
La legisladora del Movimiento Victoria Ciudadana advirtió que la llamada reestructuración del sistema Metro Pavía tiene efectos perjudiciales. Inter News Service/Griselle Rosario
San Juan, 29 dic (INS).- La representante por acumulación Mariana Nogales Molinelli denunció hoy un esquema de inversionismo político y puertas giratorias que ha permitido que la empresa Metro Pavía arriesgue la salud del pueblo puertorriqueño para maximizar sus ganancias con la complicidad de las agencias fiscalizadoras.
Sus expresiones surgen a un mes de que se haga efectivo el despido de otros 70 empleados del hospital Pavía en Hato Rey, para un total estimado de 553 en año y medio, sin que el Departamento de Salud cuestione la capacidad del conglomerado para continuar ofreciendo servicios de forma segura.
La legisladora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) advirtió que la llamada reestructuración del sistema Metro Pavía tiene efectos perjudiciales tanto sobre el bienestar de los pacientes que acuden a sus instituciones como sobre las condiciones de trabajo de profesionales de la enfermería.
“Por un lado, al haber menos personal para atender a los pacientes, aumenta la carga que tienen los enfermeros y enfermeras, se les extienden los turnos, el tiempo de espera para recibir atención se hace más largo y se obliga a que las interacciones sean más rápidas y superficiales”, expuso.
Para Nogales Molinelli, “todos estos son factores que multiplican el riesgo de cometer errores o de que una persona no reciba a tiempo la asistencia que necesita. Por otro lado, se siguen degradando las condiciones de vida para los profesionales de la salud, algunos de los cuales han sufrido múltiples cesantías en los pasados años”.
“Los que se quedan se enfrentan a esas circunstancias en las que están arriesgando su propio bienestar y su carrera profesional, y muchos otros tienen que irse de Puerto Rico a buscar mejores condiciones en otros lugares”, explicó la legisladora.
Afirmó que es preocupante que el Departamento de Salud guarde silencio ante esta situación y que no esté evaluando si las instituciones en las que han ocurrido los despidos aun cumplen con los estándares establecidos para estos servicios.
“Parecería que Metro Pavía es intocable. Ni los ejecutivos de la empresa ni el Departamento de Salud le responden a la prensa cuando han solicitado expresiones sobre cada ronda de despidos. Yo solicité a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes que celebrara vistas públicas a las que citara a los ejecutivos y, después de tener fecha para al menos una vista ejecutiva, o sea privada, la cancelaron. Metro Pavía Health Systems y Metro Healthcare Management Systems administran al menos 15 hospitales y 12 clínicas a través de Puerto Rico”, apuntó Nogales Molinelli.
Indicó que “a esto se suma que la misma familia dueña de Metro Pavía, los Artau, también están detrás de la aseguradora First Medical y la compañía de servicios de salud mental APS Healthcare, que gozan de contratos multimillonarios a través del Plan Vital, a pesar de que se han levantado serios señalamientos sobre la calidad de sus servicios”.
“Es inadmisible que estas empresas hagan lo que les da la gana y encima reciban trato preferencial con la excusa de que son compañías privadas porque, aún si son privadas, tienen que cumplir con unos estándares para proteger la salud del público”, subrayó la legisladora del MVC.
La representante señaló al inversionismo político y las puertas giratorias como las razones para que no se fiscalice a una empresa con tal impacto en la salud pública. “Como tantas cosas en Puerto Rico, hay que seguir el dinero para entender qué es lo que pasa. Cuando vamos al registro de donativos políticos, encontramos que, desde 2013, los miembros de la familia Artau, han donado casi $200,000 a políticos clave tanto penepés como populares, pero especialmente a los primeros e incluyendo a la próxima gobernadora Jenniffer González, al senador y próximo presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y al saliente presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández”.
Apuntó que también hay que resaltar los casos de puertas giratorias, funcionarios que se mueven entre las agencias y las empresas que estaban llamados a fiscalizar en su función pública. Tenemos como ejemplo el exsecretario de Hacienda Francisco Parés, quien salió de la agencia para convertirse en el principal oficial financiero de Metro Pavía.
“Esto bajo señalamientos de que no gestionó el cobro de $36 millones al Grupo HIMA San Pablo, cuyo hospital en Caguas fue adquirido por Metro Pavía, adeudaba a su agencia. También tienes a un Domingo Nevárez que, según los récords que pudimos encontrar, se desempeñaba como Director de Operaciones de Metro Pavía a la vez que era miembro de la Junta de Directores de ASES, de la cual previamente había sido director ejecutivo. O a Madeline Figueroa, que fue Directora de Recursos Humanos de APS Health y Directora de Operaciones de Molina Health Care para luego convertirse en principal oficial de cumplimiento de ASES, fiscalizando muy pobremente a las mismas compañías para las que trabajaba antes”, precisó Nogales Molinelli.
Para facilitar la comprensión de esta maraña de conflictos de interés que describió como un “pulpo”, la legisladora Nogales Molinelli anunció la creación de una herramienta en la que se pueden visualizar los datos relacionados a las empresas de la familia Artau y sus vínculos con políticos y agencias públicas.
“Uno de nuestros asistentes de investigación, Andrés Ramos, creó una herramienta que ha llamado Pulpo para mostrar los diferentes puntos en los que se mezclan el sector privado y el público a través de donativos políticos, contratos y puertas giratorias. Les invitamos a visitar la página (https://pulpo.netlify.app/), que es una en constante construcción, y explorar la gráfica que ahí se presenta para ir develando estos conflictos de interés. De hecho, quiero exhortar a la prensa a que no se quede de brazos cruzados ante el silencio de los ejecutivos y de las agencias, y que continúe investigando las condiciones en los hospitales y clínicas, así como la compra de influencias por parte de la familia Artau y otros sectores con poder económico y político”, concluyó.INS
ndc