Inter News Service Agencia de Noticias
Imagen de archivo de la sede principal de Senasa en Santo Domingo. Inter News Service
Santo Domingo, 7 dic (INS). -La Procuraduría General de la República (PGR) identificó a ocho de los detenidos por el caso el Seguro Nacional de Salud (SENASA), en el marco de la Operación Cobra, que investiga un nuevo presunto esquema de corrupción y desvío de fondos públicos dentro de la administradora de riesgos de salud.
SENASA es la administradora de riesgos de salud en República Dominicana, una entidad autónoma que gestiona la cobertura para el régimen subsidiado y contributivo, asegurando servicios médicos a través de una vasta red de prestadores públicos y privados, incluyendo planes voluntarios como el Plan Larimar para dominicanos en el extranjero o trabajadores independientes, garantizando el acceso a la salud a millones de personas.
La Operación Cobra es dirigida por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Pepca (Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa), junto a un equipo especializado en criminalidad organizada. Es organismo es una dependencia de la Procuraduría General de la República, encargado de investigar y procesar penalmente a servidores públicos y particulares involucrados en delitos de corrupción administrativa, como sobornos y malversación de fondos, siendo un órgano clave en la lucha contra la corrupción en el país.
Entre los arrestados figura el ex director del SENASA, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, señalado por el órgano acusador como quien instaló un sistema fraudulento junto a funcionarios de la institución y prestadores de servicios de salud.
Según informó la Procuraduría, las otras personas arrestadas son: Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, el médico Francisco Iván Minaya Pérez, ex gerente de Servicios de Salud la entidad estatal; Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Hazim se presentó la tarde del sábado en la sede de la Procuraduría General de la República para ser interrogado y, cerca de la medianoche, quedó detenido y enviado a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional.
De las dos mujeres detenidas, una figura como estudiante de medicina y como empresaria forma parte del sector de suplidores vinculados a entidad. Permanece bajo arresto mientras la Procuraduría avanza en la fase inicial del caso.
El Ministerio Público informó que ha podido recabar evidencias, de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos, maniobras fraudulentas, en definitiva, un esquema de corrupción sistemático instalado por el director ejecutivo del órgano de salud, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
Señaló que varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación para su posterior sometimiento. A los imputados se les atribuyen los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos. Según el informe oficial, se trataba de un esquema sistemático de corrupción que afectó el patrimonio estatal.
Con la Operación Cobra se inicia un proceso de judicialización que busca sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos sustraído al patrimonio público a través del Seguro Nacional de Salud.
Un total de 25 fiscales, auxiliados por más de 200 agentes de la Policía Nacional, practicaron 12 allanamientos como parte de la jornada de investigación.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, adelantó que el Ministerio Público realiza grandes esfuerzos para que los que han atentado contra la salud de la población, afectando especialmente a los más necesitados, paguen por sus hechos y retornen al Estado dominicano cada peso sustraído del patrimonio público.
Recordó que la administradora de riesgos de salud pertenece a todos, por lo que se trata de una afectación a un bien colectivo que impacta el derecho constitucional a la salud.
“El Ministerio Público reitera su compromiso inquebrantable de luchar contra la corrupción. Aquellos que han atentado contra la salud de la población, afectando especialmente a los más necesitados, tendrán que responder por sus hechos criminales”, dijo Reynoso.
Añadió que “la Operación Cobra llegará hasta el final de este caso. Estamos realizando grandes esfuerzos para que, además de las sanciones penales, los responsables de defraudar a todos los ciudadanos también retornen al Estado dominicano cada peso sustraído del Patrimonio Público”. INS
mv
Attachments
CORRUPCIÓN RD-01-INS
Imagen de archivo de la sede principal de Senasa en Santo Domingo. Inter News Service