó preocupaciones al no haber correlación entre la confiscación y una actividad criminal.
La mandataria habló con la autora de la medida para corregir estas recomendaciones del Departamento de Justicia y poderla aprobar.
Proyecto del Senado 456, que establecía los trámites de imposición, notificación y cobro del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) a casas abandonadas (estorbos).
La gobernadora tomó en consideración el impacto negativo que la medida pudiera tener en las finanzas de los municipios y comprende que el asunto se pudiera atender de manera administrativa como trabajar con la reingeniería del CRIM para hacerlo más eficiente con el objetivo de lograr balance entre la justicia fiscal y la rehabilitación efectiva y la expansión del inventario de vivienda en Puerto Rico.
Proyecto del Senado 515, medida que buscaba catalogar a los profesionales de la conducta humana que laboran en un Programa de Ayuda al Empleado como personal de primera respuesta.
En principio, González dijo estar de acuerdo con el cambio que procura para reconocer el trabajo de estos profesionales. Sin embargo, este proyecto de ley podría tener un considerable impacto fiscal por los cambios que pudiera conllevar en las condiciones de estos profesionales en el servicio público.INS
ndc