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Abogado Servio Tulio Castaños Guzmán. Inter News Service
Santo Domingo, 8 ago (INS). -El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), abogado Servio Tulio Castaños Guzmán, insistió sobre la necesidad de avanzar en reformas institucionales cruciales para fortalecer el Estado de derecho y mejorar la gobernanza en la República Dominicana.
Explicó que, a pesar de los avances logrados en la última década, el país enfrenta desafíos significativos que requieren una actualización de los marcos regulatorios para responder a las nuevas realidades globales.
Las consideraciones emergen justo cuando el presidente de la República, Luis Abinader, anunció la intención de presentar ante el Congreso Nacional varias propuestas de enmiendas a la Constitución dominicana y en otras áreas institucionales. Las revisiones serán informadas el próximo 16 de agosto, cuando el estadista sea juramentado para un segundo mandato para el período 2024-2026.
Consideró la urgencia de reformar la Ley de Compras y Contrataciones Públicas (Ley No. 340-06) para mejorar la transparencia a los fines de evitar áreas ambiguas que puedan afectar la inversión y la seguridad jurídica.
También enfatizó la importancia de regular la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, fortalecer la Ley de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, y actualizar la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Interno para promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas.
Además, sugirió enmiendas en el sistema judicial y la seguridad ciudadana, incluyendo la creación de la Ley de Participación de la Ciudadanía y Mecanismo de Control Social, así como la reforma de la Policía Nacional.
De igual manera, Castaños Guzmán destacó la importancia de actualizar el Código Penal, el Código Civil, y las leyes relacionadas con la protección de los derechos de los niños y la violencia intrafamiliar.
Considera que las reformas institucionales representan la espina dorsal del desarrollo y la estabilidad de los Estados, pues contribuyen a la eficiencia de los procesos de esas entidades y concentran aspectos clave en la gestión de los recursos y la prestación de sus servicios a la sociedad.
Afirmó que actualmente existe un alto interés, a nivel mundial, en la evaluación de la calidad de los regímenes políticos a partir del funcionamiento de sus instituciones, lo que se realiza con mayor rigor en los sistemas democráticos.
“República Dominicana ha registrado notables avances en el ámbito de las instituciones públicas, si las comparamos con las existentes en décadas pasadas, que han permitido al Estado dominicano enfrentar los retos del cambiante escenario internacional y aprovechar las oportunidades que se presentan”, dijo el jurista.
Ejemplos de esos avances se perciben al hacer un balance del período legislativo 2020-2024, ya que fueron conocidas importantes piezas, como la Ley 340-22 de Extinción de Dominio; Ley 60-23 sobre la administración de bienes secuestrados, incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio; Ley No. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral; la Ley No. 368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, entre otras.
Sin embargo, agregó, el país necesita que se actualicen los marcos regulatorios relacionados directamente con la organización y funcionamiento del Estado, propiciando el aumento de la transparencia y la rendición de cuentas, mediante la definición y adopción de mecanismos que garanticen la participación social en esos temas.
“Vivimos en el marco de un mundo globalizado con exigencias y desafíos económicos, sociales y tecnológicos que han desbordado los ejes concebidos hace una década. Precisamos adoptar nuevos marcos institucionales sólidos, que permitan responder a las nuevas modalidades del presente y ajustando los cambios que demanda la sociedad”, expresó.
Castaños Guzmán manifestó que la actividad legislativa se presenta en el plano de lo positivo, pues en su seno recae una interpretación jurídica que crea derecho. “Si bien también es una interpretación política, lo anterior supone fundamentalmente la facultad de ser creador de normas. Dicha actividad debe arrojar un producto constitucionalmente válido, de lo contrario sería un ejercicio político indebidamente ejercido”, aclaró.
Para el destacado profesional, la nación ha mostrado un avance significativo en las últimas décadas. Vemos cómo se facilita un entorno de negocios dinámico y favorable, fomentando la innovación y atrayendo inversionistas de todas partes del mundo.
Añadió que “es con carácter imperativo que surge la necesidad de profundizar la labor legislativa, para adoptar las reformas más significativas que sirvan para adecuar nuestras respuestas al dinamismo con el que avanza la sociedad actual. INS
mv
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