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Personas haciendo fila para vender sus datos biométricos a cambio de criptomonedas. Inter News Service
Santo Domingo, 19 nov (INS).- La Junta Central Electoral (JCE) informó este martes que dispuso la eliminación de los datos biométricos que hayan sido recopilados en la República Dominicana por la empresa WorldCoin Foundation, que ofrecía criptomonedas a las personas cambio de esta información.
La decisión está contenida en un comunicado en el que afirma que esta orden está sustentada por el artículo 216 de la Ley No. 4-23, Orgánica de los Actos del Estado Civil.
Pidió la canalización de las acciones judiciales que fueren procedentes contra los presuntos responsables de actos violatorios de la ley, con relación a la captura y recopilación de datos biométricos de las personas mediante el escaneo del iris de los ojos o cualquier otra modalidad que se haya utilizado.
Ordenó que la Consultoría Jurídica de la institución procure la nulidad absoluta de esos procedimientos por ante los tribunales competentes, así como también, que canalice las medidas judiciales que fueren procedentes contra los presuntos responsables de actos violatorios de la ley, con ocasión de la captura y recopilación de datos de las personas mediante el escaneo del iris de los ojos o cualquier otra modalidad que se haya utilizado.
Asimismo, y conforme lo dispuesto por el artículo 216 de la Ley No. 4-23, Orgánica de los Actos del Estado Civil, dispuso que se disponga la eliminación de los datos que hayan sido recopilados.
La JCE aclaró que el artículo 59 de la Ley No. 4-23 le otorga exclusivamente a ese organismo el poder de recaudación, almacenamiento, tratamiento y procesamiento de los datos biométricos de las personas.
Exhortó a la población no ceder sus informaciones personales a terceros o entidades privadas, a través de procedimientos biométricos que no cumplan con lo dispuesto por la ley, debido a los riesgos que suponen dichas acciones para su identidad.
La disposición del tribunal de elecciones surge a raíz de publicaciones reseñadas en distintos medios de comunicación del país y que dan cuenta de las operaciones realizadas por entidades privadas en distintas plazas y negocios del país a través del proyecto denominado WorldCoin Foundation.
La decisión tiende a respaldar la medida adoptada por el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor) que el 16 de noviembre dispuso la suspensión inmediata de dichas operaciones.
La entidad gubernamental adoptó la iniciativa por las “cláusulas abusivas” que establecen en los contratos de adhesión a los ciudadanos que se han acercado a esa compañía con la finalidad de ofrecer detalles personales a cambio de criptomonedas.
La empresa tiene dos centros ubicados en Santo Domingo, con un registro de 7,478 usuarios que ya aprobaron la captura de sus ojos. Se trata de un negocio en el que a las personas les ofrecen 56 criptomonedas equivalentes a RD$6,000 (unos 100 dólares estadounidenses).
El dinero es entregado a cambio de la simple captura del iris, lo que pondría en entredicho los considerandos de la Ley 172-13 sobre la Protección de Datos, donde se consagra “que toda persona tiene el derecho a acceder a la información y a los datos que sobre ella o sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, así como conocer el destino y el uso que se haga de los mismos”.
No obstante, el uso de una información de carácter sensible no luce segura en manos de una organización que, en una declaración de fecha 3 de mayo del 2024, establecía que, de producirse algún incidente no autorizado, “podría interrumpirse o terminarse la capacidad del Proyecto”.
En los glosarios de información del sitio, establecen que el ID permite “verificar de manera anónima y segura que eres un humano real y único para una fácil verificación en línea”, en tanto que los coins están diseñados como “criptomoneda operativa”.
En un despliegue de prensa, Pro Consumidor indicó que la suspensión de las actividades comerciales de esa empresa se mantendrá hasta tanto se procesen los levantamientos de operaciones e investigaciones que se le realiza a la misma a través de la documentación depositada en la institución, con el fin de verificar la integridad de sus objetivos comerciales.
El director ejecutivo de la entidad, Eddy Alcántara, en coordinación con el Departamento Jurídico, realizaron un análisis mediante el cual se verificó que los contratos de la empresa no se apegan a los preceptos legales establecidos en la ley 358-05 y las Resoluciones número 01-2009 y 008-2002, que regulan el proceso de análisis y registro de los contratos de adhesión en la República Dominicana, y que de igual forma transgreden la ley 172-13 sobre la protección de datos personales. INS
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