
Gabriella Boffelli será directora ejecutiva de PRFAA. Inter News Service
Washington, 8 dic (INS).- El liderazgo del Congreso de Estados Unidos publicó el texto de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, siglas en inglés) para el año fiscal 2026, el cual refleja un acuerdo entre las versiones de la Cámara de Representantes y el Senado, informó la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), que se espera sea llevada a votación en la Cámara baja esta semana.
El proyecto de ley autoriza 901,000 millones de dólares para la defensa nacional, un aumento de 8,000 millones de dólares por encima de los niveles del año anterior, garantizando que las fuerzas armadas de Estados Unidos “sigan siendo las más fuertes del mundo”.
El NDAA codifica 15 órdenes del presidente Donald J. Trump, asegura las fronteras de estadounidenses, incluyendo la autorización de mil millones de dólares para combatir el tráfico de drogas, e incluye disposiciones para contrarrestar la influencia de adversarios como la República Popular China, Rusia, Irán y la República Popular Democrática de Corea.
Además, la medida reforma las adquisiciones de defensa, agilizando el proceso, reduciendo la burocracia y reorientando su enfoque hacia su misión principal: proporcionar a los combatientes los recursos que necesitan, cuando los necesitan.
Asimismo, apoya la solicitud presupuestaria de la administración Trump de un aumento salarial del 3.8 por ciento para todos los militares y mejora la vivienda, la educación y el acceso a cuidos para las familias de nuestros militares.
Entre los proyectos de construcción militar en Puerto Rico se destacan la autorización de 66.519 millones de dólares para el reemplazó de la Escuela de la Unidad Ramey en Punta Borinquen, Aguadilla, en Puerto Rico.
“El Congreso ya había asignado los fondos para este proyecto a través de las medidas de asignaciones de construcción militar y fue firmado por el presidente Trump como parte de la Ley que reabrió el gobierno federal”, expresó Gabriella Boffelli, directora ejecutiva de PRFAA.
Añadió que “seguimos impulsando y dando continuidad a las gestiones de la gobernadora González Colón, quien apoyó este proyecto de construcción militar durante su trayectoria en el Congreso, logrando su autorización original en la NDAA del año fiscal 2018 y una extensión en la NDAA del año fiscal 2024”.
La medida también extiende la autorización para la construcción de los Talleres de Ingeniería y Mantenimiento de en el Centro de Entrenamiento de Maniobras Conjuntas Camp Santiago, en Salinas, hasta el 1 de octubre de 2026 o la promulgación de la NDAA del año fiscal 2027, lo que ocurra más tarde.
Este proyecto de construcción militar se autorizó por 14.5 millones de dólares en la NDAA del año fiscal 2023 y se financió mediante la Ley Consolidada de Asignaciones de 2023, ambos con el apoyo de la gobernadora González Colón.
El NDAA del año fiscal 2026 incluye la Ley de Autorización de la Guardia Costera de 2025, que reautoriza la financiación y los programas de la Guardia Costera de Estados Unidos y sus operaciones para los años fiscales 2026 y 2027.
La legislación incluye texto redactado por la gobernadora González Colón durante su incumbencia en el Congreso, así como disposiciones que impactarán directamente y mejorarán la seguridad fronteriza marítima en Puerto Rico.
Entre ellos se destaca:
• Sección 7119 que exige que el comandante de la Guardia Costera desarrolle, en colaboración con el Secretario de Estado y el Secretario de Guerra, un plan anual para apoyar las operaciones de la Guardia Costera en la región del Caribe, incluyendo una evaluación de las necesidades de personal, infraestructura, administración, logística y tecnología. Esta disposición busca garantizar que la Guardia Costera cuente con las capacidades necesarias para llevar a cabo operaciones de seguridad nacional y seguridad fronteriza marítima en el Caribe.
“La gobernadora González Colón ha priorizado desde hace tiempo los esfuerzos para garantizar que la Guardia Costera y el Sector San Juan tengan acceso a los recursos adecuados para combatir eficazmente la actividad marítima ilícita y las organizaciones criminales transnacionales que operan alrededor de Puerto Rico y el Caribe”, dijo Boffelli.
Agregó que “el requisito de elaborar un plan anual sobre las operaciones de la Guardia Costera en la región debería contribuir a este objetivo y destacar aún más la creciente importancia de Puerto Rico para promover los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”.
• Sección 7202 mejoraría la transparencia al exigir a la Guardia Costera publicar el número de interdicciones de drogas y migrantes que realiza mensualmente. En la Ley de Autorización de la Guardia Costera Don Young de 2022, el Congreso incluyó una disposición que exige la publicación de estadísticas mensuales de interdicción de migrantes. La Sección 7202 se basaría en esta disposición y ampliaría el requisito para incluir también datos sobre incautaciones de drogas. También exigiría información adicional, como el número de migrantes interceptados, la cantidad y el tipo de drogas incautadas, y la ubicación geográfica de dichas interdicciones. La misma se basa en una enmienda redactada y propuesta originalmente por la gobernadora González Colón mientras era congresista en el Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes, que se incorporó a la Ley de Autorización de la Guardia Costera de 2024.
• Sección 7218 autoriza al secretario de Seguridad Nacional a adquirir tecnología de vanguardia, como sistemas tácticos de vigilancia marítima, para su uso por parte de la Guardia Costera y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos en las áreas de operación del Sector San Diego en California, el Sector Cayo Hueso en Florida y el Sector San Juan en Puerto Rico.
Esta disposición se incluyó originalmente en la versión del Senado de la Ley de Autorización de la Guardia Costera de 2025, aprobada en marzo de 2025. En un comunicado luego a la aprobación del proyecto de ley, la gobernadora González Colón celebró la inclusión de esta disposición, argumentando que “garantizaría que nuestros hombres y mujeres en la Guardia Costera y CBP tengan acceso a herramientas vitales para detectar e interceptar a narcotraficantes y contrabandistas de personas antes de que lleguen a nuestras costas”.INS
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