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En el Congreso Nacional hay muchos proyectos de ley pendientes por conocer. Inter News Service
Por Manuel Vólquez
Santo Domingo, 24 dic (INS).- La prensa local hace referencia a los retos que tendrán los legisladores durante el año 2025, una intensa jornada en la que deberán conocer, para los fines de aprobación o rechazo, los diferentes proyectos depositados por el Poder Ejecutivo y algunos surgidos de la iniciativa de los senadores y diputados.
Entre esos proyectos están: Crear y adecuar las reservas de ley o leyes complementarias de la Constitución; elegir la nueva Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD); y cumplir con las recientes sentencias del Tribunal Constitucional (TC).
Deberán conocer las propuestas de ley anunciadas por el presidente de la República, Luis Abinader, que buscan fusionar ministerios y entidades del Estado como parte de las reformas para reducir gastos y tener mejor manejo del erario.
El órgano bicameral cerrará este año 2024 con varios temas pendientes y exhibe entre sus logros la reforma constitucional impulsada por el presidente Luis Abinader, señala el periódico elCaribe en un análisis firmado por el redactor Abed-nego Paulino.
Otros medios de comunicación han hecho similares señalamientos en editoriales y comentarios de analistas en temas políticos y económicos.
Sería a principios de enero, luego de las festividades navideñas, que los congresistas reanudarán los trabajos. El Congreso Nacional, retomarán las labores desde el 27 de febrero hasta el 26 de julio, y a partir del 16 de agosto, con una serie de asuntos que cumplir.
La mayoría de la matrícula parlamentaria del Congreso Nacional está en poder del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).
ASUNTOS PENDIENTES
Hay pendientes alrededor de 80 piezas legislativas: unas 70 de la Constitución del 2010 y ocho de la proclamada recientemente, según indicó el diputado Tobías Crespo, de la opositora organización Fuerza del Pueblo (FP).
De la Ley Suprema impulsada por el presidente Abinader, los congresistas deberán conocer la propuesta legislativa que modifica el Consejo Nacional de la Magistratura para abordar dos artículos de esa ley, a los fines de adecuarla para la regulación de la escogencia del procurador general de la República y los procuradores adjuntos.
La pieza sometida por los senadores Ricardo de los Santos (PRM-Sánchez Ramírez) y Omar Fernández (FP-Distrito Nacional) ya fue aprobada en la Cámara Alta y está pendiente de ser refrendada en segunda lectura por los diputados.
Otra legislación que es complemento de la nueva Constitución, es el proyecto que modifica los artículos 36, 64 y 81; y se adicionan los artículos 66.1 y 66.2 a la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los municipios, relativos a la sucesión de alcaldes, vicealcaldes, regidores y directores municipales.
En el órgano legislativo hay varias piezas con la misma finalidad. La que más ha avanzado fue sometida y aprobada en el Senado y la proponente es la senadora de la provincia Hermanas Mirabal (antigua Salcedo), Mercedes Ortiz.
Entre las legislaciones que necesitan actualización de la Carga Magna de 2010 se destacan: la reforma al Código Penal; el Código Civil; Código de Procedimiento Civil; Código Procesal Penal, Código de Comercio de la República Dominicana; Código de Trabajo; las leyes 340-06, de Seguridad Social, de Agua, y otras.
Del listado, la que más atención tendrá a inicios del año será la modificación de la Ley 16-92 o Código de Trabajo (reforma laboral). El Senado está apoderado de un proyecto de ley depositado por el Poder Ejecutivo, el cual ha generado controversias por el tema de la cesantía.
La comisión a cargo de la revisión laboral ya se reunió, por separado, con los partidos políticos y otros actores, y anunció otros encuentros. Mientras los sindicalistas piden a los legisladores no tocar la cesantía, los empresarios quieren que se trate y modifique.
Por otro lado, está pendiente de conocer el proyecto que reforma la Ley de Contrataciones Públicas (Ley 340-06). La iniciativa perime el próximo 12 de enero.
Esa propuesta, de la autoría de la exsenadora Faride Raful, fue aprobada en el Senado, pero le hicieron algunas modificaciones, por lo que sí es sancionada por los diputados, volverá a la Cámara Alta.
Además, existen leyes que aún no han sido creadas, como la de derechos de participación ciudadana y mecanismos de control social (referendo y plebiscitos); el servicio civil o militar obligatorio; la de acceso a la propiedad inmobiliaria titulada; la de anti discriminación y promoción de igualdad entre las personas; y la de garantías para denunciantes de faltas cometidas por funcionarios públicos.
También, la ley de unión marital de hecho; de fiscalización y control del Congreso Nacional; cambio climático; y que regula el ejercicio de derechos económicos y sociales de la población de menores ingresos.
“De igual manera, está en carpeta la ley que regula la concesión de honores a ciudadanos y ciudadanas; la que regula la concesión de amnistía a ciudadanos y ciudadanas por políticas; sobre la racionalidad de gasto público; sobre armas químicas, biológicas, nucleares y agroquímicos vedados; y para creación de monopolio en favor del Estado”, señala rotativo elCaribe.
Asimismo, agrega el impreso, está la legislación que regula las peticiones ciudadanas a los poderes públicos; la de aprovechamiento de recursos naturales e inversión preferente de recursos procedentes de su explotación; la de gestión y el acceso de los particulares a los ríos, lagos, lagunas, playas y costas de la República Dominicana; y la creación de monopolio en favor del Estado.
Para el próximo año el Congreso Nacional seleccionará a los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) para el periodo 2025-2029, ya que el actual Pleno culmina su cuatrienio en abril próximo y deja tras su paso una estela de críticas y crisis institucional.
SENTENCIAS INCÓMODAS
Los parlamentarios deberán agendar para el próximo año algunas sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional que se consideran perjudiciales para las legislaciones.
Tal es el caso de la Ley 10-15, que introduce modificaciones a la Ley No. 76-02, del 19 de julio de 2002, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana.
Por otra parte, deberán tratar las modificaciones que hizo el Tribunal Constitucional a los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral, tema que está en la palestra y que mayoría de los que se han pronunciado, cuestionan al tribunal.
Otra decisión de la alta corte que el Congreso tiene pendiente revisar es la derogación de la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por el órgano bicameral no cumplir con los requisitos establecidos para las leyes orgánicas. INS
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