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El juez Amauri Martínez, dirigiendo una audiencia preliminar del caso Medusa en el pasado mes de junio. Inter News Service
Santo Domingo, 16 sep (INS). -El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana presentó este lunes el segundo informe sobre el observatorio de expedientes relacionados con el caso de corrupción administrativa denominado caso Medusa, donde el principal implicado es el exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez.
La organización describe las estrategias en que incurren los abogados defensores de los imputados en esos hechos para retrasar las audiencias, una vieja artimaña que busca que los plazos de las acusaciones expiren y así obligar a los jueces a declarar el archivo de los expedientes.
Precisa que el conocimiento de la vista preliminar en el caso tuvo que ser aplazada 94 veces, antes de que el juez Amauri Martínez tomara la decisión de enviar el caso a juicio de fondo.
Expresa que el motivo principal se debió a que se buscaba leer el expediente completo, que consta de 12,274 páginas, proceso que asegura la institución duró casi seis meses y provocó 45 aplazamientos.
“El Código Procesal Penal (CPP) solo manda a que en audiencia preliminar se lean las partes relativas a los hechos y su calificación jurídica, que solo tenía 1,300 páginas, que pudieron haberse leído en un mes”, expresa el reporte.
Señala Participación Ciudadana que la audiencia preliminar “está diseñada para determinar la seriedad o no de la acusación y si esta merece o no ir a juicio de fondo”.
Citó el artículo 300 del Código Procesal Penal Dominicano que expresa lo siguiente: “El juez vela especialmente para que en la audiencia preliminar no se pretenda resolver cuestiones que son propias del proceso de fondo. En cuanto sean aplicables, rigen las reglas del juicio, adaptadas a la sencillez de la audiencia preliminar”.
El informe establece, además, que la objeción a los árbitros judiciales que conocen el expediente se mantiene como una técnica utilizada para atrasar procesos, “llegándose en este caso no solo a recusar al juez, sino además a todos los jueces de la corte que debían decidir la recusación”.
Indica que la primera audiencia preliminar del señalado proceso se celebró el 12 de agosto de 2022 y fue aplazada al 19 de diciembre de 2022, con el propósito de que los imputados tuvieran acceso a la acusación, pero en esta última fecha se volvió a posponer para el 24 de febrero de 2023.
Observa el movimiento cívico que, aunque el Código Procesal Penal solo ordena la lectura de la parte relativa a los hechos y la calificación jurídica, el juez decidió darle una ojeada completa a la acusación, proceso que se extendió desde el 9 de junio al 1 de diciembre de 2023, lo que provocó 45 aplazamientos.
“En ese lapso de casi 6 meses de lectura de la acusación, hubo numerosos incidentes y aplazamientos, como en la audiencia del 20 de junio en la que la imputada Altagracia Guillén presentó excusa médica. Lo mismo hizo la imputada Cristina Jackson en la audiencia del 14 de julio, quien tuvo que ser separada del juicio”, apunta el reporte.
Manifiesta que en fecha 15 de diciembre de 2023, el juez Martínez fue recusado por Félix Antonio Labrada, volviendo a conocerse el juicio el 19 de enero, siguiéndole a esto una serie de aplazamientos por diversos motivos, resaltando entre estos, excusas médicas y asistencia de imputados sin sus abogados.
Para el 31 de mayo de este año, le correspondía al exprocurador Jean Alain Rodríguez iniciar su defensa; sin embargo, la vista se aplazó debido a que éste solicitó instalar equipos audiovisuales que utilizaría, lo que se extendió hasta el 4 de junio, día en que se presentaron las conclusiones.
El 28 de junio, el magistrado Martínez leyó su decisión y fijó la lectura completa para el 5 de agosto, fecha en que concluyó la fase intermedia y será el 23 de este mes, cuando el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional presidido por la magistrada Keila Pérez Santana e integrado por los magistrados Elías Santini y Arisleida Méndez dará inicio al juicio de fondo.
Sobre esto, Participación Ciudadana expresó sentirse expectante de que el tribunal vele por la eficiencia y honre la responsabilidad de la Constitución dominicana y las leyes, dictando una sentencia conforme a las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
La acusación formal por el entramado de corrupción perseguido en la Operación Medusa involucra a 63 personas y 22 empresas. Por el hecho, Jean Alain Rodríguez que guarda prisión preventiva domiciliaria desde hace un año.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) asegura que la voluminosa acusación “no tiene precedente en la República Dominicana y posiblemente en toda la región”, porque, además de la gran cantidad de imputados y empresas sometidas, también tiene 12,274 páginas, y dentro de esas, más de 3,500 pruebas y 400 testigos.
Del grupo, 15 personas se han declarado culpables o han admitido su responsabilidad ante las acusaciones que les señala el Ministerio Público, según una publicación del 29 de marzo de 2024.
Estos acusados, han llegado a acuerdos con el Ministerio Público por lo que el órgano acusador ha solicitado una condena por juicio penal abreviado, que el juez Amauri Martínez prorrogó para fallar junto con el fondo del proceso preliminar.
Dice la Pepca que en el en octubre de 2020, a través de Jurinvest Abogados SRL, Rodríguez adquirió un apartamento en la Torre Solazar, ubicada en la avenida Gustavo Mejía Ricart 54 del Distrito Nacional, con un área de 652 metros cuadrados y varios parqueos, la cual costó US$800,000.
Asegura que, con el dinero ilícito, obtuvo una villa turística en Bahía Chavón con una extensión de 2,192.45 metros cuadrados y un solar de 3,366 metros cuadrados en el exclusivo proyecto Vista Lagos.
Establecen los documentos que, luego de tener el lujoso inmueble, el exfuncionario le pagó a un ingeniero más de 12 millones de pesos (199.667 dólares) para su remodelación y después invirtió más dinero para adornarla con los equipos tecnológicos y electrodomésticos de alto valor. INS
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